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Conflicto en SEDH, lleva a Libre a resquebrajar su bandera de los derechos humanos

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Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Caracterizado por aglutinar sectores comprometidos con la causa y defensa de los derechos humanos, el partido Libertad y Refundación (Libre), que abanderó la lucha por los derechos humanos como un eje de política interna y de campaña electoral, hoy es víctima de sus propias contradicciones, y al llegar al medio término de su gobierno, enfrenta la más grande crisis institucional en uno de los ministerios que engloba uno de los simbolismos de su lucha popular: la Secretaría de los Derechos Humanos en Honduras (SEDH).

Un paro por denuncias de maltrato, abuso de poder y autoridad, tiene a esa dependencia semiparalizada con acusaciones interpuestas por los propios empleados —muchos de ellos activistas de Libre que anduvieron en las calles— ante instancias como el Ministerio Público (en poder de Libre) y el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por lo que estiman atropellos, intimidaciones y amenazas por parte de la titular de la SEDH, Natalie Roque.

La ministra de DDHH, Natalie Roque.

Roque, que se autodenomina una “hija del golpe” de estado de 2009 y de familia víctima y luchadora por los derechos humanos, es hoy el “símbolo de la represión” hacia sus propios empleados, a quienes aseguran, humilla, hostiga, intimida y atropella. La crisis a lo interno de esa secretaría estalla mediáticamente hace casi tres semanas, pero su origen es de larga data, casi desde que empezó la gestión de Roque, quien posee un destacado currículo profesional, pero poco hábil en el manejo de la crisis en esa Secretaría y en otros temas de derechos humanos relacionados con el Gobierno y el Estado.

La llegada de Natalie Roque a esa secretaría se produce luego de que ella renunciara a acompañar a la presidenta Xiomara Castro en su fórmula presidencial como designada, al ceder ese espacio a Salvador Nasralla, como parte de la alianza política que llevó a Libre al poder. Igual hizo el actual ministro del ambiente, Lucky Medina, otro que acompañaba en la fórmula inicial a Castro, pero dio su puesto para que asumiera Doris Gutiérrez, del Pinu/SD.

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Esa declinación de Roque le generó enormes réditos al ser considerada dentro del cuadro de los inamovibles por la pareja y familia presidencial que valoran su lealtad. Y ese aprecio del que goza, es el que le ha permitido actuar de manera incorrecta con sus empleados y sectores de sociedad civil humanitarios críticos del oficialismo, según las denuncias hechas.

Las primeras denuncias que generaron preocupación sobre el rumbo de la Secretaría de Derechos se relacionaron con el Mecanismo de Protección, el cual, a lo largo de dos años, no solo logró ser invisibilizado, sino que también desmantelado al despedir—por fines políticos-partidarios—al personal que dio forma a esa instancia, luego de ser altamente capacitado por organismos internacionales humanitarios en el manejo de casos de personas bajo riesgo a sus vidas. Los cambios que se preveía serían graduales, no ocurrió así; fueron señalados por la titular Roque de haber estado al servicio de la “narco dictadura” del expresidente Juan Orlando Hernández. En la antesala del Poder Judicial se encuentran algunos casos por despidos injustificados.

El mecanismo de protección de defensores de DDHH fue desbaratado por la SEDH.

El desmantelamiento del Mecanismo

La desestructuración del Mecanismo de Protección, creado al amparo de la Ley de Protección, ha sido sistemática y silenciosa a tal grado que ha llamado el interés de las distintas relatorías de libertad de expresión y de derechos humanos que han llegado al país en visitas oficiales, al destacar en sus informes la situación del Mecanismo, demandar mayor apoyo técnico y presupuestario, además de garantías para la protección de las personas acogidas a ese mecanismo por considerar que se encuentran en indefensión y bajo riesgo.

Los informes de esas misiones, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado su preocupación no solo por la situación del Mecanismo de Protección, también por los derechos humanos y la libertad de expresión, en general. Esos reportes han sido señales de alerta sobre un problema que ha golpeado al país y cuya tendencia podría agudizarse, advierten, algo que el gobierno rechaza al señalar que son “reportes sesgados” e inexactos.

La representatividad en el Mecanismo de Protección también ha sido objeto de cuestionamientos por no seguir ni respetar los canales adecuados, denuncia con insistencia una de las defensoras humanitarias de más larga data en el país, la periodista Dina Meza, cuya organización, Asopodehu, es objeto hoy de la mira gubernamental al amenazar con suspenderle su personería jurídica, ha denunciado Meza.

En diciembre del 2023, un comunicador social, Francisco Javier Ramírez, quien gozaba de medidas del Mecanismo de Protección, fue asesinado en la ciudad de Danlí, al oriente del país, mientras uno de sus escoltas resultó herido. Las autoridades, un mes después del crimen, capturaron a uno de los presuntos autores, pero se desconocen los móviles. La Secretaría de Derechos Humanos se ha dedicado a escribir en sus redes sociales que demandan una investigación exhaustiva.

En enero de 2024, otro comunicador social ha sido asesinado en la comunidad de Atima, en Santa Bárbara, se trata de Luis Teruel, quien era un defensor de ambiental, y se asegura gozaba de medidas del Mecanismo de Protección, último que aún no termina de ser confirmado por las autoridades que afirman han iniciado un proceso de investigación.

Pero no solo la muerte de estos dos comunicadores sociales ha tenido bajo la lupa la situación de los derechos humanos, los defensores de las tierras y territorios, así como líderes ambientalistas están bajo fuego, y las respuestas desde la SEDH han sido burocráticas y distantes.

Empleados de la SEDH mantienen tomadas las instalaciones de esa oficina del gobierno.

“Oposición rosa” frente a los atropellos

La SEDH y su titular, hasta ahora han sido acompañadas por instituciones humanitarias de larga data, que han optado por mantener una “oposición rosa” ante los desaciertos en las políticas, mientras empujan otras iniciativas importantes que no generan controversia con el gobierno como la aprobación de un decreto sobre la memoria histórica de las víctimas de violación de los derechos humanos, o la reactivación de mesas sectoriales para un abordaje integral sobre la epidemia en la muerte de mujeres que cerró el 2023 con más de 300 crímenes, y lleva ya más de una docena entrando el 2024.

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Esta “oposición rosa” de los otrora grupos humanitarios, contrasta con la de organizaciones internacionales que han acompañado la lucha de los derechos humanos en Honduras, como Human Rights Watch, que en su informe de enero expresó lo siguiente: “La presidenta Xiomara Castro ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas”. Iguales expresiones hizo otra organización humanitaria internacional que ha acompañado a Honduras en sus causas humanitarias como es Wola, una instancia civil influyente en los cabildeos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho.

Estas críticas no han sido bien recibidas por el gobierno y la misma SEDH, que reaccionan a la defensiva y amparándose en el fantasma de la narcodictadura de hace doce años, como un estancamiento en el tiempo. La crisis en derechos humanos, una de las principales banderas que arropó a Libre, concitaba el interés no solo internacional, sino que también se agudizaba a lo interno y cuando se esperaba que el gobierno de Xiomara Castro iba a hacer movimientos claves y estratégicos en su gabinete de gobierno, lo que ocurrió fue un reacomodo sin mayores sorpresas.

En la Secretaría de Derechos Humanos, la crisis interna se agudiza. Personal que había sido leal a la ministra Roque, empieza a desmarcarse y trasciende la renuncia de sus dos viceministros, Mirta Gutiérrez y Guido Eguiguren, misma que tras más de ocho horas de haber circulado en las redes sociales y algunos chats del oficialismo, son desvirtuadas por sus mismos protagonistas, en tanto la ministra de derechos humanos, Natalie Roque, se limitó a decir que no debían renunciar ante ella, sino ante la presidenta Castro.

En ese ínterin trascienden filtraciones de informes oficiales de la SEDH que revelaban enormes divergencias y contradicciones entre las cabezas de esa dependencia: la ministra y sus dos viceministros, a tal punto, que el viceministro Guido Eguiguren oficializó su renuncia acompañada de un informe-que no hizo público—pero dejaba entrever su malestar por imputaciones que estima no eran correctas. Eguiguren, hasta el día de hoy, no sabe si está despedido o sigue en el aire, porque nadie en el gobierno le ha dado una respuesta aceptando o no la renuncia, como se estila dentro de los protocolos que rigen a un gobierno.

Eguiguren, quien ha ido a solidarizarse con los empleados en protesta, es considerado en sectores de sociedad civil y de cooperación como un destacado técnico en materia humanitaria, y su salida ha sido un golpe para un gobierno que ha pregonado la bandera de los derechos humanos, sostienen los conocedores en temas de derechos humanos.

El viceministro de la SEDH, Guido Eguiguren no sabe si está adentro o fuera de la institución.

En ese informe que la ministra de la SEDH habría enviado al Ministerio de la Presidencia de Casa de Gobierno, se le achacaba a Eguiguren un mal manejo del Mecanismo de Protección y abuso de autoridad, en tanto a Mirta Gutiérrez, incapacidad para elaborar informes a tal grado que tuvieron que contratar una consultoría para que hiciera el informe que Honduras debía presentar ante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza, el cual, igual no fue entregado a tiempo. Gutiérrez también fue acusada de suplantar funciones de la ministra Roque, evidenciando así que se vive en esa secretaría una guerra interna de lucha de control y poder.

Empleados de la SEDH sostienen que existe a lo interno, una corriente de Libre que busca sacar a Natalie Roque, y qué esta, con sus malas actuaciones y si sus errores han dado pie para que esa inconformidad y presión por su salida crezca, pero los allegados a Roque—muchos de ellos que salieron de sociedad civil afín al oficialismo—señalan que ésta sigue firme en su cargo porque goza del beneplácito de la pareja presidencial.

En tanto, las instalaciones de la SEDH siguen tomadas, de un sector del gobierno se llama a un diálogo, pero sin extorsión, aseguran, inclinando así la balanza a favor de Natalie Roque, mientras patrullas policiales merodean las instalaciones tomadas, carros sin placas intimidan a media noche a los huelguistas, y desde la SEDH, se afirma, obligan a los empleados a ampliar sus contratos de trabajo, a cambio de cartas respaldando a la ministra, lo cual ya empezó a suceder como parte de la estrategia para quebrar la protesta y tratar de aparentar que la normalidad vuelve a esa dependencia gubernamental.

De esta forma, la Secretaría de Derechos Humanos, y su bandera de defensa de estos derechos, se ha tornado en un pleito de poder e intrigas palaciegas y políticas, en donde el partido en el poder, Libertad y Refundación, lejos de ser un abanderado de las causas populares tendientes a reivindicar la defensa de los derechos humanos en Honduras, parece avanzar hacia la figura de “un represor” de las luchas que juró garantizar, proteger y defender: los derechos humanos. PD

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