Tegucigalpa. – La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán confirmó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva, decretado el 24 de noviembre de 2017, en contra de un policía activo y un exmiembro del cuerpo policial, quienes en un inicio fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres y trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodearon el hecho.
La resolución del Tribunal fue notificada a la Fiscalía Especial de Impugnaciones misma que es contra el investigador de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz y del expolicía Miguel Arcangel Rosales Izcano, procesados por los delitos inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos.
Los ilícitos penales por los cuales se les acusó a Cruz y a Rosales Izcano, están relacionados con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas.
De acuerdo a la investigación dirigida por Fiscales para el Enjuiciamiento y practicadas por agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, ambos presentaron pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista. Una de ellas era la declaración de un supuesto testigo protegido y otra era una grabación que fue adulterada.
Los registros dan cuenta que luego del crimen de Cáceres el 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo la investigación realizada por la ATIC descartó ese extremo, cuando el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación “Jaguar” en la cual se efectuaron cuatro capturas.
Cabe señalar, que la investigación de ATIC fue sustentada a través de prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional.
Hasta la fecha el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC, reportan la captura de nueve personas implicadas en el crimen de la ambientalista, entre autores intelectuales y materiales, todos con proceso penal vigente por el delito de Asesinato.
Guardan prisión Roberto David Castillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez. Los últimos ochos encausados están próximos a ir a juicio.
En el caso de los expolicías a los que se les declaró “sin lugar” el recurso de apelación de su defensa técnica, éstos fueron capturados el 20 de noviembre de 2017 por agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATIC, y tras la audiencia inicial un juez con jurisdicción nacional los remitió a un centro de detención militar en Támara.
