Tegucigalpa – La Sala IV del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos condenó a la exjueza de Jurisdicción Nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, a una pena de tres años de reclusión por un delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública por el caso conocido como “Shalom”.
De igual manera la condenó a las penas accesorias de inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la pena.
Cabe mencionar que el Ministerio Público acusó también a Núñez Cardona por el delito de prevaricato, sin embargo, al valorar los medios probatorios evacuados durante el debate dicho delito no se acreditó, porque la exjueza al dictar el 5 de agosto de 2014 los sobreseimientos en el caso antes referido que involucraba a familiares del exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla Euceda, fue una resolución motivada y no una sentencia como ya lo establece el artículo 379 numeral 1 del Código Penal, por lo que a criterio del Tribunal con el análisis de la prueba evacuada la togada no cometió el delito de prevaricato, pero si un delito de abuso de autoridad por el cual determinó declararla culpable.
Los antecedentes, según el expediente de mérito la abogada Liz María Núñez Cardona, dictó una resolución para beneficiar a los señores Dennys Donadyn Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales y almacenamiento de armas prohibidas y Carlos Roberto Bonilla, por los delitos de lavado de activos y almacenamiento de arma prohibida y municiones, ambos familiares del exvicepresidente del desaparecido Concejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla Euceda, condenado por la Sala III del Tribunal de Sentencia a una pena de 6 años de reclusión por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública según el Ministerio Público.
Una vez que la Corte de Apelaciones revocó las resoluciones dictadas que beneficiaban a familiares de Bonilla Euceda las causas fueron elevadas a juicio oral y público.
El caso de Carlos Roberto Bonilla fue elevado a juicio oral y público el 16 de septiembre de 2016, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional lo declaró culpable junto al señor Luis Antonio Lara Herrera por el delito de lavado de activos, este último condenado también por otros delitos de usurpación del estado civil en perjuicio de Carlos José Fúnez Cáceres, almacenamiento de armas de uso prohibido y almacenamiento de armas de uso comercial en el mismo caso.
