Miami.– Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte en Florida por el asesinato de una mujer en 1990, apelará su caso en las instancias federales de Justicia, ello luego de que la Corte Suprema estatal rechazara esta semana suspender su ejecución, prevista para el próximo jueves.
«Nos estamos quedando sin tiempo» y trabajamos «bajo bastante presión», reconoció el sábado Baya Harrison III, abogado de Dillbeck, en declaraciones al diario local News-Press, afiliado al medio USA Today.
La Corte Suprema de Florida desestimó el pedido de la defensa para que se suspenda la ejecución. Su abogado alegó que el condenado sufre de un trastorno neuronal resultante de la exposición prenatal al alcohol, conocida por las siglas ND-PAE, lo que habría influido en su conducta.
Pero la negativa de la máxima instancia judicial de Florida implica que se mantiene en pie la inyección letal para Dillbeck, cuya ejecución fue ordenada el pasado mes por el gobernador estatal, Ron DeSantis, y fijada para el jueves próximo.
De concretarse la ejecución, será la primera en el estado de Florida desde agosto de 2019, cuando a Gary Ray Bowles se le aplicó la inyección letal por un asesinato cometido en 1994.
Dillbeck fue sentenciado en 1994 con la pena de muerte por asesinar a puñaladas a Faye Vann en el estacionamiento de un centro comercial de Talahassee, la capital del estado, durante un robo a mano armada ocurrido en 1990.
De acuerdo con documentos de la corte, Dillbeck asestó las mortales puñaladas a Fann, que se encontraba esperando a familiares, luego de que la mujer se resistiera al asalto. Tras ello, el hombre abandonó la escena a bordo del vehículo pero en su huida se estrelló y finalmente fue arrestado por la Policía.
Aquel suceso tuvo lugar poco después de que Dillbeck se fugará de una cárcel en la que cumplía cadena perpetua por asesinar en 1979 al oficial Dwight Lynn Hall, efectivo de la Oficina del Alguacil del Condado de Lee, a quien en un forcejeó le arrebató el arma y le disparó dos veces.
Dillbeck, que en aquel entonces tenía 15 años, confesó el crimen y unos dos meses después se declaró culpable de asesinato en primer grado, tras un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte.
La orden de DeSantis que autoriza la ejecución de Dillbeck ha merecido la respuesta de oponentes a la pena capital, entre ellos la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, cuyo director ejecutivo, Michael Sheedy, le pidió al gobernador en una carta «que elija la vida del señor Dillbeck debido a los daños causados por la implementación de la pena de muerte en Florida».
«Su uso es una violación de la dignidad de la persona y una denuncia del bajo valor que se le da a la misma vida humana en la sociedad», agregó Sheedy en su misiva con fecha del 6 de febrero y en la que sostiene que «la pena de muerte debería ser inadmisible».
Desde 2017 se requiere en Florida la unanimidad del jurado para que un juez imponga la pena de muerte luego de que ese año el entonces gobernador estatal, el ahora senador por Florida Rick Scott, firmara una ley que armoniza la legislación del estado con el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que considera «inconstitucional» condenar a muerte por mayoría simple.
Este requisito ha sido cuestionado por el gobernador DeSantis desde que un jurado no logró un acuerdo unánime para sugerir la pena capital contra Nikolas Cruz, que mató a 17 estudiantes y personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland en febrero de 2018.
Según una web dedicada a la pena de muerte en Florida, desde 1976 se han ejecutado a 101 condenados y hay 323 personas, tres de ellas mujeres, esperando en el «corredor de la muerte» cumplir su sentencia. EFE
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