Concluyen audiencias públicas de aspirantes a Fiscal General

Rapidez en investigación

La primera en comparecer este miércoles fue la abogada Mayra Lizeth Aguilera Torres, quien propuso en su plan liderar una política contra la criminalidad, una acción penal consolidada y eficaz que garantice la rapidez en la investigación tanto los que revisten caracteres de complejidad y multiplicidad de actores o víctimas, asegurar la atención y protección eficaz a testigos y víctimas del delito, promover la profesionalización de los servidores del Ministerio Público, fortalecer la respuesta ante los delitos contra la vida, la criminalidad organizada y la corrupción, adaptar la estructura orgánica del Ministerio Público y su gestión de los retos a la nueva estrategia y optimizar el servicio de atención a la población en beneficio de la administración de la justicia.

Prometió que para liderar la política contra la criminalidad se retomarán los protocolos a seguir en la lucha contra la criminalidad, la política de persecución penal, apoyo a la resolución de dificultades que enfrentan en este tema especialmente la organización de las fiscalías, potencializar los cuerpos de investigación del Estado, implementación de un programa de estudios criminológicos y mejorar el binomio Ministerio Publico-Sociedad.

Asimismo, señaló que para implementar una acción penal consolidado y eficaz que garantice la rapidez en la investigación tanto los que revisten caracteres de complejidad y multiplicidad de actores o víctimas se debe de ampliar la capacidad operativa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Agregó que esa propuesta se logrará implementando un continuo y sistematizado proceso de capacitación y evaluación de desempeño a los agentes.

Depuración de personal e investigación

El aspirante Nery Mauricio Miranda Sanabria basó su plan en nueve incisos en el cual destacó una socialización de la política contra la criminalidad involucrando todos los entes operativos del Estado, implementar una calidad en atención al usuario en las instituciones de investigación del delito, la cual deberá ser rápida y eficaz con personal calificado.

Adicionalmente con una capacitación y evaluación continua del personal de los entes encargados en la investigación y el ejercicio de la acción penal, brindar asistencia y garantizar los derechos constitucionales de las personas que forman parte en un proceso penal (víctima y los testigos) teniendo como base los principios fundamentales de los derechos humanos.

Miranda Sanabria ofrece depurar personal y depurar procesos investigativos, además de ejercer una motivación institucional que incentive a los empleados para que se involucren en cada una de las instituciones en el desarrollo de los procesos dentro del sistema jurídico penal.

Dentro de su plan también contempla la implementación de medios técnicos, herramientas necesarias para la investigación de hechos en materias especializadas y en delincuencia común y de esa manera reestructurar los despachos fiscales.

Propone la descentralización de unidades forenses, a través de la creación de nuevos laboratorios en las distintas regiones del país, debidamente equipados para el buen funcionamiento y coordinar o realizar alianzas con países a efecto de combatir la delincuencia organizada transnacional, como maras, tráfico de drogas, tráfico de personas entre otros delitos.

Concurso para reestructurar personal

La aspirante Nilia Raquel Ramos Gonzales centró su comparecencia en una reestructuración del Ministerio Público en su conjunto mediante concurso de todo el personal administrativo y fiscal, en virtud de que en la actualidad la Fiscalía ha venido promoviendo e impulsando personal, no por capacidad sino por recomendación Política.

Señaló que desde 2009 a la fecha los fiscales generales y adjuntos se han debido a los partidos políticos, los cuales han venido promoviendo personal tanto fiscal como administrativo con el propósito de tener cubierta la persecución penal en su caso para que tengan beneficios al respecto.

Ramos Gonzales indicó que el Ministerio Público tiene el reglamento general del estatuto de la carrera, el cual regula la parte procedimental para la prestación de servicios del empleado público.

Añadió que el Estado, de la mano con instituciones vinculadas al sector justicia y el propio Ministerio Público, está desarrollando estrategias y políticas encaminadas a afrontar la actividad delictiva dentro de un marco de respeto a las garantías individuales y lógicamente observando los convenios y tratados suscritos por Honduras y que forman parte de nuestro derecho interno.

Esos retos -dijo- conllevan a poner en práctica una eficiente Política de Persecución Penal que responda a la reducción en su mínima expresión de los actos delincuenciales, mismos que deben de estar en consonancia a las diferentes reformas que puedan operar en la legislación hondureña.

Orientar MP a verdadera funcionalidad

En el plan de trabajo del abogado Omar Mejía Jiménez lo centró en la orientación del Ministerio Público hacia una verdadera funcionalidad implementando una eficiente política de persecución penal, modificando la estructura de cobertura en algunas zonas geográficas de acuerdo a criterios de eficiencia y prontitud de atención, con políticas de formación en temas que sean comunes a los operadores judiciales con fines a delimitar el campo de actuación de cada uno de los órganos en la confluencia Interinstitucional.

Asimismo, definir un modelo de gestión de casos que sea acorde a los modernos métodos de evaluación que establecen las normas actuales de la institución, igualmente, promocionar la carrera fiscal mediante la implementación de concursos y evaluaciones de desempeño para ascenso de categorías y la asignación en puestos de dirección a partir de coordinación de fiscalías locales, hasta la dirección de fiscalías, último cargo actualmente no regulado por la reglas evaluativas de la institución.

Según el aspirante, la meta del presente plan de trabajo, es la consolidación de avances a mediano plazo de una política realista de persecución penal, que sea eficiente, mediante la aplicación de mecanismos ya fijados en la normativa institucional.

Agregó que en el proceso de adecuación de la política institucional, deben de ser incluidos todos los actores de la institución, quienes son los que llevan adelante los objetivos que la misma se plantea, por lo que debe iniciarse por una reingeniería funcional, partiendo del procesos de selección de personal, promocionando la carrera fiscal, mediante el concurso para el ascenso en el escalafón como para la asignación a puestos de dirección, que debería ser incluidos desde el Director General de la Fiscalía hasta el personal administrativo como una manera de eficientar la institución y la profesionalización de la misma.

Apuntó que su plan de trabajo tiene como objeto primordial la readecuación de la política institucional a las realidades sociales en las que se desenvuelve la institución, reconociendo que las administraciones anteriores y actuales de la misma, han hecho lo suyo, dando avances muy significativos en materia estructural y normativa, para citar algunos ejemplos, la creación de algunos brazos que contribuyen al avance institucional y la respuesta positiva que ha tenido respecto a los reclamos de la sociedad, con fines al combate del fenómeno criminal en sus diferentes manifestaciones, tal es el caso de agencias de investigación, como la ATIC, fiscalías especiales como la FETCCOP y recientemente la UFECIT, que responden a esos reclamos que de manera indirecta ha planteado la sociedad, agobiada por el fenómeno de la criminalidad.

Seguir lucha al crimen y respetar DDHH

En su intervención el aspirante al cargo a Fiscal General y Adjunto, Óscar Armando Vásquez Tercero, dijo que su plan de trabajo está centrado en el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, derechos humanos, lucha contra la impunidad y la corrupción.

Manifestó que su modelo de gestión está basado en aquellos hechos delictivos de mayor impacto, en ese sentido se debe de fortalecer la lucha contra la corrupción con un mayor número de investigadores, monitoreo de los expedientes que se remiten a los diferentes entes de investigación, determinar el número de expedientes que se remiten y cuántos expedientes regresan, revisar que las capturas en un mayor porcentaje no solo sean las realizadas de manera infraganti por parte de la Policía, sino producto de las investigaciones finalizadas por los entes de investigación.

Citó la urgente necesidad de realizar inspecciones a los archivos policiales, particularmente en casos de relevancia, establecer plazos para las investigaciones, crear una Unidad de Monitoreo de casos relevantes, implementar el Manual Único de Investigación Criminal y capacitar a los investigadores de las diferentes unidades del Ministerio Público, la Policía Nacional y establecer la Guía Legal para investigadores.

En cuanto a los derechos humanos, dijo que su protección y defensa conllevará acciones preventivas y de monitoreo, particularmente en vigilar las condiciones en que viven menores (mendicidad), ancianos, mujeres y fortalecer la estructura de la Unidad Fiscal que investiga las muertes de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, revisar casos y establecer plazos para su cumplimiento.

Asimismo, desglosó que en el tema de la lucha contra la impunidad, se debe mejorar el aspecto cualitativo de los casos que serán judicializados, revisar el problema de la mora investigativa del Ministerio Público y de los organismos de investigación, procurar su depuración, la posibilidad de una ley temporal o permanente con miras a resolver mediante procesos abreviados o conciliatorios esos casos, particularmente los delitos de bagatela, igualmente, fortalecer la operatividad de Medicina Forense con mayor recurso humano y vehículos para atender los levantamientos cadavéricos con mayor prontitud y de ser necesaria la implementación de laboratorios móviles.

Además, se comprometió a fortalecer la lucha contra la corrupción, revisando los convenios establecidos con la MACCIH, Transparencia Internacional, Consejo Nacional Anticorrupción y otras entidades nacionales e internacionales, mejorarlos de ser necesario, así como establecer nuevos convenios con instituciones públicas y privadas que sean aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción, revisar expedientes antiguos de casos de corrupción a la luz de lo que establece el Artículo 325 de la Constitución de la República sobre el período de prescripción para deducir responsabilidad a los funcionarios del Estado y retomar las investigaciones en caso de que no hayan prescritos.

Igualmente, promete crear la Unidad de Captura para aquellos imputados vinculados a casos de corrupción, entre ellos la búsqueda y captura de los prófugos del IHSS y demás casos judicializados, crear unidad para el acompañamiento de las licitaciones públicas, o requerir documentación para el Ministerio Público en compras o licitaciones mayores a cierto límite de adquisición de las instituciones del Estado; procurar las reformas a la ley necesarias en ese sentido.

Institución consolidada, moderna y tecnificada

Para el abogado Ricardo Antonio Castro, su plan se centra en cinco ejes para fortalecen el Ministerio Público, como el de liderar la política de persecución penal a través de la investigación efectiva y eficaz, fortalecer el programa de Protección a Testigos, especialización de los servidores en materia de corrupción, crimen organizado, derechos humanos y victimas vulnerables, ajustar la estructura orgánica del Ministerio Público a los nuevos retos de la criminalidad y la certificación a las dependencias del Ministerio Público con la norma ISO-9000, calidad de atención a la sociedad hondureña a fin de tener acceso a la justicia.

Señaló que una investigación eficaz se logrará consolidando la unidad de análisis y estudios criminológicos, implementar una estructuración de una política integral de persecución penal, en el cual se implementen modernas teorías de abordaje, sistematización de casos y prevención situacional, así como mecanismos de planificación y ejecución de las estrategias y acciones a ser adoptadas por el Ministerio Público.

Castro indicó que la Política de Persecución Penal Estratégica, necesita un fuerte análisis de los fenómenos criminales, de las diversas manifestaciones de la criminalidad en el territorio nacional, con la finalidad de tener los objetivos y propósitos adecuadamente definidos, lo que indudablemente permitirá el uso racional y efectivo de los recursos, sobre la base de un adecuado estudio de la inteligencia criminal.

Aseguró que el fortalecimiento de la comunicación interinstitucional permite ser más eficaces y efectivos, en la medida en que se pueda compartir información en tiempo real, se evita la duplicidad de esfuerzos y se optimiza la utilización de los recursos humanos y materiales.

Apuntó que es una prioridad aumentar la cobertura en la implementación de los servicios de orientación, protección y apoyo a todos los testigos y víctimas, mediante la consolidación del Modelo de Atención y Protección Integral al testigo y Víctima (MAPI), con personal especializado.

Fortalecer la investigación

La última participante en las audiencias públicas a cargo de Fiscal General y Adjunto fue la abogada Sara Patricia Sagastume Rice, quien detalló seis ejes que piensa implementar en el Ministerio Público de llegar a ser nombrada en el cargo.

Entre los ejes mencionó ofrecer una política interna de trabajo en equipo; acceso integral de protección a testigos, víctimas y denunciados; crear unidades de respuesta fiscal; crear una fiscalía del adulto mayor, víctimas de un delito; fortalecimiento de la carrera fiscal con funcionarios probos, con lealtad a la justicia y políticas de transparencia e integridad.

Sagastume Rice subrayó que para ello es importante la creación de oficinas y el fortalecimiento de las ya existentes tales como: crear Oficina para defensores de Derechos humanos en Fiscalía de Turno, transparentar las oficinas que llevan investigaciones de corrupción y derechos humanos, transparentar las direcciones como administración a fin que informen a las distintas fiscalías cuáles son los renglones presupuestarios que cuenta mantener una lucha frontal contra el crimen organizado y narcotráfico, invertir en el programa de protección a testigos y víctimas.

Completó que también se debe de capacitar al personal fiscal, fortalecer la Agencia Técnica de Investigación Criminal, crear una Unidad de técnicos y profesionales a disposición de todas las fiscalías, crear condiciones permanentes de lazos con otras instituciones y agencias de investigación criminal, crear unidades en fiscalías que brinden información expedita de sus expedientes a las partes, invertir en infraestructura a fin de mejorar condiciones del personal y acceso a ciudadanía.