Tegucigalpa – La última jornada de entrevistas públicas para nueve aspirantes a ser elegidos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó en Tegucigalpa, cerrando así los más de 40 autopostulados que no recibieron denuncias y tachas para llegar a esta fase.
La Junta Nominadora debe decidir sobre los casos de aspirantes que fueron denunciados o tachados por diversas personas e instituciones y que deben tener oportunidad de ser escuchados para desvanecer las acusaciones.
Quienes logren desvanecer los señalamientos serán los próximos a tener las entrevistas públicas de parte de los nominadores y luego definir la lista de al menos 45 aspirantes que deben ser remitidas al Congreso Nacional de los cuales deben ser seleccionados los 15 próximos magistrados de la CSJ para el periodo 2023-2030.
A continuación Proceso Digital presenta las apariciones de los nueve autopostulados:
La jornada de este sábado comenzó con el reconocido abogado y notario Oliver Gerardo Erazo, quien tiene 22 años como académico de la facultad de derecho de la UNAH, además una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, así como de la democracia y Constitución; dijo que aspira a integrar el Supremo para contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, institucionalidad y encontrar la ruta a reconstrucción de un estado democrático constitucional.
Definió que la protección judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho, revierte no solo una protección constitucional, no solo forma parte de lo que conocemos como el debido proceso, sino que reviste una protección convencional ya que el Estado es signatario de acuerdos de DDHH y sostiene que los magistrados deben tener ética, imparcialidad, independencia, transparencia y competencia, porque de lo contrario serían un obstáculo para la justicia.
Raúl Antonio Ramos, abogado y notario desde 1990; asegura que en toda su trayectoria profesional no ha tenido eventos que hayan puesto en duda su ética profesional, aspira a integrar la Corte porque cuenta la suficiente competencia para aplicar oportunamente la justicia, ya que esta solo se ausenta cuando los magistrados carecen de principios éticos, morales y profesionales. No se deben crear tribunales especiales en Honduras, subrayó.
“La Corte Suprema en asuntos que sometan su decisión relacionados a temas de carácter político y que conlleven opiniones sobre la vida democrática del país, siento que el funcionario judicial no debe sentirse presionado para verter su criterio conforme a lo que establece la Constitución, además el estado debe brindar la suficiente garantía para que no hay presiones de ninguna naturaleza cuando se vaya a emitir un fallo al respecto”, dijo.
La tercera abogada que compareció fue Rebeca Lizette Ráquel Obando, inició su carrera judicial como jueza de asuntos de la familia, espacialmente en violencia doméstica “conozco de primera mano ese enorme flagelo que golpea a la mujer hondureña, desde el 2010 transita por varias judicaturas específicamente en temas mercantiles y en caso de llegar a ser magistrada trabajará para fortalecer el sistema donde urge contratar más jueces para terminar con la mora judicial.
Refirió que uno de los mayores problemas que tiene el Poder Judicial, es una mala percepción de parte de la población, porque no existe confianza y para cambiar ese escenario urgen una transformación, en primer lugar con jueces probos, independientes, sujetos únicamente a la Constitución de la República, soy una persona que jamás ha cometido un acto en detrimento de la legislación, he actuado siempre con honestidad, ética, moralidad para servir a Honduras.
Las entrevistas continuaron con Sandra Lizeth Avelar, es abogada desde 1992 fue defensora pública del poder judicial por más de cinco años, fue inspectora coordinadora de tribunales en San Pedro Sula, juez de sentencia, directora de documentación de información judicial y magistrada actual de la Corte de Apelaciones, con lo que acumula más de 25 años de carrera judicial “soy una persona ética, honesta, transparente, tengo una vida profesional intachable”, dijo.
Avelar, refirió que es vital que los nuevos operadores de justicia deben ser independientes, pero eso se logra con procesos de selección calificados, cree las personas que optan a integrar el Poder Judicial deben ser por acuerdo y no por interinato. A su juicio los jueces pueden solicitar la inconstitucionalidad de una norma porque es constitucional, de considerar anomalías, entonces está en el deber de hacerlo, pero debe gozar de independencia y yo gozo de ello.
Antes de receso del mediodía, compareció Tirza del Carmen Flores Lanza, es abogada desde hace más de 20 años, ha sido jueza de Letras, magistrada de la Corte de Apelaciones, donde asegura actuó con independencia, ética y parcialidad, cree en la independencia, integró la Asociación de Jueces por la Democracia con el fin de defender la independencia judicial “en 2010 fui destituida precisamente por oponerme al golpe de Estado, hay una sentencia a nuestro favor desde 2015 y eso debe hacernos crecer como país», dijo.
Presenté mi postulación para seguir trabajando en defensa de la independencia judicial, la reestructuración ética del Poder Judicial y restitución de la perspectiva de género desde mis funciones, además los derechos humanos especialmente en grupos vulnerables, respecto al valor jurídico y social de la tutela judicial en la impartición de justicia en Honduras, considera es el espíritu de los jueces porque es la posibilidad de acceder a la justicia de manera imparcial, sin esperar recompensas por aplicar conforme a legislación corresponda.
Wagner Vallecillo Paredes, el primero de la jornada vespertina, tiene 33 años de ejercicio profesional y se ha desempeñado como juez de Paz en San Pedro Sula, defensor público y actualmente es juez de Letras en Siguatepeque.
Es partidario de efectuar un diagnóstico y evaluación de los funcionarios de la judicatura para conocer donde están las fallas de cada uno. Rechazó crear un nuevo Código del Trabajo, proponiendo reformas al mismo, pero sobre todo aplicar los convenios internacionales que suscribe el Estado.
También manifestó que el derecho de las mujeres es inherente a su condición humana y que no pueden ser limitados de ninguna forma.
Mientras Walter Raúl Mirando Sabio, de 48 años y originario de Trujillo, ha sido magistrado de la corte de apelaciones en Choluteca y Valle por más de 10 años, así como ha ejercido la docencia en dos universidades privadas en la zona sur.
Manifestó ser contrario a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “no lo veo con buenos ojos”, señalando que han existido quejas de ciudadanos de violaciones a los derechos humanos.
Favorece la aplicación de medidas alternativas para solucionar problemas, especialmente en el campo de la familia, ya que es una forma de aliviar la sobrecarga que existen en los juzgados. Detalló que hace poco conoció el caso que un juicio fue fechado para comenzar en octubre del 2024.
Indicó que de ser elegido magistrado de la CSJ favorecerá la democratización del notariado con la aplicación de exámenes escritos hasta para 200 personas y prometió la inclusión de profesionales del derecho que provengan de sectores excluidos como de las etnias, destacando que él es apenas uno de los cuatro notarios que tiene origen en la comunidad garífuna.
De su lado Wendy Carolina Escobar Cantarero, tiene más de 20 años en la profesión, ingresando primero en el Ministerio Público y actualmente en el Poder Judicial.
Dijo que excepto en lo personal y la protección de menores, toda la información debe ser pública en especial cuando se trata de recursos estatales y que los mismos no deben ser reservados amparándose en la excusa de la seguridad nacional.
El último de los aspirantes entrevistados de la jornada sabatina fue Rolando Bouloy Cabrera, de 70 años y oriundo de Tela, que tiene más de cuatro décadas de ejercicio profesional. Se ha desempeñado en el Poder Judicial como magistrado en cortes de apelaciones y ha sido catedrático en la facultad de derecho de una universidad privada en San Pedro Sula.
Señaló que es requisito fundamental en el trabajo de la CSJ la independencia, imparcialidad e integridad de los jueces, así como que los funcionarios tengan sueldos decorosos, indicando que no puede haber personas corruptas en dicho poder estatal.
Indicó estar a favor que existan magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia, aunque indicó que no deberían tener salarios fijos, sino recibir dietas por los casos que vean.
