Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Honduras enfrenta una crisis permanente en el Poder Judicial y parte de la solución pasa por la creación de forma urgente de un Consejo de la Judicatura con la finalidad de detener la impunidad, algo en lo que insiste el pueblo hondureño en diversos sondeos, así como especialistas en la materia.
– En las actuales circunstancias del sistema judicial no debería hacer contrataciones ni ascensos, sin una comprobada meritocracia, apuntan juristas.
– Continúa pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales sobre independencia judicial, recordatorio de CIDH.
Los permanentes escándalos y crisis en la justicia hondureña siempre vuelven a la mirada de los expertos nacionales e internacionales que señalan como parte de la solución separar las funciones judiciales y administrativas en la máxima instancia orgánica de la justicia hondureña.
Los expertos consultados por Proceso Digital coinciden en la necesidad de la creación del Consejo de la Judicatura que tenga a su cargo la gobernanza y administración de los jueces, a fin de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se concentren en la administración de los casos judiciales.
Última crisis
Después de que en los últimos días se movieron los hilos de la justicia hondureña con un nuevo caso que ha puesto de manifiesto la corrupción que permea en el sistema judicial, se evidencia nuevamente que la creación de una carrera judicial sólida y transparente es vital para la justicia en Honduras.
No solo se trata de cumplir con el mandato constitucional, sino de asegurar que el sistema judicial sea dirigido por personas competentes y honestas, alejadas de la corrupción y el nepotismo que han manchado el pasado reciente, expusieron a Proceso Digital, los especialistas consultados.
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Una nueva ley
El abogado y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, subrayó la crucial importancia de establecer una verdadera carrera judicial en Honduras, conforme lo ordena la Constitución de la República en su artículo 317.
Este artículo establece la necesidad de crear un Consejo de la Judicatura y una carrera judicial, elementos fundamentales para garantizar la independencia y la transparencia en el sistema judicial del país.
Mejía expuso que por ejemplo el caso del juez Vallecillo y otros similares, como el de su hermana Lizeth Vallecillo, quienes han sido promovidos a posiciones claves a pesar de cuestionamientos serios sobre su desempeño, evidencia la necesidad urgente de reformar la carrera judicial en el país. Se dan muchos nombramientos y ascensos, que no son por meritocracia en el Poder Judicial, remarcó.
En ese sentido, el doctor Mejía en conversación con Proceso Digital insiste en la necesidad de una nueva ley que establezca una verdadera carrera judicial. Sin embargo, advierte que el simple hecho de promulgar una ley no cambiará la realidad.
La clave está en cómo se elegirá al Consejo de la Judicatura y quiénes lo integrarán. Si se repiten los métodos de selección anteriores, advierte, se corre el riesgo de perpetuar los mismos actos de corrupción y nepotismo que han caracterizado al pasado.
Recordó que un aspecto que no puede ser ignorado es que la CSJ anterior dejó amarrado un concurso de dos años, que finaliza en 2025, mediante el cual se han nombrado a muchas personas que no cumplen con los requisitos necesarios para ocupar puestos en el Poder Judicial.
Esto subraya la urgencia de que la actual CSJ acelere el proceso de presentar una iniciativa de ley que dé vida al artículo 317 en términos de carrera judicial, y que, mientras tanto, establezca un mecanismo de selección basado en la meritocracia.
En los mismos términos se refirió el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano, quien destacó que sí es necesario retomar la temática y que el Poder Judicial trabaje el proyecto y lo presente al Congreso Nacional, para mejorar la carrera judicial, sin que se repitan los desaciertos y delitos del pasado.
El abogado Solorzano destacó que se debe retomar el tema para mejorar la carrera judicial, e indicó que hay modelos claros que se pueden tomar, al tiempo que también sugirió que la veeduría deba ser efectiva.
Sin mano política
Otro profesional que opinó sobre la importancia de rescatar el Consejo de la Judicatura para una verdadera carrera judicial fue el exmagistrado de la CSJ, Ivis Discua Barillas, quien añadió que «debe haber un debido proceso en la selección de jueces para evitar la influencia política».
El exmagistrado expresó su intranquilidad por los actuales procesos de selección de altos funcionarios en el Poder Judicial y el Ministerio Público, señalando que están fuertemente influenciados por intereses políticos. Según Discua, estas influencias han socavado la integridad y eficacia de las instituciones judiciales del país.
Qué fue del viejo Consejo de la Judicatura
Para ir al antecedente es preciso recordar que el Consejo de la Judicatura de Honduras, fue creado mediante la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial aprobada el 25 de noviembre de 2011, tenía la misión de gestionar la administración y finanzas del Poder Judicial.
Sin embargo, su gestión, que dio inicio el 6 de septiembre de 2013, fue marcada por corrupción y malversación de fondos, lo que llevó a la Sala de lo Constitucional a declarar inconstitucional la ley que lo sustentaba el 15 de abril de 2016. Como resultado, de dicha declaratoria las funciones administrativas regresaron a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese viejo Consejo de la Judicatura no quedó títere con cabeza, fue tal que el expresidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés (2009-2016), quien presidió el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre 2013 y 2016, fue encarcelado por delitos de corrupción.
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La misma suerte corrieron otros cinco exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, quienes en aquel entonces fueron acusados por múltiples delitos de malversación de caudales públicos.
De parte del Ministerio Público, en agosto de 2018 se presentó requerimiento fiscal para, Celino Aguilera, Liliam Maldonado, Julio César Barahona, Francisco Quiroz, y Teodoro Bonilla. Pero en el mes de noviembre de 2021, un juzgado de Letras Penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo para los seis imputados.
Luego de ese fuerte movimiento que en su momento también estremeció la justicia hondureña regreso la concentración de poder a la Presidencia de la CSJ, situación que ha sido fuertemente criticada, especialmente porque se considera que la actual Ley de Carrera Judicial, que data de 1980, no garantiza un proceso justo en la selección y remoción de personal judicial, ni separa adecuadamente las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Esta situación se ha resaltado bajo la administración de Rebeca Ráquel Obando, quien heredó un control total sobre el Poder Judicial de su predecesor, Rolando Argueta, un exmagistrado que también fue cuestionado por la supuesta manipulación política en nombramientos judiciales.
Es necesaria una Ley del Consejo
La exintegrante del Consejo de la Judicatura, Lilian Maldonado recordó que la Sala de lo Constitucional abrogó la ley de ese cuerpo y se reactivó la ley de la Carrera Judicial de 1980.
Consideró que es necesario separar las funciones administrativas de la acción jurisdiccional, “los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dedicarían a aplicar la justicia porque lo administrativo es un trabajo separado. Se debe legislar por parte del Congreso Nacional con una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial porque así lo establece la Constitución de la República en el artículo 317”.
La exconcejal Maldonado dijo que la ley que los puso en el fenecido Consejo de la Judicatura establecía que al concluir funciones debían retornar a los cargos que ostentaban anteriormente, y eso es lo que han reclamado a lo largo de los últimos años.
Mencionó que con 27 años de carrera judicial, está a la espera que resuelvan los recursos interpuestos cuando desapareció en Consejo de la Judicatura.
Lamentó que el expleno de la Judicatura tiene ocho años con las manos atadas, no pueden ejercer la labor de abogados porque están en una especie de “congelamiento”. Todos a excepción de Teodoro Bonilla no han sido cancelados en el Poder Judicial.
Maldonado pide restitución como magistrada de Corte de Apelaciones en Francisco Morazán.
Urgencia de la Ley
Las recomendaciones en torno a la urgente necesidad de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, no son solo en el ámbito nacional, sino que también se dan fuera de las fronteras.
Debe haber sin duda alguna una nueva ley del Consejo de la Judicatura que se ajuste a estándares internacionales sobre independencia judicial, así lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe «Situación de derechos humanos en Honduras» que aborda la situación de los derechos humanos tras la visita in loco realizada del 24 al 28 de abril de 2023.
“Continúa pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales sobre independencia judicial, sobre todo en relación con los procesos de nombramientos, el ascenso escalafonario, los traslados, los regímenes disciplinarios y la separación del cargo de personas operadoras de justicia”, cita el informe de CIDH.
Entonces se concluye que dicha normativa es crucial para garantizar una administración de justicia independiente y efectiva, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la CSJ, y evitando la influencia política en los nombramientos y procesos disciplinarios,
En ese sentido la CIDH, subrayó la urgencia de que la Corte Suprema de Justicia elabore y promulgue esta ley para asegurar que el sistema judicial de Honduras pueda operar de manera justa, transparente y alineada con los principios democráticos y de derechos humanos.
En esa línea los especialistas, también concluyen que la falta de estas reformas deja al sistema judicial vulnerable a presiones políticas y administrativas, perpetuando la falta de independencia que ha caracterizado al Poder Judicial hondureño, y mientras dicha situación no sea corregida, casos como el que se ventila en la actualidad y los que se dieron en el pasado seguirán siendo una constante en el sistema judicial. LB
