Tegucigalpa – Rendir cuentas por los 100 millones de lempiras asignados por el gobierno de la República en 2014, para enfrentar los efectos de la sequía, en el corredor seco, recomendó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, a las autoridades encargadas del manejo de los fondos.
“Hemos reconocido la voluntad política del gobierno de asignar los 100 millones que ya se gastaron, pero estamos pidiendo rendir cuentas sobre el gasto de los fondos”, arguyó.
El 28 de julio de 2014, fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo mediante el cual se declara situación de “emergencia” a nivel del corredor seco de Honduras para enfrentar los efectos de la sequía, situación que provocó la pérdida de los cultivos y disminuyó la capacidad adquisitiva de las familias que residen en la zona afectada
El decreto pretendía proporcionar asistencia técnica y alimentaria a unas 76 mil 712 familias de pequeños productores afectados por el fenómeno de la sequía, en aproximadamente 64 municipios de 10 departamentos del país.
El decreto se ejecutó conforme al presupuesto establecido por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión de Riesgo por Sequía, bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) con un monto de 100 millones de lempiras.
Entre los hallazgos se encontró que hubo sesgo partidario y escasos controles, concluye un informe del Conadeh.
Además de recomendar la rendición de cuentas, el ombudsman cuestionó que la bolsa de alivio que contenía arroz, frijoles, maíz, harina de maíz y café, fue entregada, en muchas comunidades del país, con “sesgo partidario” y con escasos controles, situación que impidió beneficiar a los sectores más pobres afectados por la sequía.
Señaló que muchas familias beneficiarias desconocían el origen de la ayuda humanitaria y la razón de haber sido seleccionados para la misma.
Lamentó que la selección de los beneficiarios fuese una acción demasiado lenta con respecto a la urgencia que planteaba la crisis alimentaria, así como escasos controles en las comunidades.
Según el Comisionado de los Derechos Humanos, faltó la priorización en la atención que debieron tener las personas más pobres y en condiciones de vulnerabilidad como la niñez, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
Hubo municipios donde solo se hizo una entrega de las tres programadas.
Otro de los hallazgos denunciados por el ente estatal de derechos humanos, fue que las entregas no fueron completadas ya que en algunos municipios apenas se entregó una bolsa solidaria de las tres que estaban proyectadas.
El Conadeh cuestionó la falta de coordinación que hubo en el gobierno nacional ya que en ciertas comunidades del corredor seco, en las cuales se entregó bolsas de alivio, se distribuyó también la bolsa solidaria como parte del Programa Vida Mejor y se dio adicionalmente la presencia paralela de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) distribuyendo bonos tecnológicos.
De acuerdo al documento, faltó coordinación funcional en la relación entre Banasupro y Copeco, en especial en la entrega parcial de bolsas de alivio, lo que se atribuyó a la falta de pago de varios millones por parte del gobierno.
Luego de los señalamientos planteados, el Conadeh formuló una serie de recomendaciones tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales y a Copeco.
Entre estas recomendaciones figura una en la que se pide rendir cuentas sobre la aplicación de los 100 millones de lempiras asignados por el gobierno para apoyar la ejecución del plan estratégico presentado por el organismo de protección civil.
Además, se establece la necesidad de mejorar la selección de beneficiarios, darle prioridad a los más pobres en condiciones de vulnerabilidad, que no haya discriminación y que sea la misma comunidad la encargada de realizar la veeduría social.
Asimismo, asegurar el funcionamiento eficaz del Comité Técnico Interinstitucional para la gestión del Riesgo por Sequía, con la presencia obligatoria de toda la institucionalidad pública que debe conformarlo.
Ninguna institución del Estado puede excusarse, por ninguna causa, salvo fuerza mayor o caso fortuito, de dejar de cumplir con las responsabilidades asumidas para atender a las comunidades en situaciones de emergencia, establece el informe
Añade que, en todo caso, el gobierno es siempre responsable de la debida diligencia en la atención y auxilio a los habitantes.
En septiembre de 2014, el Conadeh y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una carta – acuerdo en la que acordaron cooperar en el diseño y realización de una estrategia de veeduría a la entrega de bolsas de alivio en los municipios afectados por la sequía, con crisis alimentaria, ubicados en el corredor seco.
Herrera Cáceres explicó que las recomendaciones fueron formuladas al gobierno con el propósito de mejorar la atención de la población afectada por la sequía.
