Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre recomendó hoy crear una política penitenciaria integral con enfoque de derechos humanos para hacerle frente a la crisis que se vive al interior de los centros penales del país que, en los últimos 20 años (2003 -2022), dejó más de 987 personas privadas de libertad muertas violentamente.
– Se estima que la sobrepoblación, en los centros penitenciarios, ronda las 3 mil 860 personas y que, al menos, 20 instalaciones penitenciarias rebasan la capacidad de sus instalaciones
Indicó que bajo ningún punto la militarización debería de ser parte de las medidas que se deben tomar y que lo importante es crear una política penitenciaria integral con enfoque de derechos humanos, en la que participen diferentes sectores de la sociedad.
La titular del Conadeh no descarta denunciar, ante instancias internacionales, si el Estado hondureño no cumple con las recomendaciones emanadas por los órganos de tratados para enfrentar los problemas que se viven al interior de los centros penitenciarios del país.
Advirtió, además, que si fuere necesario interpondrá recursos de inconstitucionalidad si las medidas o estrategias para contrarrestar la crítica situación en los centros penales no tienen un enfoque de derechos humanos.
Recordó que Honduras ratificó la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo que manda, a los Estados, crear mecanismos nacionales de prevención contra la tortura.
Reyertas frecuentes
El pasado 8 de abril, el Centro Penal de Ilama, Santa Barbará; la Penitenciaria Nacional de Tamara; el Centro Penal La Tolva, Morocelí, El Paraíso; y, el Centro Penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, fueron escenario de varios amotinamientos por parte de privados de libertad.
Ante esta situación, el Conadeh reiteró al Instituto Nacional Penitenciario (INM) la necesidad de ¨diseñar un plan de trabajo interinstitucional, con la participación del Conadeh y el MNP-CONAPREV, destinado a recuperar el control interno de los centros penitenciarios que ha sido históricamente delegado a los propios reclusos”.
La Defensora del Pueblo recordó a las autoridades hondureñas que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) indican que “la disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común”.
Además, que toda medida de intervención en el sistema penitenciario, en materia de seguridad, debe atender problemas estructurales, tales como, el hacinamiento, establecimientos precarios, falta de control interno, falta de presupuesto adecuado y personal penitenciario, entre otros.
Sobrepoblación en las cárceles supera las 3,800 personas
Se estima que la población penitenciaría, en los 26 centros penales del país, ronda las 19,563 personas privadas de libertad.
Unos 18,292 hombres están privados de su libertad en los centros penales del país, de los cuales 9,232 (50.47%) están sentenciados y 9,060 (49.53%) están en condición de procesados.
En lo que respecta a las mujeres, 1,158 guardan prisión, de ellas 550 (47%) ya fueron sentenciadas, mientras que, 608 (53%) están procesadas.
En las cárceles de Honduras también hay 129 hombres privados de su libertad que son extranjeros, de diferentes nacionalidades, 66 (51%) de ellos ya tienen sentencia, en cambio 63 (49%) están procesados.
Siete mujeres de nacionalidad extranjera también están privadas de su libertad, cinco fueron sentenciadas y dos en calidad de procesadas.
Se estima que la sobrepoblación en los centros penitenciarios ronda las 3,860 personas y que, al menos, 20 instalaciones penitenciarias rebasan la capacidad de sus instalaciones.
La Defensora del Pueblo destacó que la obligatoria desmilitarización del sistema penitenciario debe ser progresiva, de modo que, las autoridades civiles asuman la administración penitenciaria con capacidades instaladas, lo cual resulta crucial para el cumplimiento de obligaciones internacionales en la materia.
En ese contexto, advirtió que, el regreso de la autoridad militar a la administración penitenciaria, significaría un retroceso grave en materia de derechos humanos.
Además, recordó, a las autoridades estatales, su deber de realizar una investigación sobre los hechos con la debida diligencia, asegurando el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
En diciembre del 2019, el Estado hondureño declaró Estado de Emergencia en el sistema penitenciario nacional, con el propósito de asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria.
Se estima que más de 987 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente en los centros penitenciarios de Honduras, desde el año 2003 al 2022. JS
