Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), instó hoy a las autoridades encargadas de la seguridad en el país a realizar una profunda y efectiva investigación hasta dar con él o los responsables de la muerte de dos comunicadores sociales, uno en el departamento de Olancho y otro en Copán.
Ambos departamentos registran, al menos, la muerte violenta de 18 personas que laboraban en medios de comunicación y cuyos crímenes estarían impunes, según datos revelados por el ente estatal.
Desde octubre del 2001 a junio del 2025 el Conadeh registró la muerte de 103 personas que laboraban en medios de comunicación entre periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores, operadores y propietarios, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 88 % de los casos.
Entre los últimos 41 meses (2022 -junio 2025), 9 departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de 13 personas que laboraban en medios de comunicación, 3 en Francisco Morazán, dos en Choluteca, dos en Cortés, 1 en Lempira, 1 en Atlántida, 1 en El Paraíso, 1 en Santa Bárbara,1 en Copán y 1 en Olancho.
Olancho registra 8 muertes violentas
Datos preliminares indican que el barrio Buenos Aires de Juticalpa, en el departamento de Olancho, fue escenario de la muerte del comunicador social Carlos Aguirre, cuyo cuerpo fue enviado a Medicina Forense en Tegucigalpa para su respectiva autopsia y determinar la causa de su muerte.
Aguirre se convirtió en el octavo comunicador social que pierde la vida en el departamento de Olancho, desde que en marzo del 2010 fueran asesinados Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez.
Juticalpa, Catacamas, Culmí y Patuca figuran entre los municipios del departamento de Olancho donde perdieron la vida los comunicadores sociales, cuyos crímenes estarían en la impunidad.
10 muertes de periodistas y comunicadores en Copán
El otro hecho violento ocurrió el 1 de junio, en la colonia Flores Saavedra, de Santa Rosa de Copan, cuando fue encontrado sin vida del comunicador social y taxista Javier Antonio Hércules, asesinado de varios impactos de bala.
Hércules se convirtió en la décima víctima en perder la vida en circunstancias violentas, en ese departamento, luego que, en noviembre del 2003, muriera violentamente el periodista German Rivas.
Según el Conadeh, los actos violentos contra la vida de periodistas es un fiel reflejo de la situación general de inseguridad que se vive en el país.
Cada vez que muere un periodista o un comunicador social se violenta, en primer término, el derecho a la vida e igualmente se afecta el derecho a la libertad de expresión y a informar adecuadamente.
Resulta imperativo que el Estado hondureño adopte las medidas de seguridad que sean necesarias para salvaguardar la integridad física y la vida de las personas en el país.
El ente estatal recomendó a las autoridades encargadas de la investigación, que realicen su labor de manera diligente, imparcial y efectiva, para que se esclarezcan los asesinatos y otros actos de intimidación cometidas contra periodistas y comunicadores sociales.
La vida es el bien personal más preciado e inherente a la dignidad humana, por lo que es condenable y debe castigarse ejemplarmente a quienes priven de la vida a una persona, concluyó la Institución Nacional de Derechos Humanos. JS
