Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó hoy a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a verificar la legalidad del PCM-010-2025 y al Congreso Nacional a cumplir su mandato de aprobar, modificar o improbar los decretos de suspensión de garantías.
A través de un comunicado, el Conadeh señaló que, desde el 6 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero de 2025, registró más de 700 quejas o denuncias interpuestas contra agentes del orden debido a sus intervenciones en el marco del estado de excepción.
De acuerdo con el marco fáctico de las quejas, los principales reclamos derivan debido a los múltiples allanamientos de morada, daños a la propiedad privada, tortura, malos tratos, perdida de objetos personales, uso desproporcionado de la fuerza, infracciones a la integridad personal e implantación de medios probatorios, entre otros.
Comunicado No. 002/2025
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), por medio de su Titular, Blanca Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante la prorrogación del estado de excepción durante las elecciones primarias, se pronuncia en los términos siguientes:
1. Desde el 06 de diciembre de 2022, el Gobierno de la República de Honduras aprobó́ el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022 que dio vida a la suspensión de garantías constitucionales y que, hasta la fecha ha sido prorrogado múltiples veces por medio de otros decretos ejecutivos, de los cuales se ha registrado que, varios de estos, no han observado el procedimiento constitucional previsto respecto del control legislativo que debe ejecutar el Congreso Nacional para aprobarlos, improbarlos o modificarlos. Recientemente se publicó́ el PCM-10-2025 que prorroga nuevamente el estado de excepción del 19 de febrero hasta el 05 de abril de 2025.
2. Desde ese entonces y hasta el 31 de enero de 2025, el Conadeh ha registrado más de 700 quejas o denuncias interpuestas contra agentes del orden debido a sus intervenciones en el marco del estado de excepción. De acuerdo con el marco fáctico de las quejas, los principales reclamos derivan debido a los múltiples allanamientos de morada, daños a la propiedad privada, tortura, malos tratos, pérdida de objetos personales, uso desproporcionado de la fuerza, infracciones a la integridad personal e implantación de medios probatorios, entre otros.
3. Las denuncias recibidas, en el Conadeh, tienen un nivel de coincidencia con los procesos penales y judiciales impulsados por el Ministerio Publico contra varios agentes del orden por sus intervenciones bajo el amparo del estado de excepción. Por ejemplo, el libramiento de un requerimiento Fiscal contra 07 oficiales de la Policía Nacional por suponerlos responsables de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
4. Otro requerimiento Fiscal interpuesto contra 8 agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) por suponerlos responsables de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público. Asimismo, el requerimiento Fiscal contra 11 agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas (DIPAMPCO) por suponerlos responsables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos y falso testimonio, entre otros casos.
5. Si bien, el estado de excepción ha sido prorrogado para combatir la violencia y criminalidad, es menester señalar que esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido enfática sobre los efectos negativos que puede causar la prorrogación de esta medida. Pese a que varios diputadas y diputados del Congreso Nacional manifestaron no aprobar los próximos decretos de prórroga, preocupa al Conadeh la omisión por parte de este Poder del Estado en realizar el control constitucional y legal efectivo de los decretos ejecutivos PCM.
6. Además, el Conadeh recuerda que el próximo 09 de marzo de 2025 se celebraran las próximas elecciones primarias, lo que supone el Estado debe centrar sus esfuerzos en no solo colocar a disposición los mecanismos y herramientas necesarias para la celebración de los comicios, sino también, en no adoptar decisiones que puedan suponer un entorpecimiento o limitación a los derechos políticos de las y los ciudadanos. Si bien, el decreto de suspensión de garantía está encaminado a combatir el crimen, no es menos cierto que el mismo ha sido un instrumento utilizado por algunos agentes del orden para actuar al margen de la ley considerando los requerimientos fiscales girados por la Fiscalía General.
7. Por tanto, el Conadeh recomienda a la Corte Suprema de Justicia que actúe de manera oficiosa y verifique si el PCM-010-2025 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” que prorroga el Estado de Excepción ha cumplido con los requisitos y procedimientos constitucionales. Además, se recomienda al Congreso Nacional a realizar un control efectivo de los decretos PCM que prorrogan el estado de excepción. JS
