Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó hoy a las autoridades hondureñas y a la población, en general, a reconocer que la privación de la libertad no es una condena de “estigma y discriminación” y que el respeto de sus derechos humanos constituye una forma de fortalecer el estado de Derecho y la seguridad ciudadana, en Honduras.
En el marco del Día Nacional de la Persona Privada de Libertad que se conmemora, en Honduras, el 24 de septiembre de cada año, el Conadeh señaló que las cárceles no deben ser lugares de olvido, sino espacios para la justicia, la dignidad y la esperanza.
Guadalupe Silva, coordinadora de la Defensoría de Privados de Libertad del Conadeh, indicó que, en el primer semestre de 2025, este ente estatal atendió más de 230 quejas por violaciones a los derechos humanos, de personas que guardan prisión en los centros penales del país así como de sus familiares.
Los propios afectados denunciaron que se les vulneró su derecho a la integridad personal, el acceso a la justicia, a la salud y que fueron objeto de abusos de autoridad por parte de los agentes a cargo de su guarda y custodia.
Silva consideró que, cada vulneración a los derechos humanos tiene un impacto directo no solo en la persona privada de libertad sino que también en la vida de sus familiares.
En el 2024, el Conadeh atendió 437 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, siendo las instituciones más denunciadas, los centros penales, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.
La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por el alto porcentaje de hacinamiento registrado en diversos centros penales del país.
Recordó que, el derecho internacional de los derechos humanos ha señalado que el hacinamiento de personas privadas de libertad puede llegar a constituir, en sí mismo, una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos.
Advirtió que cuando un centro penitenciario impide materialmente ofrecer condiciones dignas a las personas privadas de libertad, el Estado no puede seguir admitiendo internos en esos espacios, ya que al hacerlo los expone deliberadamente a una situación que vulnera sus derechos fundamentales.
Solo 41% personas privadas de libertad están procesadas
Se estima que, al 31 de agosto del 2025, unas 19 mil 465 personas están privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país, de las cuales, mil 116 son mujeres (5.73 %) y 18 mil 349 son hombres ( 94.27%), incluidos 163 extranjeros.
De acuerdo con la condición jurídica de los 19 mil 465 privados de libertad, el 59 % están condenados, mientras que el 41% están procesados.
En calidad de condenados se encuentran 93 extranjeros, de ellos 88 hombres y 5 mujeres, además, 11 mil 379 hondureños, de los cuales, 10 mil 867 son hombres y 512 mujeres.
En su condición de procesados se encuentran 70 hombres extranjeros, 599 mujeres y 7,324 hombres para totalizar 7 mil 993, privados de libertad.
El Conadeh advirtió que, el crecimiento de la población penal es consecuencia directa de la adopción de una política criminal estatal que prioriza el encarcelamiento, es decir, que el Estado ordenada la prisión preventiva como una norma general, de tal forma, que ha desnaturalizado la excepcionalidad de dicha medida.
Además, reafirmó su compromiso de continuar ejerciendo la labor de inspección en los centros penitenciarios y centros de detención para velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y continuar promoviendo la reinserción social como el camino para construir un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos.
EL 24 de septiembre de cada año se conmemora el Día Nacional de la Persona Privada de Libertad como un símbolo para recordar que todo ser humano merece respeto a sus derechos humanos y que “la dignidad no se pierde con la libertad”.
Aún en lugares que históricamente han sido olvidados y estigmatizados, como los centros penitenciarios, las personas privadas de libertad son sujetos de derechos protegidos por la normativa nacional y los instrumentos internacionales.