Tegucigalpa – Como una “gran noticia” y una “luz de esperanza” calificó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) la decisión de una juez federal en San Francisco, California que declara ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños residentes en Estados Unidos.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh indicó que, el 31 de diciembre, se recibió una “gran noticia” y una “luz” que da esperanza a miles hondureños, que residen en Estados Unidos, amparados en el TPS.
El pasado 31 de diciembre, la jueza federal Trina Thompson dictaminó que la decisión de la administración Trump fue ilegal, lo que permite restaurar la vigencia del TPS a unos 60 mil beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
Explicó que la orden de la jueza Thompson beneficia a unos 50 mil hondureños que, desde 1999 se encuentran amparados en ese estatus de protección, que les fue otorgado luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998 y que golpeó principalmente a Honduras.
Agregó que el Estatus de Protección proporciona un permiso de trabajo, seguro social y protección en contra de las deportaciones a las personas amparadas en ese alivio migratorio
Sin embargo, señaló que la resolución de la jueza Thompson no es definitiva, ya que existe la posibilidad que el Gobierno de los Estados Unidos apele esta decisión.
Lo importante es que los hondureños, amparados en el TPS, ya van a poder gozar de ese beneficio que los va a proteger contra una deportación, pero también para obtener permisos de trabajo, seguro médicos y obtener su licencia de conducir, expresó.
Incluso aquellos que están en centros de detención, en este momento, que ya no tenían esa protección temporal, pueden apelar y ampararse en esta resolución, agregó.
Reiteró que, es una medida temporal, una resolución que tomó una juez federal en California y que lo más seguro es que el gobierno de Estados Unidos presente un recurso de apelación y eso puede cambiar esa decisión.
Explicó que la medida es una decisión judicial, no es una medida administrativa que dependa de las relaciones que puedan tener los Estados, sino que depende lo que va a determinar al final la juez en el momento que ya tenga una resolución definitiva del caso
Obviamente, eso no quita que el nuevo Gobierno de Honduras haga las gestiones necesarias para reforzar las relaciones bilaterales que se tiene con Estados Unidos y ver de qué manera se puedan obtener beneficios migratorios para todos los hondureños que están en ese país del Norte de América. (RO)
