Tegucigalpa- El más reciente estudio sobre la participación política de la comunidad LGTBI en Honduras, indica que el país ha entrado a una etapa en donde la reivindicación de derechos humanos y sociales incluye a este sector que poco a poco se hace sentir y que dice tener, entre sus agendas, propuestas de país.
En los partidos políticos legalmente inscritos en Honduras, existe una sensibilización al respecto, y si bien unos son más abiertos a la inclusión que otros, aceptan que este nuevo actor social del país está presente y que requiere ser escuchado.
Los partidos políticos saben que más temprano que tarde tienen la posibilidad de garantizar espacios de participación en igualdad de oportunidades a todos los sectores y agregar sus intereses a las agendas de país, mejorar su capacidad de incidencia política y estar conectados a la realidad de sus comunidades.
El sector LGTBI es una de esas realidades. Así lo revela el informe“Reflexiones sobre la participación política de las personas LGTBI EN Honduras”, presentado por un consorcio de organizaciones nacionales e internacionales con el fin de entregar a la ciudadanía y a la sociedad en general una visión sobre la lucha de estos grupos por acceder a los espacios de participación política.
Esas organizaciones que vienen trabajando en procesos de inclusión y reivindicación de derechos de la comunidad lésbico, gay, trans e intersex, son el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (Somos CDC), el Institute Victory, la organización Caribe Afirmativo y el Instituto Nacional Demócrata para asuntos internacionales (NDI).
La lucha de la comunidad LGTBI
En Honduras la lucha de los sectores LGTBI inicia en los años noventa ante la emergencia de la enfermedad del VIH SIDA y la falta de acción del Estado para prevenir y atender la pandemia. En ese contexto, surge la organización como el Colectivo Violeta y la Comunidad Gay Sampedrana, que buscaron dar respuestas a los problemas de salud que afectaban a sus integrantes.
Empiezan a visibilizarse en un entorno relacionado con el derecho humano a la salud. En el 2002, las organizaciones LGTBI piden al Estado hondureño el reconocimiento jurídico a sus instituciones y en el 2004, el Estado hondureño otorga la personería jurídica a varias instituciones LGBTI.
El Estado lo hizo poniendo dos condicionantes vía reforma constitucionales a los artículos 112 y 116 en el cual prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parejas del mismo sexo.
No obstante, las organizaciones LGTBI centraron sus agendas en el tema de la salud y el acceso a la misma. Fue en el 2008 cuando las organizaciones LGTBI ven que se abre una opción en los espacios de participación política a nivel de gobiernos locales y es el departamento de Cortés, la zona en donde se produce ese acercamiento.
Pese a ser una reiterada y ancestral práctica, fue la violación a los derechos humanos de la comunidad con las agresiones físicas a sus miembros, la violencia de género y otros atropellos, lo que les lleva a incursionar en la agenda de incidencia política para reivindicar derechos y abrir espacios de participación e inclusión.
En el 2009, la crisis política institucional, la comunidad LGTBI organizada incursionó por primera vez abiertamente en la política.
En ese contexto lucharon por poner alto a la impunidad en asesinatos cometidos contra sus miembros.
Un precio muy alto
En el 2013, el gobierno del ex presidente Lobo Sosa creó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
En ese espacio creado, se abre la oportunidad de una política de inclusión y garantías de vida digna a los grupos poblacionales vulnerables de todo el país.
En ese contexto, según el Informe que recoge la situación de las personas LGTBI en la participación política y los partidos políticos, en el 2012 empiezan a reconocer a la comunidad como un actor clave en la participación de los procesos políticos.
Pero esta lucha, según la investigación, no ha sido color rosa para los integrantes de la comunidad LGTBI. En ese recorrido muchos han perdido la vida mientras otros han tenido que dejar el país.
Una víctima de este proceso fue el defensor humanitario Walter Tróchez, secuestrado y asesinado el 13 de diciembre de 2009, tras sus denuncias sobre atropellos a los derechos humanos en plena crisis político 
institucional. Su crimen sigue impune, pero abrió el camino a la comunidad para vencer el miedo y comenzar a luchar por su derecho a una participación igualitaria en la política.
A Tróchez le sigue la muerte del periodista Erick Martínez en 2012, quien aspiraba a un cargo de elección popular. Ello generó zozobra en la comunidad LGTBI.
El reto de los partidos políticos
Aun así, deciden algunos de ellos presentarse a las elecciones a cargos de elección. Luego en el 2016, asesinan al líder gay René Martínez, quien aspiraba a ser diputado en este proceso electoral de 2017. Martínez era un líder nato que conectó a su partido con las bases de la comunidad LGTBI y otros sectores, pues su visión de inclusión y su trabajo le hizo acreedor del respeto de la comunidad del norte del país y del mismo partido.
En su primera incursión en la política, los miembros de la comunidad LGTBI no llegan por diversos factores, el principal, la discriminación y estigmatización de que fueron objeto.
Pero el estudio hecho por este consorcio de organizaciones en una encuesta a 748 miembros de la comunidad LGTBI revela otras agendas de interés de la comunidad, entre ellas el respeto a sus derechos humanos, la seguridad y el acceso a la justicia, mecanismos de participación de las personas y servicios amigables de salud.
Asimismo, del lado de los partidos políticos, a quienes entrevistaron para fines del estudio, consideran que las acciones que deben trabajar desde su interior se deben enfocar en garantizar la ciudadanía plena y derechos humanos de las personas LGTBI, así como los mecanismos para que la comunidad participe de forma activa en la política, además del acceso a la justicia y a la seguridad.
Los partidos políticos aceptan que hasta ahora la agenda de la comunidad LGTBI no era prioridad porque sus reglamentos internos son muy rígidos, pero se estima, han empezado a cambiar.
Por ahora, la comunidad LGTBI ha percibido mayor apertura en los espacios de inclusión en el Partido Anticorrupción (PAC) con un 39%, seguido de LIBRE con 15%, el Partido Nacional con 12% y el Partido Liberal con 4%. El resto de los partidos no es de la preferencia de la comunidad a participar porque no visualizan apertura. De los minoritarios, el partido que se ha abierto un poco, según la percepción de la comunidad LGTBI, es el PINU.
Pero el estudio indica que un 26 por ciento de los consultados e integrantes de la comunidad LGTBI no tiene preferencia por ningún partido político y demandan entre sus planteamientos que les gustaría la existencia de un partido político más incluyente, libre de corrupción, entre otras demandas. Ellos al igual que el resto de la sociedad, demanda mayor compromiso y credibilidad de los partidos políticos.
No obstante, en los comicios generales de 2017, su presencia se hará sentir ya sea en cargos de elección o en el activismo a mayores estadios, ellos quieren abrir camino en su lucha por la inclusión y la participación igualitaria en los partidos políticos y sus agendas son claras: seguridad, acceso a justicia, salud, reivindicación de derechos.
