Tegucigalpa – El comisionado del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Héctor Díaz, manifestó que se le debe hacer una consulta previa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de ejecutar la resolución del pago de pensiones a docentes jubilados con la Ley de 1980.
Esta semana, la Sala Constitucional de la CSJ ordenó que se les pague la pensión a los docentes jubilados con la Ley de 1980, eliminando la reforma de 2012.
Comentó que en los incisos tres y cuatro del fallo establece que, para realizar los pagos, Inprema debería tener un plan financiero para montar un programa presupuestario.
“Debemos consultar a la Corte Suprema de Justicia si ese plan financiero va en función de la asignación financiera o de la solicitud que recibamos”, mencionó.
Díaz reveló que en la base de datos de Inprema hay unos ocho mil maestros jubilados que reciben pensión de la ley de 2012, pero que empezaron su cotización con la normativa de 1980.
Sin embargo, señaló que hay unos docentes que empezaron a recibir su pensión con la Ley de Inprema de 2012, cuyo beneficio económico es superior a la normativa de 1980.
¿Qué vamos hacer con esos maestros?, ¿vamos a congelarles la pensión, vamos a pedir que devuelvan el beneficio o podrán conservar el derecho de retirarse con la ley de 2012?, se preguntó el comisionado.
Manifestó que sí le tienen que pagar con Ley de Inprema de 1980 en base al presupuesto de la institución no tendrán problemas para darles la pensión.
No obstante, advirtió que si se le tiene que pagar la pensión en base a la solicitud de los maestros. “Eso nos triplicaría el déficit y no podríamos resistir el colapso de la institución”, alertó.
Estimó que los costos podrían llegar a 30 mil millones de lempiras si tienen que pagar pensiones en base a las solicitudes y ascendería a un total de 120 mil millones.
Indicó que se requiere de tiempo para revisar las pensiones, reajustarlas y hacerle un escenario individual a cada profesor. AG
