spot_img

Comisionado de Derechos Humanos condena ejecución de dirigentes sindicales

Tegucigalpa.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, condenó hoy el asesinatote tres personas, entre ellas, las dirigentes sindicales Altagracia Fuentes y Yolanda Virginia Sánchez, en el sector norte de Honduras, y demandó investigar este hecho violento hasta dar con él o los responsables y aplicarles todo el peso de la Ley.
 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos lamenta tener que referirse a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de personas, ocurridas por la inseguridad pública y la indefensión, en la que vivimos la mayoría de los habitantes”, dijo Custodio.

Según el defensor de los derechos humanos, este hecho violento que dejo además, ocho personas heridas sólo refleja la situación general de inseguridad pública que se vive en el país.

Custodio se solidarizó con la familia de las víctimas y urgió de las autoridades competentes la debida investigación del caso hasta su esclarecimiento y lograr que se castigue con todo el peso de la ley al o los responsables de este abominable crimen.

“Dejamos constancia de nuestro decidido empeño de luchar contra la impunidad en la que se cobijan los que atentan contra la integridad y la vida de las personas”, enfatizó el funcionario.

Altagracia Fuentes fungía como secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH); Yolanda Virginia Sánchez era dirigente del Sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional, (INFOP), en la zona norte hondureña, y Juan Bautista Aceituno que conducía el vehículo en el que fueron ejecutados.

En lo que va del año, cerca de 50 mujeres han perdido la vida en circunstancias violentas y unas 950 entre los años 2002 y 2007.

Ramón Custodio, titular del CONADEH, considera que el femicidio, definido como la muerte violenta de mujeres ya sea producto de un asesinato, homicidio o parricidio, por el hecho de ser mujer, se constituye como la mayor violación a los derechos humanos por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales.

Al respecto, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos cuestionó que el asesinato de mujeres ha producido un enorme daño a la democracia y a sus instituciones, afectando la credibilidad y eficacia de los Estados que han demostrado ser incapaces de ejercer justicia y brindar seguridad a las mujeres.

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img