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Comisión de Reforma tiene el desafío de reenfocar la Seguridad en Honduras, advierte experta socióloga

Introducción: La socióloga Mirna Flores, catedrática de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es una de las pocas personas civiles expertas en temas de seguridad. Fue la primera directora del Observatorio de la Violencia y actualmente elabora su tesis de doctorado en seguridad y violencia comparando la situación de varios países centroamericanos. Ella sabe de lo que habla, y accedió en su escaso tiempo, a dar una entrevista a Proceso Digital abordando algunos aspectos centrales que permitan dar luces para la mejor toma de decisiones a las autoridades en materia de Seguridad.
 

Junto a Leticia Salomón, Julieta Castellanos e Hilda Caldera, han roto el mito de que la seguridad es asunto de hombres uniformados y no de mujeres, máxime si son civiles. Una estudiosa en su campo, donde ha despuntado por sus investigaciones, la socióloga Flores plantea que llegó la hora de ver el problema de la seguridad con un enfoque más responsable, que el siniestro en la cárcel de Comayagua es repetición de viejos hechos que pudieron ser atajados y que la policía hondureña tocó fondo. No vale la tesis, a su juicio, de “algunos malos” policías y explica el porqué ese discurso cae por su propio peso con el caso de los estudiantes universitarios. Esa nueva mirada de los hechos, desde la óptica civil de una experta, es lo que hoy ofrece a ustedes Proceso Digital:

P.- En materia de seguridad,¿hacia dónde debe reenfocar sus políticas el actual gobierno?

El debate informado y el conocimiento objetivo de la magnitud de los problemas son dos de las condiciones para la formulación de la política pública en el tema de la seguridad ciudadana, sólo sobre esa base se pueden concertar las estrategias de corto, mediano y largo plazo. Eso parece trivial, pero no se hace.

Sabemos que el problema de la inseguridad en este momento es uno de los dos problemas más sentidos por la población hondureña. Pero que además esa percepción de vivir en un país inseguro tiene bases reales y objetivas. El Observatorio de la Violencia, de manera sistemática durante ocho años continuos ha venido presentando las cifras de la violencia en el país. Y de acuerdo a los datos, se sabe que Honduras tiene una de las tasas más elevadas de homicidios en el mundo: 82.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2010 y 86 homicidios por cada 100,000 habitantes, año 2011.

Más del 83% (2010 y 2011) de las muertes violentas son provocadas por armas de fuego y una Ley de Armas en Honduras sumamente flexible permite que todo ciudadano mayor de 18 años tenga derecho a tener 5 armas de fuego. Las mayores víctimas de las muertes violentas son los hombres, 93% en 2010 y 2011. Las mayores muertes se producen los fines de semana, 36.1 % (2010).

Las ciudades más violentas del mundo se encuentran en Honduras: La Ceiba (158.2), San Pedro Sula (147.8), Juticalpa (128.9), Santa Bárbara (119.8), Yoro (107.9). Y en los departamentos del país con mayor violencia se ha ampliado y fortalecido la narcoactividad.

Se han incrementado las muertes violentas por conflictos por la tierra: 34 asesinatos registrados en 2010.El incremento de muertes por secuestros: 20 víctimas asesinadas en (2010).

Con esta información objetiva tenemos los elementos para priorizar una política pública donde la reducción de la tasa de homicidios de manera sostenida es un imperativo, eso significa revertir ese crecimiento de más del 227% que se ha experimentado en estos últimos ocho años; también se debe ejercer un control sobre la circulación ilegal de las armas de fuego para reducir las muertes por armas de fuego y reenfocar la política reactiva frente a la delincuencia que ha primado en el país, dando más espacio a una política preventiva para combatir el delito. Se deben crear los observatorios municipales para que sean las fuerzas en el nivel local junto a sus autoridades las que den respuesta a los problemas locales de la seguridad. Además se debe buscar respuestas a los niveles de conflictividad social en la región del Bajo Aguán y otras donde aflora el conflicto sobre la tierra.

Uno de los graves problemas del país es que la realidad nos sobrepasa, los problemas se vuelven a presentar en mayor grado e intensidad una y otra vez y los políticos vuelven a sus promesas incumplidas. Un ejemplo de esto es lo que recién ha pasado en el Centro Penitenciario de Comayagua este martes 14 de febrero por la noche donde un siniestro que pudo haber sido evitado ha dejado más de 350 privados de libertad muertos, ese es un hecho realmente inhumano, pero ese hecho es, además, una repetición de hechos como fue la masacre de la Granja Penal en El Porvenir en 2003 que dejó 69 asesinatos y 39 personas privados de libertad y el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula que cobró la vida de 107 personas privadas de libertad en 2004. Las propuestas de solución de los centros penales como la aprobación de la nueva Ley del Sistema Penitenciario y la creación del Instituto Penitenciario mediante la cual se separa la administración de los centros penales de la función policial vienen siendo planteadas desde hace muchos años.

P.- ¿Cómo ve la creación de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública? ¿Plantea algunos aspectos novedosos que siembren esperanzas de cambio?

R.- La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública es el resultado de un valioso esfuerzo por enfrentar la deteriorada situación de seguridad ciudadana del país. Y las expectativas de cambio que se siembran sobre ella están relacionadas con el contexto en que se crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública.

La propuesta de creación de la Comisión es una iniciativa de la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y el equipo de académicos que la acompañan. La muerte de los dos estudiantes universitarios, Rafael Alejandro Castellanos, hijo de la Rectora de la UNAH y el estudiante Carlos David Pineda el 22 de Octubre de 2011 y poco después la muerte del ingeniero Alfredo Landaverde, un crítico de la corrupción policial, son hechos que pusieron a la luz pública la crisis de la institución policial y la crisis de la investigación criminal en el país.

La acción de asesinato, robo, complicidad policial, encubrimiento y obstaculización de la investigación de la muerte de los jóvenes universitarios recibió el rechazo profundo de la ciudadanía. Al calor de ese hecho aumentaron las denuncias de los abusos policiales y la crítica a los órganos encargados de ejercer el control interno de la misma policía y de los otros operadores de justicia.

La muerte de periodistas y abogados, el atentado contra el diario La Tribuna y otros hechos dejaron expuestas las fallas de la investigación criminal agudizando la crisis al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía por la percepción de impunidad que esto crea. Su creación obedece a la fuerza impulsada por las víctimas y la sociedad, no por los poderes del Estado

Es importante no olvidar estos hechos porque esto es lo que genera una propuesta de la creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, iniciativa que fue aprobada en el Congreso Nacional. Y también lo que puede garantizar que no sea una comisión más dentro de las muchas comisiones que se crean dentro del engranaje del Estado.

La esperanza de cambio que se debe cifrar en esta, sino que en la fuerza que tiene una iniciativa emprendida por las víctimas. La Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, la madre de Carlos Pineda, Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde son las que han logrado arrancar de los políticos y del gobierno el compromiso para iniciar el proceso de reforma policial y del sistema de seguridad. Las propuestas no salen del seno de una policía que se ha mostrado renuente a verse así misma como parte de esos procesos de cambio.

P.- ¿A qué atribuye que haya avanzado tanto el deterioro de la policía?

R.- Uno de los temas de debate que generó la actual crisis policial es si el involucramiento de miembros de la policía en la muerte de los jóvenes universitarios es el resultado de la acción de unos pocos malos policías o si la institución policial está afectada severamente por la corrupción, el abuso y la acción delincuencial.

Si la policía hubiese puesto desde el primer momento a disposición de la justicia a los miembros directamente involucrados en el asesinato de los jóvenes universitarios hubiésemos estado frente al problema de malos elementos policiales involucrados en hechos delictivos. Pero desde el momento que son miembros policiales los que impidieron que los implicados en las muertes fueran llevados a la justicia, obstaculizando el proceso de investigación, el problema quedó colocado en la institución policial, en la corrupción, impunidad e ineficiencia institucional.

Con esto lo que queremos decir es que el deterioro de la policía se produce porque muchos de sus miembros, en todos los niveles, desde los más altos a los niveles más bajos aparecen coludidos con la corrupción, delincuencia, la criminalidad y la impunidad.

Un aspecto preocupante que afloró en estos casos, pero que también se venía observando desde antes en el desempeño policial en las tareas de seguridad pública y particularmente en la forma en que la Policía Nacional enfrentó la protesta social con el golpe de Estado fue la agresividad, el irrespeto, la violencia e impunidad con que se trató a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta. Esto ha llevado a la ciudadanía a preguntarse ¿cómo están siendo formados los cuerpos policiales en el interior de las escuelas y academias policiales?

El deterioro de la institución policial es el resultado de una policía que se ha visto rebasada por la delincuencia y la criminalidad por el ritmo de crecimiento del fenómeno y los bajos estándares de eficiencia policial, a lo que contribuyen los bajos niveles de formación y capacitación de la policía, sobre todo de la escala básica. Por otra parte, la corrupción policial y el involucramiento de la policía en acciones delincuenciales le ha restado credibilidad frente a la ciudadanía y frente a las comunidades.

P.- Tres años, ¿serán suficientes para dar al país una nueva policía?

R.- Tres años deben ser suficientes para cumplir con el mandato para el cual fue creada la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública: vigilar que se lleve a cabo la investigación de los policías y otros operadores de justicia involucrados en delitos; garantizar el mejoramiento de la investigación criminal y la persecución penal del delito. Y, garantizar la reforma policial. Con estas acciones estaríamos en el camino para construir una nueva policía.

P.-¿Qué riesgos avizora que puede enfrentar en su trabajo la Comisión de Reforma?

R.- A mi criterio dos son los riesgos que puede correr la comisión: el primero, que a partir de una gama de funciones que se han asignado, se diluya el trabajo de la comisión eso le puede restar efectividad. El segundo, que no se le dé el poder y los recursos que necesita para funcionar y cumplir con su mandato, lo que le impediría desarrollar las facultades suficientes para transformar las carencias actuales del sistema de seguridad ciudadana.

Entre las diversas funciones que se le han asignado, a mi criterio las más importantes son: la formulación de la propuesta para la depuración policial y de otros operadores de justicia; vigilar que la nueva Dirección de Investigación de la Carrera Policial investigue en toda su estructura policial desde la cúpula hasta la base los actos de corrupción, violaciones de derechos humanos, abusos policiales, vínculos de la policía con el crimen organizado, con las pandillas o cualquier otra estructura delincuencial; vigilar que se investigue la procedencia del patrimonio de los miembros de la policía, cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Otras funciones importantes es recomendar la ubicación, funciones y estructura del órgano de investigación criminal; así como proponer reformas en el proceso de reclutamiento y selección de la Policía Nacional, para la formación profesional y académica de los policías en todos los niveles. Tres años son suficientes para dejar una nueva policía y presencia internacional garantiza blindaje a presiones internas

P.- ¿Qué garantiza, en términos de seguridad, la presencia internacional en esta Comisión?

R.- La presencia internacional es un mecanismo que permite la credibilidad internacional y nacional de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Además que la despoja un poco de las presiones internas para actuar.

P.-¿Cuál debe ser el aporte de la academia y los medios de comunicación a este proceso de reforma en seguridad policial?

R.- Los centros, facultades, institutos de la UNAH deben procurar contribuir con la producción de conocimiento científico en los temas de seguridad al proceso de reforma de la seguridad pública en el país. Además la UNAH debe hacer uso de la facultad de revisar los planes de estudio de la policía.

Los medios de comunicación han jugado un papel central en la crisis, sacando a la luz pública la información, deben darle seguimiento a la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública

P.-De su experiencia, ¿cómo el fenómeno de la inseguridad está golpeando a los países del triángulo norte? ¿Cuáles podrían ser a grandes rasgos algunas particularidades de los países que conforman el norte de Centroamérica?

R.- Los países del denominado “triángulo del norte” viven con mayor intensidad el problema de la delincuencia y la criminalidad. Es la subregión que está siendo más afectada por la violencia que causa la pérdida de vidas humanas, así lo reflejan las tasas de homicidios del año 2008: Honduras con 58 muertes por cada 100,000 habitantes; El Salvador, 52 muertes por cada 100,000 habitantes; y Guatemala con 48 muertes por cada 100,000 habitantes. Tasas superiores a las de Nicaragua, y Costa Rica que tienen 13 y 11 muertes por cada 100,000 habitantes. (Informe de Desarrollo Humano para C.A., PNUD, 2009).

Dos de los problemas más graves que enfrentan los países del norte de Centroamérica es el tráfico de drogas por las estimaciones del gran flujo de droga que llega a Estados Unidos a través del corredor de Centroamérica y el crecimiento de la violencia que tiene como víctimas a los jóvenes.

Esa combinación de inseguridad objetiva y subjetiva, hace que el fenómeno de la delincuencia y la inseguridad en los países del denominado ¨ triangulo norte¨ tenga un potencial ¨desestabilizador¨ del sistema político porque los ciudadanos frente al crecimiento del delito se inclinan con las medidas de corte autoritario.

Uno de los riesgos que esta presentado el crecimiento de la inseguridad ciudadana en nuestros países es el mismo repliegue del Estado frente a la delincuencia, la pérdida de confianza y la deslegitimación de las instituciones como está sucediendo en Honduras.
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