Para el lunes de la próxima semana se ha anunciado la cita con el presidente interino, Roberto Micheletti, quien, desde su puesto como presidente del Congreso Nacional, primero, y luego como sucesor de Zelaya en la presidencia de la república, se convirtió en uno de los actores principales de la peor crisis política de Honduras en los últimos 30 años.
Micheletti no vaciló cuando le tocó enfrentar a su correligionario, quien desde la presidencia de la República impulsaba el proyecto de la cuarta urna, a pesar de las consideraciones legales en contra de la misma.
La cuarta urna enfrentó a los dos políticos.
En noviembre de 2008 cuando Zelaya anunció que enviaría al Congreso Nacional un anteproyecto de ley encaminado a que en las elecciones generales de 2009 se consultara al pueblo si estaba o no de acuerdo con llamar a una asamblea nacional constituyente, Micheletti respondió enérgico: “Que no sean los tragos ni la droga los que obnubilen a ciertos ciudadanos, estamos dispuestos a defender la democracia”.
La pugna concluyó el 28 de junio con la salida de Zelaya del poder, justo el día en que se aprestaba a realizar su consulta popular con la bendición de los gobiernos del ALBA, quienes mandaron sus observadores al proceso.
Micheletti contará el lunes a los miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, su versión de los hechos.
Igual sucederá días después con el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el ahora gerente de la estatal Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Romeo Vásquez.
Vásquez, quien en muchos tramos previos a la crisis del 28 de junio, juró lealtad a Zelaya, terminó siendo destituido del cargo por su otrora protector, justo el 24 de junio de 2008, a tan solo cuatro días de la fecha establecida para la consulta de la cuarta urna.
La crisis para entonces estaba al rojo vivo.
Tras el anuncio de la destitución de Vásquez del cargo porque se negó a acompañarlo en su cruzada de la cuarta urna, el entonces ministro de Defensa, Edmundo Orellana renunció al cargo, y el presidente le aceptó la renuncia.
El ahora funcionario público, quien actualmente se niega a hablar en público de su participación en la crisis, deberá recordar esta semana detalles de su participación en la crisis y contársela a los miembros de la CVR, instituida para buscar los hechos ciertos antes y después del 28 de junio de 2009, que les lleve a alcanzar la reconciliación nacional, con el fin de afianzar la democracia hondureña.
El coordinador de la CVR, Eduardo Stein, dice que en su agenda está la plática con Manuel Zelaya Rosales, quien desde su lujosa residencia en República Dominicana ha desconocido la Comisión creada a instancias de organismos internacionales.
“En nombre del Gobierno del Poder Ciudadano que me honré en presidir hago este llamado público para que ningún funcionario colabore con esta Comisión, mientras la misma no esté conformada con las exigencias y requisitos que debe cumplir una genuina e imparcial Comisión de la Verdad», dijo Zelaya en un comunicado divulgado en Tegucigalpa en junio de 2010.
«Debemos ser cautos y mantener una posición sólida, firme y unánime en el sentido de que si otros miembros nacionales e internacionales opuestos al golpe no son incluidos dentro de esta Comisión de la Verdad, no avalaremos sus informes ni sus conclusiones y no cooperaremos con la misma», señaló Zelaya en su comunicado.
Si bien, hasta hoy, Zelaya no ha cambiado, al menos en público su posición frente a la Comisión de la Verdad, Stein mantiene la esperanza de que ese encuentro se realice como está programado.
Sin entrar en detalles, dijo que la posibilidad de que Zelaya no quiera reunirse con ellos “es una eventualidad que por ahora vemos remota”.
“Yo creo que se están dando las condiciones para que esta entrevista pudiese tener lugar”, adelantó.
Es más, Stein fue más allá al revelar que esa entrevista podría darse en Honduras, pues hay “elementos nuevos en la agenda que sugerirían la posibilidad de que en unas pocas semanas él podría estar de vuelta en Honduras”.
Hasta hoy, la CVR se ha reunido con al menos 20,000 líderes en todos los departamentos del país, a quienes han expuesto sus objetivos y metas, y de quienes han escuchado su participación y puntos de vista sobre la crisis política.
Su meta es concluir con las entrevistas en diciembre, proceder de inmediato a la redacción del informe final, el que será hecho público en marzo de 2011.