Tegucigalpa – Hace 12 años permanece vigente una ley que prohíbe portar armas en Colón, pero paradójicamente es uno de los departamentos donde más personas mueren a causa de la violencia. Allí confluyen las operaciones del narcotráfico al tenor de una pujante zona agrícola del Aguán hondureño.
– Un policía para resguardar a 900 personas, eso hace que el crimen organizado y la delincuencia común sean mayoritarios ante la seguridad.
– Según los datos estadísticos de la Policía Nacional un total de dos mil 314 homicidios se han registrado en los últimos 12 años en ese departamento.
El departamento caribeño consta de 10 municipios con una población estimada de 359 mil personas, de acuerdo al último censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Desde aquí la representación en el Congreso Nacional la desempeñan cuatro diputados, quienes no han podido empujar la eliminación del decreto 119-2012 que prohíbe la portación de armas.
Esta zona con un cóctel de problemas ciudadanos que se mediatizan por una creciente criminalidad común y organizada, eterno conflicto de invasiones de tierras, estela de ejecución de líderes ambientalistas, azote del cambio climático, florecientes plantaciones de cultivos ilícitos y los históricos cortes de energía.
Lo anterior significa que sólo un policía es encargado de resguardar a casi 900 personas, lo que es imposible para las autoridades de seguridad mantener el control en esa zona que es conocida como cuna del narcotráfico.
Es el cuarto departamento más grande de Honduras con 8 mil 249 kilómetros cuadrados, colinda con Olancho, Yoro, Gracias a Dios y Atlántida, considerados parte de la ruta del trasiego de drogas que viene desde el sur hacia el norte del continente.
Iriona y Tocoa, dos de sus principales municipios, se consideran como epicentros de las siembras de coca y de marihuana. Aquí Los Cachiros reinaron por décadas y aunque sus cabezas enfrentan la justicia de Estados Unidos, microcárteles se encargan ahora de la producción local de drogas.
Clamor de productores
En los últimos días, varios sectores productivos coloneños exigen al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo que derogue el decreto de prohibición de portación de armas, tal cual como eliminaron la extradición, sin embargo, los entes de seguridad advirtieron que derogar ese decreto dispararía, aún más, las muertes violentas en esa zona, por lo que sugieren instalar mesas de diálogo para buscar soluciones a la problemática.
Los agricultores y ganaderos que se reunieron tanto en Sonaguera, como en Tocoa, y otros lugares de ese departamento acordaron que se mantienen firmes en el bloqueo de entradas y salidas.
La petición de los quejosos es que se derogue el decreto 119-2012 que prohíbe portar armas legales en Colón. Los grupos que exigen la derogación de la normativa aducen que ni el gobierno ni el Congreso Nacional les da respuesta y se mantienen en silencio por lo que avizoran endurecimiento de las medidas de presión.
Según los pobladores de ese departamento, los delincuentes comunes y organizaciones criminales sí están armados y el resto de la población, que es la fuerza productiva del territorio, están en indefensión.
Prohibición de armas
Han pasado ya 12 años desde que el Congreso Nacional aprobó una reforma legal para implantar la suspensión del porte de armas en el caribeño departamento de Colón. Desde el 1 de agosto de 2012 se aprobó la medida ante las muertes violentas que se registraban en la zona y que además ubicaban a Honduras como el país más violento del planeta con 88 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Por ese tiempo el poderoso cártel de Los Cachiros mostraba su músculo en el mundo del hampa. La situación del narcotráfico se matizaba con una violencia que se generaba por conflictos agrarios que dejaron decenas de muertos en un corto tiempo.
Aunque la medida de prohibir portar armas no solucionaría del todo el conflicto en Colón, los legisladores señalaron en su momento que “contribuiría a reducir la violencia”.
Inseguridad
Mauricio Ártica, presidente de la Asociación de Ganaderos de Colón, indicó que los productores y población de Colón viven “en total inseguridad”, por lo que se oponen a la prohibición del porte de armas a civiles.
Señaló que los últimos dos años se han agotado todas las instancias nacionales para que se derogue la reforma a la Ley sobre Control de Armas, Municiones y Explosivos aprobada por el Parlamento hondureño en 2012.
Ártica, detalló que en el presente año, Colón ha sido escenario de un conflicto entre campesinos y terratenientes que ha cobrado la vida de más de un centenar de personas, en su mayoría labriegos, según datos de organismos de derechos humanos y de la misma Policía Nacional.
“Vamos a estar aquí por tiempo indefinido hasta tener respuesta, ya que desde hace varios años estamos exigiendo que se derogue ese decreto. La gente honrada, los dueños de negocios y empresarios están desarmados para defender sus bienes y los delincuentes si andan armados para asaltar y matar en Colón”, recriminó.
Mesas de diálogo
Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que se conformará una mesa de diálogo con las organizaciones de Colón para resolver las molestias de la población mediante decreto que prohíbe el porte de armas en esa zona caribeña.
Sostuvo que el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, se encuentra en Colón y entabló un diálogo con los manifestantes para que instalarán una mesa de diálogo.
Sostuvo que sostendrán una reunión entre los empresarios y ganaderos de la zona para iniciar las mesas de diálogo y buscar soluciones a la problemática.
Según Sánchez la prohibición de armas en esa zona del país ha logrado rebajar en un 30 % en el presente año las muertes violentas.
Salvoconductos
Mientras que el diputado por el Partido Libre, Ramón Soto, dijo que dicho decreto tiene dividida a la población de la zona, pero no es la mayoría la que se ha pronunciado al respecto. Adicionó que la ley es injusta porque tiene que ser de carácter general, pero esta ley tiene 12 años y ha caído en la ilegalidad.
“Antes cualquiera andaba un arma y la gente no quiere volver a eso, pero si hay que buscar el menos mal de los males, y una salida son los salvoconductos y que cumplan con los requisitos para que de forma legal puedan portar un arma”, manifestó.
Indicó que la idea en su principio fue buena porque cualquiera andaba armado, pese a pasar el tiempo, los crímenes siempre se siguen dando, por lo que el tema es de seguridad y dar respuesta a los empresarios, campesinos y agricultores.
“La clave está en los salvoconductos, si se les garantiza un reglamento claro estas personas van aceptar”, aseguró
Dijo que hay 35 mil armas en custodia de las fuerzas del orden que han sido decomisadas en ese departamento desde la puesta en vigencia del decreto.
Señaló que el tema del narcotráfico debe de abordarse de forma integral tanto en los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios.
Una reforma y no derogación
A criterio del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento hondureño, Rafael Sarmiento, señaló que el decreto legislativo podría ser reformado para que las personas que necesitan portar armas tengan un salvoconducto.
“El decreto debe de tener una reforma para que puedan tener un salvoconducto las empresas que lo necesitan”, detalló.
Señaló que es un tema de seguridad social por la conflictividad que existe en la zona.
Según algunos operadores de justicia, la derogación del decreto podría generar una violencia generalizada, por lo que no se puede huir al debate, sostuvo.
Indicó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por la presidenta Xiomara Castro, es el ente encargado de decidir si se deroga o reforma el decreto para suspender la prohibición de armas a civiles en Colón.
Diputada pide se derogue decreto
En su momento, la diputada del Partido Nacional por el departamento de Colón, Ariana Banegas pidió la derogación del decreto de portación de armas en ese sector caribeño del país ante el aumento de las invasiones, extorsión, asaltos y criminalidad.
La parlamentaria exigió al gobierno tomar acciones porque es obvio que el estado de excepción no ha dado frutos, por lo que deben de ser más incisivos en el combate al crimen organizado, corrupción y extorsión.
Sostuvo que la criminalidad en el país ha aumentado, pero la violencia en ese departamento de Colón es aún mayor “tenemos las invasiones de tierra, extorsión, a diario se registran entre cuatro a seis muertes violentas y esto es preocupante”.
Gobernador pidió uso de armas
Por su parte, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez y también gobernador del departamento de Colón desde abril del año pasado viene pidiendo que se permita el uso de armas.
Indicó que el clamor del departamento se ha venido dando en los últimos años, es por eso que se ha solicitado la suspensión de dicho decreto para que se permita la portación de armas.
Acentuó que las autoridades civiles no pueden portar armas, ni tener personas que protejan la vida de algún funcionario por dicha prohibición, por lo que los comerciantes que se ven perjudicados con la medida han solicitado a la alcaldía solicitar la derogación de la prohibición.
Señaló que los productores de palma africana también necesitan mantener bajo vigilancia sus plantaciones y los guardias de seguridad deben portar sus armas.
Sostuvo que la circulación de armas siempre ha existido, pero en manos equivocadas, en personas ligadas a grupos criminales que buscan siempre hacer daño.
El alcalde Adán Fúnez, que recién apareció en un narcovideo junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una reunión con capos de droga pactando “el aporte de dinero” para la primera campaña de Libre de 2013.
Igualmente, al edil Fúnez se le acusa -por parte del padre Carlos Orellana- como el responsable del asesinato del ambientalista Juan Antonio López, un hecho que ha conmocionado la sociedad e incluso a la cooperación internacional que exige prontas respuestas al suceso que privó de la vida del defensor del ambiente.
Juan López fue asesinado a balazos justamente en la tierra que defendía y en la que se mantiene vigente un decreto que no permite la portación de armas.
Dos mil 314 homicidios en 12 años
Según los datos estadísticos de la Policía Nacional un total de dos mil 314 homicidios se han registrado en los últimos 12 años en ese departamento.
En 2013 se reportaron 244 homicidios, en 2014 sumaron 257, en 2015 se registraron 208, en 2016 un total de 169, en 2017 la cifra fue de 140, en 2018 sumaron 154 y en 2019 un total de 164.
Mientras que en el 2020 las muertes violentas fueron de 159, en 2021 un total de 222, en 2022 se registraron 244, en 2023 un total de 240 y en el presente año hasta el 8 de septiembre suman 113 homicidios.
En los últimos 12 años en ese departamento del país han sido asesinados 16 agentes policiales, algunos de estos en emboscadas de grupos criminales.
Estela de muertes y narcotráfico
El conflicto en el departamento de Colón ha dejado por años una estela de luto y dolor entre las familias, mayoría de las personas fallecidas en el Bajo Aguán por conflictos de tierras, ambientalistas, aunque también se cuentan entre las víctimas guardias de seguridad de privada de fincas que han sido invadidas por los labriegos, asimismo, por peleas de territorio de grupos criminales.
Los ambientalistas se oponían al desarrollo de un proyecto minero en el río Guapinol argumentando que perjudicaba el parque Carlos Escaleras.
Ese caribeño departamento se le considera la cuna del narcotráfico ante la incautación y aseguramiento de plantaciones de coca y marihuana.
Asimismo, el desmantelamiento de narcolaboratorios y capturas de capos, cuna de las organizaciones del hampa Los Cachiros y Montes Bobadilla.
Operación candado
El lunes 21 de agosto de 2023, fue lanzada la Operación Candado en el departamento de Colón con el objetivo de bajar los índices de criminalidad en esas zonas del país.
En ese momento, el ministro de seguridad, comisionado general Gustavo Sánchez Velásquez, lanzó la Operación Candado para ejecutar operaciones estratégicas especiales en puntos definidos contra grupos criminales y brindar seguridad a los ciudadanos.
Con más de 400 funcionarios de seguridad se intervienen diferentes sectores mediante patrullajes a pie, retenes fijos, saturaciones por medio de vehículos radiopatrulla y utilizando la herramienta del estado de excepción parcial.
Estas acciones son ejecutadas con el fin de erradicar los grupos delictivos organizados, evitar la comisión de faltas, delitos y atentados contra la vida, asimismo contra la integridad física de los hondureños y la interrupción del orden público.
Lo que ocurre en Colón con un decreto vigente que prohíbe portar armas y a la par altos índices de violencia es tan solo una muestra de la inacción de las autoridades pese a una normativa encaminada a bajar la criminalidad y proteger a la ciudadanía. IR
