Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica ya ha dado orden de colaborar en la búsqueda.
«Puedo garantizar que las autoridades costarricenses están colaborando de la mejor manera posible con Colombia para poder determinar si la señora Hurtado está en Costa Rica», dijo Laura Monge, la fiscal de la Oficina de Relaciones Internacionales del país centroamericano a RCN Radio.
Con este trámite se oficializa la orden de deportación emitida por la Fiscalía de Colombia el pasado martes, que debía pasar necesariamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores al tratarse de un requerimiento diplomático.
«Lo que se pide a las autoridades de Costa Rica es que, si encuentran a Hurtado, la devuelvan a Colombia, aunque lo que sabemos por el momento es que no se tienen registros oficiales de su entrada el país, por lo que parece que ingresó de forma ilegal», dijeron a Efe fuentes judiciales.
Hurtado dirigió entre 2007 y 2009, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o central de inteligencia, organismo liquidado por una trama de espionaje contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Un año después de destaparse el escándalo, la funcionaria recibió asilo en Panamá, durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El Ejecutivo de Santos, quien sucedió a Uribe, solicitó su extradición en 2011 para que respondiera por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Pero desde que las autoridades panameñas revocaran hace pocas semanas su condición de asilo al considerarla inconstitucional, se desconoce el paradero de Hurtado.
Mientras Panamá asegura que «no tiene constancia» de la salida de la exfuncionaria, el Gobierno de Costa Rica indicó el pasado miércoles que la Cancillería colombiana les envió una nota en la que se sugería la posibilidad de que Hurtado hubiese cruzado de manera ilegal la frontera.
En su declaración radiofónica, Monge destacó que las autoridades de su país «entienden» que la exjefa de inteligencia colombiana no dispone de documento legal, por lo que, en caso de encontrarla, se procedería sin demoras a su deportación.
