Tegucigalpa – La junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó categóricamente las acciones de coacción ejercidas por un funcionario municipal en San Pedro Sula contra la periodista Lisseth García, de Diario La Prensa, al condicionarle una entrevista a la firma de una declaración jurada.
El titular de la Dirección de Servicios Especializados de la Municipalidad sampedrana, Jonathan Cardona, solicitó indebidamente el documento legal como requisito para brindar información relacionada con temas de interés público, lo que el gremio calificó como un atentado contra la libertad de prensa y el derecho constitucional de acceso a la información.
«Esta acción constituye un claro irrespeto al derecho constitucional de acceso a la información, que las instituciones están obligadas a garantizar», señaló el CPH en un comunicado.
La organización expresó su respaldo absoluto a la periodista afectada y exhortó a las autoridades competentes a investigar el hecho para evitar que se repitan prácticas que vulneren el libre ejercicio periodístico.
Asimismo, recordó que la Ley de Emisión del Pensamiento establece que la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado son garantías inviolables, y que ningún funcionario público puede limitar o condicionar el trabajo periodístico mediante mecanismos de presión como la exigencia de declaraciones juradas.
El CPH reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia institucional y la libertad de prensa, principios que consideró esenciales para la democracia y el desarrollo del país.LB
