En un comunicado, el COFADEH señaló como responsables de esta situación a los partidos Liberal, actualmente en el poder; Nacional, primera fuerza de oposición, y la Democracia Cristiana “cuyas cúpulas reparten todos los días el presupuesto de la Nación como su botín particular”.
Además acusaron “de cómplices” al Tribunal Nacional de Elecciones, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional.
El COFADEH denuncia en su tradicional comunicado del primer viernes de cada mes, que “existe un Acuerdo de Impunidad para no controlar a la Corte Suprema, Casa Presidencial y Congreso Nacional en la ejecución de sus partidas confidenciales metidas como información reservada en la Ley de Transparencia, que califica la misma como Ayuda Humanitaria, haciendo imposible el acceso a la ciudadanía”.
“Actualmente, el Ministerio Público exhibe desde la Fiscalía General una conducta irresponsable con la ciudadanía al imponer criterios del Partido Nacional y del Partido Liberal para impulsar o frenar casos de corrupción, según convenga a los dueños de esos partidos, por eso está justificada la resistencia cívica y la rebelión ciudadana de la Asociación de Fiscales”, planteó el organismo defensor de los derechos humanos.
También advirtió que “el Poder Judicial está preparándose para arreglar un fallo favorable a las aspiraciones presidenciales del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain, a cambio de negociaciones políticas de cumplimiento inmediato que hermanan otra vez a los dos partidos en el poder”.
“Los diputados de la mayoría de los partidos han distribuido entre junio y julio decenas de millones de lempiras tramitados por Micheletti en concepto de subsidios, y por el Ejecutivo, a través del ministerio de Finanzas en concepto de pago del 1 por ciento del Presupuesto Nacional, tirándose por encima de los planes municipales de desarrollo”, denunció.
Dijo que esta situación está generando “un nuevo tipo de paralelismo a los alcaldes y rompiendo los procesos de descentralización para afianzar el mapa electoral futuro, comprando la conciencia de los líderes sociales de las comunidades”.
“Eso es debilitar el Estado de Derecho y bajar los controles de la corrupción, por lo que pedimos a ambos partidos no rasgarse las vestiduras ante las ruedas de prensa del Embajador (de Estados Unidos en Honduras, Charles) Ford, que tiene razones políticos para enviar mensajes a unos y a otros”, indicó.
Señaló que “sería lamentable que una lectura inadecuada de esta realidad estuviera sirviendo a la Embajada de Estados Unidos para chantajearnos a todos los hondureños con las deportaciones de emigrantes pobres indocumentados o con la posible cancelación de los fondos de la Cuenta del Milenio”.
Finalmente demandó a la cooperación internacional “para que, lejos de estar reviviendo brujas por Managua o Caracas, mejor nos ayuden aquí a depurar la policía corrupta que tenemos, expulsar del Ministerio Público a los abogados defensores de los traidores de la Patria y a evitar que de nuevo los oficiales de las Fuerzas Armadas acaben creyendo que son los nuevos salvadores de Honduras”.
