El punto de partida es ineludible: Honduras solo podrá salir del estancamiento si reconstruye un Estado que se discipline a sí mismo y recupere su misión republicana. Un Estado democrático está llamado a limitar el poder, garantizar derechos, proteger libertades, sostener la igualdad ante la ley y ofrecer bienes públicos esenciales. Cuando esa arquitectura se debilita, el país entero queda sin defensas. Eso es precisamente lo que estas elecciones han revelado con una claridad que abre un nuevo horizonte.
Los resultados, con diferencias mínimas entre Nacionalistas y Liberales, enviaron un mensaje inequívoco: Libre pierde y el bipartidismo retorna, no como una nostalgia del pasado, sino como una corrección democrática ante la ausencia de contrapesos. El votante rechazó la improvisación, la manipulación institucional y el uso patrimonial del aparato estatal. La ciudadanía marcó un alto. Lo que hoy exige Honduras es algo elemental: un Estado que funcione.
Durante años, la discrecionalidad, la centralización del poder y la colonización partidaria de las instituciones desfiguraron la vida pública. Sobre ese deterioro prosperó la narrativa refundacional de Libre, que terminó replicando—y amplificando—los vicios que prometía erradicar: autoritarismo, corrupción, servilismo, manipulación institucional y un clientelismo desbordado, entre otros.
De ese diagnóstico surge la primera conclusión: sin coexistencia política, Honduras será ingobernable.
La experiencia internacional lo demuestra. Francia estabilizó décadas complejas gracias al equilibrio institucional alcanzado en periodos de cohabitación; Chile, Uruguay y Colombia avanzaron cuando comprendieron que, en momentos de fragmentación, los acuerdos entre adversarios son condición para la continuidad del Estado. La coexistencia no es cortesía: es una obligación histórica cuando lo que está en juego es la arquitectura institucional.
De ahí se desprende la segunda conclusión: Honduras necesita una reingeniería institucional inmediata.
No hablamos de retoques, sino de decisiones que restauren los cimientos del sistema público: independencia real de los poderes del Estado; procesos verificables y transparentes para elegir magistrados y autoridades de control; corrección de distorsiones fiscales; y un mercado laboral actualizado que deje de expulsar talento y frustrar trayectorias. A estas prioridades se suman dos urgencias impostergables: un sistema de salud debilitado e incapaz de responder, y un sistema educativo envejecido, desvinculado de las competencias técnicas y digitales que exige el siglo XXI. Por ejemplo, recuperar el empleo por horas—con garantías modernas—es parte esencial de esa agenda, especialmente para jóvenes y mujeres.
La tercera conclusión es tan decisiva como ineludible: Honduras ya no puede sostener un Estado hipertrofiado ni una maquinaria clientelar insaciable.
No existe presupuesto, productividad ni legitimidad democrática que resista nóminas infladas para satisfacer lealtades partidarias. Reducir el tamaño del Estado y desmontar el clientelismo no es un castigo: es una obligación moral y económica. Ninguna economía puede cargar con estructuras improductivas sin condenarse al estancamiento.
La salida responsable pasa por crear condiciones para que la empresa privada pueda invertir, crecer e innovar. El Estado no produce prosperidad: produce el marco institucional para que la sociedad pueda generarla. Reglas claras, seguridad jurídica, respeto irrestricto a la ley y un gobierno consciente de cuándo intervenir y cuándo retirarse son pilares de cualquier nación que aspire a transformarse.
Honduras llega a este punto con un hartazgo legítimo ante la incompetencia, la corrupción y la captura política del Estado. Ese “nunca más” expresado en las urnas exige inaugurar una etapa distinta, donde coexistir para transformar sea la base de un gobierno capaz, transparente y responsable. Nunca más un país sometido al capricho de unos pocos; nunca más un Estado administrado como botín.
Finalmente, a ciudadanía abrió un nuevo rumbo y ahora corresponde al nuevo gobierno demostrar que el bien común puede sostenerse en hechos y no en discursos ni conveniencias. Honduras ha elegido un nuevo tiempo, y el poder deberá estar a la altura de una sociedad que reclama instituciones eficientes, transparentas y orientadas al bien común, instituciones que respondan a la nación entera, no a los partidos.
