Tegucigalpa – Con más de un año en períodos de vacatio legis, el nuevo Código Penal está a dos días de entrar en vigor, en plena pandemia de COVID-19 en Honduras.
– El Poder Legislativo advirtió que solo discutirá una eventual abrogación del Código hasta la próxima legislatura, es decir después del 25 de enero de 2021.
– El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recién llamó a un proceso de revisión y reforma del nuevo estamento jurídico penal.
En la víspera, los reclamos de distintos sectores que aseguran la normativa provocarán un fuerte retroceso en la aplicación de justicia, parecen no escucharse en medio de la zozobra que genera la pandemia en un momento de creciente ola de contagios a nivel de todo el país y con epicentro en la capital, Tegucigalpa.
Mientras quienes apoyan la nueva legislación ocupan espacios mediáticos y realizan eventos para reafirmar lo que llaman las bondades del nuevo código.
La normativa se terminó de aprobar en enero de 2018, tras ser ingresado a la Cámara Legislativa en agosto de 2015. Se anunció como un estamento de vanguardia, con la inclusión de 50 nuevas figuras delictivas, a la estatura de las grandes sociedades del mundo.
Se publicó en el diario oficial La Gaceta en mayo de 2019, con una vacatio legis de seis meses, es decir que entraría en vigencia el 10 de noviembre del mismo año, pero las presiones de organizacionesde sociedad civil y la ciudadanía lograron que se extendiera su vigencia hasta el 10 de mayo de 2020 y la última dejándola para el 25 de junio.
En este último período de vacatio legis no ha se impulsaron reformas y el texto se mantiene tal cual.
El Congreso hondureño aprovechó los últimos 45 días para hacer foros virtuales y defender el instrumento penal previó a su inevitable entrada en vigor, el jueves de esta semana.
Reconocidos profesionales del derecho, muchos de ellos litigantes en los tribunales, han reforzado la teoría del Congreso en el sentido que es un código de avanzada que debe entrar en vigor sin más plazos posibles.
De su lado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha rechazado vehementemente la entrada en vigor del nuevo Código Penal y rechazan incluso discutir reformas, piden la abrogación de este porque consideran beneficiará a los corruptos, violadores, asesinos y narcotraficantes.
Así, otros entes sociales, la academia, la iglesia, el sector privado, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) e incluso defensores privados coinciden que varios articulados no responden a los intereses de la sociedad, especialmente en el combate contra la corrupción, narcotráfico, violencia doméstica, entre otros.
Cardenal pide a diputados que escuchar
Cardenal Óscar Andrés RodríguezEl tema no ha sido ignorado por la Iglesia Católica de Honduras y el cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez pidió en la homilía dominical a los “Padres de la Patria” que escuchen la preocupación verdadera y fundamentada en el nuevo Código Penal.
“No se puede ignorar ni tampoco pensar que una ley puede proteger a aquellos que tienen cuentas pendientes”, cuestionó.
“Con que angustia escuchan algunos las declaraciones en tribunales de otros países de aquellos que han sido extraditados, el que tienen algo que ocultar porque es un delito y un crimen piense en estas palabras”, reflexionó.
Resumió que el que hace el mal debe pedir perdón y restituir lo que se ha robado.
El problema es de legitimidad
Carlos Hernández, (ASJ)El director ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, atribuyó que el problema del nuevo Código Penal es que se aprobó por diputados del Congreso Nacional, muchos de ellos con vigentes procesos judiciales.
“El problema es que puede ser el código más perfecto, pero con los cuestionamientos o la falta de legitimidad social que tiene el Congreso Nacional, eso complica aún más las cosas”, dijo en conversación con Proceso Digital.
Agregó que la ciudadanía no aprueba que diputados tengan cuestionamientos o procesos judiciales y la vez sean protagonistas en el futuro del sistema de justicia del país.
Definió que el Código Penal es un contrato social que define los lineamientos que regirán el sistema de justicia.
Hernández advirtió en su momento situaciones que no eran las adecuadas identificando 100 artículos con problemas de fondo y de forma, en especial los delitos contra la administración pública por el contexto que se da en la actualidad.
Consideró que la nueva normativa penal tiene aspectos generales pese que ese pensamiento causa controversia entre la sociedad indicando que hay individuos que piensan que las cosas son en blanco o negro.
No descartó que hay artículos que pudieron ser modificados de manera intencional y después argumentan que no hay espacio para reformarlos.
El dirigente de sociedad civil no prevé que en el futuro haya una reforma y “soy muy escéptico y tendremos que lidiar con eso y enfrentar las consecuencias”.
45 días desperdiciados
Abog. Jair LópezDesde el punto de vista del abogado penalista Jair López, la nueva vacatio legis aprobada por el Congreso Nacional de 45 días, fueron desperdiciados, porque este poder del Estado no aprovechó la oportunidad para hacer una correcta discusión de las observaciones que presentaron organismos de sociedad civil como de la academia.
“El Legislativo se aferró a la entrada en vigor de la nueva normativa y no escuchó a la sociedad, además ni si quiera explicó por qué esas observaciones no fueron tomadas en cuenta, yo creo que no se cumplió con la expectativa que se tenía de la vacatio legis, por lo que no se pudo corregir nada”, agregó el profesional del derecho.
Consideró que los delitos contra la corrupción pública son demasiado indulgentes porque no mantienen las penas estipuladas en el actual, ya que cuando se trata del tema de licitaciones estatales es permisivo, pero no mantiene esa posición cuando se trata de patrimonio privado afectado por delitos cometidos.
“Por ejemplo el delito de malversación de caudales públicos tiene diferentes tipologías, unas más graves que otras, pero asigna las mismas penas, esto pasa con todos los delitos contra la administración pública, reducen sustancialmente las penas al punto que muchas de estas sanciones quedarán en remplazo de penas y muchas no se van a cumplir”, aseveró López.
Según López, “son muchas inconsistencias que debieron corregirse, la forma en que se aprobó el Código, sin la presencia de todos los diputados, deja serios problemas de legitimidad y credibilidad, además la población tiene muchas dudas, pero lo que sí es claro que este 25 de junio entrará en vigencia y ahí veremos quiénes serán los beneficiados con este Código Penal”.
No deben extrañar procesos de reformas
Arabeska SánchezDe su lado, la experta en criminología, Arabeska Sánchez, dijo a Proceso Digital que al igual que el actual Código Penal una vez entre en vigencia el nuevo instrumento jurídico inicie los proceso de reformas.
“Quedan preocupaciones de algunos sectores y no extrañaría que al igual que pasó con el Código anterior comiencen más adelante los procesos de reforma”, expresó la abogada y experta en criminología.
Externó estar de acuerdo con una revisión al nuevo Código Penal ya que contiene figuras nuevas que antes no se manejaban de esa manera y hoy llegan como agravantes en varias de las figuras penales.
“Una de las novedades es que ya se está calificando de reincidencia el hecho que una persona haya sido juzgada en otro país y haya tenido sentencia firme y que al ser requerida en Honduras e ingresada en un proceso de judicialización, ya esos antecedentes puedan ser tomados como reincidencia”, declaró.
También consideró que existe preocupación entre varios sectores de la sociedad hondureña en figuras del consumo personal inmediato en temas de narco actividad.
“Anteriormente se utilizaban algunos parámetros de unidades de toxicología forense para establecer qué cantidades mínimas se valoraban como consumo personal inmediato y a partir de esas cantidades que pueden ser un gramo o cinco gramos independientemente se fuera cocaína o marihuana, entonces se juzgaba como tráfico o venta de estupefacientes”, apostilló.
Al respecto, acotó que en el nuevo Código Penal esta figura desaparece.
Concluyó que se debe realizar una revisión de todos los elementos que son atenuantes y agravantes ya que se indican aumentos en uno y dos tercios de las sanciones que se anexan a las sanciones principales del delito.
Congreso no ha escuchado sugerencias
Abog. Odir FernándezEl jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, señaló que desde ese ente de sociedad civil se ha hecho una labor de concientización a la ciudadanía y se han logrado sumar a la campaña para que no entre en vigor el Código Penal.
En comunicación con Proceso Digital indicó que el CNA ha sido enfático en los artículos que se amparan para que no entre en vigor la nueva herramienta jurídica.
“Desafortunadamente tenemos un Congreso Nacional que no ha hecho nada, y esto ha sido una práctica constante a pesar de hacerse llamar abierto, plural y democrático, es una lástima encontrarnos en este Estado, donde la libertad de expresión está limitada y donde las instituciones públicas no escuchan a la ciudadanía”, tachó.
Fernández señaló que el CNA dio a conocer un comunicado con las recomendaciones y estudios en torno al nuevo Código Penal de los cuales hasta la fecha no han sido contestadas por ese poder del Estado.
Reiteró que el Congreso Nacional no ha escuchado a ninguna institución que se ha pronunciado en contra del Código Penal.
“Tal y como el CNA lo detalla en sus comunicados se ha pronunciado sobre las incongruencias que tiene el Código Penal, en diferentes fechas con la presentación de cuatro tomos, nosotros no estamos mintiendo, el Congreso Nacional no nos ha oído”, arguyó.
Detalló que el Congreso Nacional siempre busca boletines para dar a conocer con quienes se han reunido para la socialización del Código Penal, por lo que vemos que se busca que entre en vigencia para salvaguardar a muchos de ellos de casos emblemáticos”.
“El Código Penal fue aprobado sin cumplir con el quórum de diputados, hay un total de 106 artículos que fueron aprobados sin que todos los diputados estuvieran en el hemiciclo, hay delitos del Medio Ambiente (aprobados) solo con 28 diputados y eso es grave, se criminaliza la protesta social, la regulación de los delitos en contra de la mujer con penas realmente bajas”, concluyó.
