Tegucigalpa – El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reunido este miércoles en el fuerte Mocorón, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, declaró emergencia ambiental y la inversión de 19 mil millones de lempiras para proteger el bosque.
– Se declara “cero deforestación” a partir de la fecha hasta 2029.
– En los últimos 20 años, Olancho y La Mosquitia han visto desaparecer cerca del 50 % de sus ecosistemas.
– Según el gobierno, en dos años ha invertido 1 mil 600 millones de lempiras en el medio ambiente a través del Programa Andrés Tamayo.
Entre las resoluciones para lograr “cero deforestación para 2029”, se declaró la emergencia ambiental de los bosques de Honduras, defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua, además de una inversión de 19 mil millones de lempiras.
La estrategia contará con un presupuesto de 1 mil millones de lempiras este 2024, dos mil millones en 2025, 3 mil millones en 2026, cinco mil millones en 2027 y ocho mil millones en 2028.
Se autoriza la creación de la comisión para la Cero Deforestación a 2029 a cargo de las funciones en defensa, protección y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras, que presidirá la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, mientras el Instituto de Conservación Forestal actuará como secretario de este cuerpo.
De acuerdo a lo informado, en la gestión de la presidenta Castro mediante la inversión de 1 mil 600 millones de lempiras bajo el Programa Andrés Tamayo se ha logrado la reducción del 67 % de la deforestación en la zona núcleo de la biosfera del Río Plátano.
En las selvas de Olancho y La Mosquitia están las principales reservas de bosque del país, en especial la Biosfera del Río Plátano, patrimonio de la humanidad, que constituye junto a 75 áreas de reserva declarada a nivel nacional, la segunda mayor extensión de tierras silvestres de Centroamérica y uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica.
Según el gobierno hondureño en la zona hay tala masiva y ganadería ilegal impulsada por el hambre, además de una ambición desmedida en el acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, comercio inescrupuloso, explotación irracional de especies de maderas preciosas y bosques de pino.
“El crimen organizado que cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas está arrasando con los bosques y desestabilizando la región poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y el agua”, expresó el ministro de Ambiente, Lucky Medina.
Lo aprobado por el CNDS
Entre las 18 resoluciones del CNDS se instruye al Ministerio Público investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal en la región. “Gran parte de la agricultura migratoria, ganadería extensiva, siembra de plantaciones de droga que se da en la zona tiene su origen en el lavado de activos y crimen organizado, actividades que atentan y destruyen los bosques de Honduras, en especial, de Olancho, Gracias a Dios y zonas del río Plátano”, esbozó Medina.
Igualmente, se aprobó la neutralización y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado.
Para ello, el Ministerio Público deberá presentar un informe en los próximos siete días y liderará la operación para asegurar el control territorial en mano de las instituciones del Estado.
En tanto, la Policía Militar del Orden Público deberá proceder al decomiso inmediato y la posterior destrucción de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas.
Se anulará las autorizaciones que en áreas forestales ha extendido el Instituto Nacional Agrario (INA), transgrediendo la Ley Forestal y se instruye a las FFAA y la Policía Nacional cumpliendo con los requisitos de la ley que procedan al desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería y dragado de ríos, construcción de proyectos de urbanización dentro de las zonas núcleo de las áreas protegidas para lo que se extiende un plazo de 45 días.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), dispondrá de manera inmediata de tres jueces y el Ministerio Público con tres fiscales con jurisdicción nacional con residencia en las zonas de reserva declaradas en Olancho, Gracias a Dios y otros.
Se pide al Poder Legislativo que reforme el Código Penal para endurecer penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales.
En los próximos siete días, la comisión presentará el reglamento para operar estas resoluciones sin menoscabo que se operen las recomendaciones de manera inmediata. Los ministros que integran la comisión están obligados a pasar el 50 % de su tiempo laboral en las zonas de reserva y sitios afectados por la deforestación.
En la reunión estuvieron presentes los titulares de los tres poderes del Estado: Luis Redondo (Legislativo), Rebeca Ráquel Obando (Judicial) y Xiomara Castro (Ejecutivo), así como el Fiscal General, Johel Zelaya; el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya; el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez; el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández; el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina; el secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya; y el director de la Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy. JS
