CNA retrata perjuicio al Estado de L. 57.5 millones en compra de mascarillas

Tegucigalpa – “La emergencia evidencia la falta de planificación y transparencia gubernamental que es aprovechada por el juego de las más caras adquisiciones. La crisis sanitaria es para salvar vidas, no para llenarle el bolsillo a los compadres. ¡Basta ya! al asalto de nuestro patrimonio”, fueron las palabras de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos al presentar el segundo informe “La corrupción en tiempos del COVID-19, parte II”.

El informe presentado por el ente de sociedad civil retrata la compra sobrevalorada de mascarillas N-95 y concluye en un perjuicio de 57.5 millones de lempiras a las arcas del Estado.

Dijo que los resultados fueron posibles luego de comparar los valores de compra del comité técnico del fideicomiso de la Secretaría de Salud y los de Invest-H, “se puede afirmar que este último autorizó la adquisición de mascarillas descartables y mascarillas N-95 a través de empresas que sobrevaloraron los precios aprovechándose de la crisis sanitaria y generando un perjuicio al Estado por más de 57.5 millones de lempiras”.

La abogada Castellanos dijo que en la trama participaron tres empresas: dos nacionales y una extranjera, a las que se les autorizó proveer un total de 1 millón de mascarillas descartables y de 874 mil mascarillas N-95.

La primera empresa es la distribuidora comercial hondureña SA DICOHONSA, a la que se le giró la orden de compra para entregar 250 mil mascarillas N-95. La empresa ofreció cada una de las mascarillas a 140 lempiras para un total de 35 millones de lempiras.

De su lado, Invest-H decidió adquirir insumos médicos de una empresa cuya socia es Alejandro María Rápalo, relacionada con una ONG denominada “Transformando nuestra nación”, misma que en el pasado recibió recursos del fondo departamental gestionado por el exdiputado Augusto Cruz Asensio, de lo que no existe evidencia sólida sobre la ejecución, según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La segunda empresa favorecida -de acuerdo al informe del CNA- es grupo GYT S.A. de C.V. con quien se gestionó la adquisición de 474 mil mascarillas N-95 a 107 lempiras cada una para un total que superan los 50.8 millones de lempiras. El actual presidente de esa sociedad mercantil es el señor Juan José Lagos Romero, esposo de la actual diputada Waleska Zelaya. El grupo ha sido beneficiado con la adjudicación de contratos para la compra de papel membretado utilizado en las partidas de nacimiento emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RNP).

La tercera empresa es extranjera, Access Telecom, que radica en Miami, EEUU, propiedad de Abraham Albert Benhamu, a la que se le autorizó entregar 150 mil mascarillas N-95 valorada cada unidad a 119 lempiras para facturar un total que supera los 17.9 millones de lempiras. Asimismo, esta empresa extranjera fue facultada para proporcionar un millón de mascarillas descartables a 22 lempiras cada una, mientras que el fideicomiso de Sesal en esa misma fecha los consiguió a 10 lempiras, es decir Invest-H perjudicó al Estado en esta compra en 12.3 millones de lempiras.

En resumen, las cuatro órdenes de compras realizadas a través de Invest-H el 8 y 9 de abril sobrepasa los 126 millones de lempiras comparados con los precios de adquisición del fideicomiso de Sesal realizado cinco días más tarde, hubiera costado apenas 68.5 millones de lempiras, evitando perjudicar al Estado con 57.5 millones de lempiras.

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