Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este jueves seis grandes casos de corrupción en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Secretaría de Salud, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Despacho de la Primera Dama período 2010-2014.
– Las corrupción muta de los padres a sus hijos, denunció el CNA con respecto a las diligencias investigativas en la Secretaría de Salud.
– Los perjuicios a estas instituciones públicas compiten mucho más con los perjuicios que se ocasionaron en el Seguro Social, según el CNA.
– Los casos denunciados van desde gestiones de 2010 a 2017.
El informe presentado por la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, y leído por el director de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos, Odir Fernández.
“Hay cuatro instituciones públicas y no voy hablar del Seguro Social porque es un tema, lo demerito es necesario, sin embargo está trillado por los órganos persecutores del delito y hasta la fecha no tenemos resultados contundentes”, manifestó Fernández.
Odir Fernández.Continuó que “consideramos que no es necesario no callar, seis redes de corrupción que se mantienen en la impunidad desde 2014 a 2017 y hoy por hoy puede decir que deberían estar presentados requerimientos fiscales, no porque se me antoja, sino porque como profesionales que hay respaldo suficiente que determina la responsabilidad penal de esas personas. Muchos dirán que no respetamos la presunción de inocencia, el detalle es que conocemos los hechos delictivos que se han cometido y están más que respaldados”
La investigación en Infop
En los casos de presunta corrupción en Infop, el CNA señala al actual diputado David Chávez y el vigente magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Olivio Rodríguez.
“Mediante los programas sociales se ha perdido mucho dinero en este país, desafortunadamente, ha sido el mejor mecanismo utilizado para robar porque así engañamos a los pobres porque esa es la forma que los mantenemos entretenidos con pan y circo”, aseveró Fernández.
El representante del CNA citó que el Infop es una institución bastante noble, en la cual mediante ampliaciones presupuestarias vía decreto legislativo se sustrajeron fondos.
“Se utiliza un poder del Estado por parte de los delincuentes y los corruptos para identificar líneas presupuestarias para sustraer fondos mediante la legitimación del poder del Estado permiten que esas líneas presupuestarias se transfieran”, arguyó.
Citó que en el caso del Infop al menos 80 millones de lempiras fueron identificados. “Esos recursos estaban en el aire, necesitaban robárselos, y recurrieron directamente al Congreso Nacional para que este permitiese el cambio de la línea presupuestaria y se inventaron los famosos contratos de emergencia”.
David Chávez.Fue así que mediante el decreto legislativo 125-2012 se aprobó una ampliación presupuestaria con el afán de beneficiar a una red de corrupción determinada, dijo el funcionario del CNA.
Explicó que en 2011 se creó una comisión para que determinara el acondicionamiento del Centro Regional en Catacamas, Olancho, para acondicionar oficinas de electrónica, mecatrónica, mecánica y refrigeración. “El mayor negocio estaba en el tema de la mecánica, dijeron que iban a acondicionar el centro regional para la reparación de vehículos BMW, Audi y Mercedes Benz”, adicionó.
“Esta red de corrupción se identificó específicamente en dos personas relevantes: un actual diputado del Congreso Nacional (2014-2018 y 2018-2022) y que vergonzosamente es el más votado a nivel nacional, diputado David Chávez. Asimismo, se identificó a otro que formó parte de este plan estructurado para que se consumara el hecho delictivo, un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Penal paradójicamente para que pare los casos cuando los corruptos estén sometidos a proceso penal, abogado José Olivio Rodríguez”, detalló.
Puntualizó que el Infop pagó 925 mil euros para introducir el producto al país, después se le entregó a la empresa (Grupo Visión) y ésta se los volvió a vender a ellos. “Esta red de corrupción también estaba gestada por Alejandro Calderón, quien se desempeñó en algún momento como director legal del Infop y ha laborado en el Congreso Nacional en el departamento legal”.
Esta denuncia fue presentada ante el MP el 31 de marzo de 2016. Seis funcionarios denunciados y un perjuicio identificado de 21 millones de lempiras.
Roma transó con Cachiro
En el mismo informe se detallan presuntos actos ilícitos en el proyecto Patuca III y se menciona directamente al exdirector de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, quien hizo contratos con el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga.
El CNA señala que se aportaron 400 millones de lempiras para este proyecto solo para acondicionamiento de los lugares y hoy no funciona el mismo. “Mentiras del decreto de emergencia que se invocó en ese momento y que se lo inventaron”.
Señaló que “esta red de corrupción gestada por el exdirector de la Empresa de Energía Eléctrica invitó, a casi nadie, al señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, una persona condenada en una corte federal de los Estados Unidos”.
Roberto Martínez Lozano.Sin embargo, no todo quedó ahí invitó a otra empresa “Arquitectura, Diseño y Construcción”, a Irsa de Pacheco Murillo y quien es ella, socia de Devis Leonel Rivera Maradiaga de Inrimar (Inversiones Rivera Maradiaga), asimismo hizo iguales diligencias para Luis Alonso Deras, presidente del Consejo de Administración, Inversiones Acrópolis, cuyo representante legal y que compra las acciones después es Francisco Arturo Mejía, apoderado legal de Devis Leonel Rivera Maradiaga”.
“O sea que se contrató al narcotráfico para que hiciera algo que finalmente no tenía un objetivo más que robarse el dinero de las arcas públicas, lógicamente para el tema de lavar activos para este proceso. Como era para favorecer al narcotráfico esta red de corrupción se gestó de manera directa”, vapuleó Odir Fernández.
Una ofertó por 100 millones, otras por 110 millones y otra por 98. “¿A quién iban a escoger?, a la que tuviera menor valor y en este caso se eligió al del apoderado legal del Devis Leonel Rivera Maradiaga. Pero lo más indignante de todo esto que en el camino se suscribió un contrato para el servicio de jardinería, limpieza, fertilización, trabajos de chapia durante la época de invierno y verano, otro trabajos de chapia en invierno, recolección y botado de basura… cuando no vivía nadie, pero ¿saben cuánto pagaba el Estado de Honduras aproximadamente? 1.9 millones de lempiras mensuales. 50 millones se erogaron y esos lo pagamos nosotros porque era regalar el dinero y repartírselo”.
El CNA presentó esta denuncia el 16 de agosto de 2016 con 14 funcionarios públicos que integraron esta red de corrupción, con 306 millones analizados y un perjuicio de 120 millonres.
Escandalosa corrupción en Salud
Mientras con respecto a las investigaciones en la Secretaría de Salud, Fernández aseveró que el despilfarro ocasionado en este ente gubernamental es mucho más grande que el que se gestó en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Aquí se identificó la carterización en la compra de medicamentos bajo dos redes grandes de corrupción.
Aquí mencionan a Cristina Díaz Tábora como la cabeza de la supuesta red de corrupción que drenó millones de lempiras a las finanzas públicas. Esta misma persona también laboró en el Congreso Nacional.
Díaz Tábora fue secretaria general del Ministerio de Salud, que además laboró en su momento en el Congreso Nacional como directora del departamento legal. “Cuando exigimos como CNA que la despidieran porque se estaba robando el dinero, la acomodaron en diferentes proyectos. Ella gestó diferentes empresas en donde colocó a toda su familia”, dijo.
Entre el núcleo familiar de Cristina Díaz Tábora, Odir Fernández mencionó a: óscar Díaz (hermano), Marco Durón (hijo) candidato a diputado en algún momento, Clarisa Díaz Pacheco, Andrea Díaz Pacheco (sobrinas), Funo Montes de Oca (cuñada), todos ellos -según el CNA- formaron parte de la corrupción mediante las empresas Droguería Lofarma, Productos Químicos Indstriales, Farmatec, Unifar, Laboratorios de la Roja y otras.
Fernández especificó que “esta señora -se refiere a Cristina Díaz Tábora- como la corrupción muta también creó una empresa para su hijo, un muchacho que con 19 años comenzó a licitar 30 millones de lempiras y como ella ya no quería aparecer puso a su hijo. A ella le dieron 250 licitaciones porque todas se fraccionaron bajo un monto de 88 millones de lempiras, ahí identificamos un perjuicio de 49 millones. Aquí se dio el fenómeno de la mutación, cuando sus padres se aburren ponen a sus hijos a robar también”.
Esta denuncia se presentó el 24 de abril de 2015 ante el MP, con cinco funcionarios y seis particulares en la trama que derivó en 88 millones y 49 millones en perjuicio.
En otra línea de investigación en Salud, se señala directamente al actual diputado Rolando Dubón Bueso de ser favorecido por sobrevaloraciones en la compra de medicamentos.
Aquí se menciona a las empresas Corinfar, Ciprofarma, Inversiones Estela Madis, Medikit y Distribuidora Santa Fe.
Rolando Dubón Bueso.De acuerdo al CNA, el diputado Dubón Bueso era socio directo de la Distribuidora Santa Fe. “En esos procesos de licitación participaron todos ellos y nadie dijo absolutamente nada, todo estaba correcto y se vendía sobrevalorado, y no solo eso de vender más caro, es que nunca entregaban los medicamentos y si lo entregaban luego se los robaban, todo eso no lo invento, así queda demostrado en la investigación”.
Igualmente, en estas diligencias se menciona a Desireé Betzaida Page Gallegos, hermana de una actual magistrada de una Corte de Apelaciones de la CSJ, cuñada además de Rolando Dubón Bueso. Asimismo, salen a relucir Leonor Bonilla Landa, Héctor Ulloa (padre) y Héctor Ulloa (hijo) y otros personajes.
Esta denuncia se presentó en la Fiscalía el 17 de mayo de 2017 con 383 funcionarios públicos y cuatro particulares involucrados, bajo un monto analizado de 170 millones de lempiras y un perjuicio de 85 millones.
“Con ese dinero robado se hubiera abastecido de medicamentos el Hospital Escuela Universitario durante un año”, aseveró el titular de la Unidad de Investigación del CNA.
Señalamientos a Rosa de Lobo
De su lado, en la presunta red que operó en el Despacho de la Primera Dama, período 2010-2014, se menciona a Rosa Elena Bonilla Ávila, quien retiró de una cuenta particular 12 millones de lempiras cuatro días de concluir el mandato de su esposo Porfirio Lobo.
En este señalamiento se menciona a las personas de confianza de la exprimera dama, siendo éstos Saúl Escobar Puerto (asistente personal) y Golda Santos, actual directora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani).
Rosa Elena Bonilla de Lobo.“El modo de operar lo lideró la exprimera dama de la nación Rosa Elena Bonilla Ávila. Las pruebas con contundentes en el banco donde estaba el dinero que ella manejaba varias cuentas… lo más cínico de esto es que el 22 de enero a las 3:46 de la tarde se sustrajeron los fondos, cinco días antes de salir del poder. Ella se apersonó para retirar 12 millones 272 mil 051.42 lempiras, no retiró más porque no había más, eso era lo único que había”, refirió Fernández.
Confesó que la exprimera dama era la única que tenía potestad de retirar dinero de la cuenta. “El cheque de la referida cuenta se depositó a la cuenta de cheques en lempiras 6536603 a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila”, remató.
Esta denuncia se presentó el 31 de octubre de 2017 bajo 12 millones analizados e igual cantidad sustraídos de las finanzas públicas.
Concluyó que existe otra investigación del CNA que relaciona a Bonilla de Lobo con un manejo irregular de 150 millones de lempiras.
{google_docs}http://procesodigital.hn/Informe-de-CNA-2017.pdf|width:520|height:650|link:yes|link_label:Descargar documento{/google_docs}
