Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes un informe en el que revela supuestas inconsistencias en la concesión del contrato sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola, localizado en Comayagua, 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El informe denominado “Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola”, refiere que el CNA hizo un análisis jurídico que abarca desde la fecha en que se firmó el contrato, en marzo de 2016 hasta la fecha.
El CNA ha tomado a bien realizar un análisis sobre los aspectos más relevantes de dicho contrato, donde constata una serie de irregularidades contenidas en ciertas cláusulas que, desde cualquier óptica, se interpretan como un listado de beneficios que vendrían a favorecer únicamente al concesionario, afectando claramente los intereses del Estado de Honduras.
En el documento, el CNA cuestiona cómo desde el Congreso Nacional, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados los decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado.
“A través de este informe, el CNA no pretende oponerse a la construcción del aeropuerto, dado que la población ha ido aumentando y se necesita generar condiciones propicias para incentivar el turismo”, aclara el organismo de sociedad civil.
De esta manera, el CNA considera oportuno exponer este informe a la ciudadanía a fin de que se conozcan las negociaciones desiguales que va en contra de los intereses del Estado.
El CNA asegura que dichas negociaciones, son gestadas desde el Congreso Nacional, para someter al país a un riguroso compromiso sujeto a cláusulas que proveen un total beneficio para el concesionario, impidiendo que el Estado de Honduras pueda optar a mejorar su condición en dicho contrato.
Hallazgos relevantesEl ente de sociedad civil enfatiza que tras el estudio a la concesión, las adendas y pactos que fueron celebrados previo a la publicación del contrato en mención, se gestaron condiciones que son ampliamente favorables para los inversionistas, ya que el Estado de Honduras asume la mayor cantidad del costo del proyecto. Lo anterior acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario. Es así -según el CNA- que el Estado no percibirá grandes sumas de recursos económicos, debido a la mala negociación realizada en este contrato de concesión; sumado a lo anterior, hay que mencionar que por medio del Decreto Legislativo 30-2016 del 16 de abril de 2016, se le otorgó al concesionario una exoneración de impuestos. En lo que respecta al canon, al no superarse la surrealista cantidad mínima de pasajeros internacionales de manera anual, el Estado de Honduras no percibirá ingresos en concepto de canon alguno dentro de dicho período. Se atenta contra la seguridad jurídica, en virtud de que, sin llevarse a cabo un proceso de licitación, tal como lo manda el artículo 11 del reglamento de la Ley de Promoción de las Alianzas Público-Privadas, se otorgó de manera directa al concesionario PIA, la operación “temporal” del Aeropuerto Internacional de Toncontín, bajo sospecha de que aún se desconoce si PIA presentó la documentación que acredite la capacidad técnica, jurídica y financiera que cumpla con la normativa vigente para dicho otorgamiento, con los seis meses de antelación, como lo solicita la cláusula 8.38 del contrato, tal como se adecuó en la tercera adenda. Por otro lado, también se observó que a pesar de las disposiciones que en materia tributaria advierten de la prohibición de exoneraciones fiscales —Decreto Legislativo n.º 278-2013—, meses antes de la publicación del contrato de concesión, ya se había publicado el Decreto Legislativo n.º 30-2016 que otorga al concesionario, exoneraciones fiscales durante la vida del proyecto, argumentando que algunas imposiciones tributarias sobre proyectos, cuyo beneficiario final lo son las instituciones públicas del Estado de Honduras, deben ser exoneradas para “evitar el encarecimiento de los costos”, sin embargo, el concedente aportó mayor parte del capital incluyendo aumentos a su parte, lo que significa una elevación en los costos finales, pero cargados para el Estado de Honduras. En conclusión, de acuerdo con expertos entrevistados, el Estado de Honduras está invirtiendo US$ 125 millones versus los US$ 87 millones por parte de los inversionistas que se quedarán con el 69.4 % de las ganancias obtenidas, y ahora se encuentra en posible negociación un monto que asciende a US $ 51 millones proyectados por la concesionaria.
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