El CNA denuncia que se reconstruye información en caso de hospitales móviles

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció este domingo sobre el proceso de veeduría en el atraque del buque que trasladó los dos supuestos hospitales móviles al país, en el que considera que hubo obstrucción a ese proceso al tiempo que pidió al Ministerio Público, libere requerimientos fiscales contra quienes participaron en la compra hecha por Inversión y Estrategia de Honduras (Invest-H).

-Debido al retardo malicioso para entregar la documentación, el CNA pide al Ministerio Público librar los respectivos requerimientos fiscales.

– Asevera que Invest-H, de manera dolosa, no ha entregado documentos, para obstaculizar la investigación del MP, y evitar futuros requerimientos fiscales.

Mediante un comunicado, el organismo anticorrupción señala que desde semanas anteriores ha realizado diligencias administrativas en la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) para participar como veedores durante la supervisión de los diferentes contenedores, una vez que llegaran al país; habiendo tenido como respuesta por parte de Aduanas, una aceptación de la presencia de CNA en el lugar.

Asimismo, expresa que debido a la autorización recibida, desde el día miércoles 8 de julio del presente año, se trasladó un equipo técnico al puerto, con el objeto de acreditarse; sin embargo, el día viernes que se comenzaron todas las actividades en el atraque del barco, se le asignó un lugar al CNA, pero el mismo se encontraba a no menos de un kilómetro de distancia entre el barco y el personal de ese organismo, por lo que desconoce el contenido observado en los rayos gama, debido a las disposiciones adoptadas por la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

El CNA asegura que intentó comunicar con el señor Gerardo Murillo, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), pero nunca les atendió las diferentes comunicaciones realizadas, a pesar de haberse identificado como una organización veedora del proceso.

Agrega que presenciaron la apertura del primer contenedor; sin embargo, la actividad planificada se paralizó, ya que los únicos dos auditores enviados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), manifestaron que ellos no estaban de acuerdo con la apertura de los contenedores, por lo que su labor se realizaría hasta que los hospitales estuviesen instalados en los espacios físicos ya designados.

En ese sentido, señala que el Ministerio Público notificó, que se suspendería la revisión de los contenedores, ya que de manera dolosa Invest-H no ha querido entregar el original de las facturas, a pesar de que Aduanas cuenta con unas copias. “No obstante, con nuestra experiencia en investigación, podemos presuponer que se está reconstruyendo información, con el objeto de obstruirse la investigación instruida por el ente persecutor del delito y evitar futuros requerimientos fiscales contra los involucrados”, denunció el CNA.

“Instamos al MP a fin de que presente a la brevedad posible, los requerimientos fiscales en contra de cualquier involucrado en este posible fraude en contra del Estado, ya que después de haberse erogado más de mil doscientos millones de lempiras, hasta el momento no hay hospitales y tampoco razón de los fondos gastados”, agrega.

Por lo que hace saber a la ciudadanía que estarán presentes hasta el final de esta “tragicomedia”, ya que “nos están entreteniendo en un escenario en donde no hay responsables, mientras cada día las estadísticas suman más fallecidos y contagiados”.

“Hacemos un llamado a la reflexión para el órgano contralor del Estado, para que continúe con la inspección como parte de sus procesos de investigación, ya que no hacerlo implica el incumplimiento de su función constitucional y lo convierte en solidario de los daños mayores que pueden evitarse o consumarse por su negativa acción”, dice el escrito.

No obstante, indica que desconoce la decisión de los dos auditores del TSC de anunciar su participación, llegar al sitio y luego de forma repentina retirarse del proceso, a sabiendas que con esa decisión está contribuyendo a retrasar aún más, la instalación, la puesta en servicio y la consecuente atención de los servicios médicos que tanto está necesitando la población.

Finalmente, expresa que “es inexcusable cualquier situación con la que se pretenda detener el proceso, y dejamos claro que este retraso crea mayor duda y favorece a quienes tomaron esta decisión opacada por tanta irregularidad”.

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