Tegucigalpa – Mediante un comunicado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó este martes el comportamiento de los miembros de la Sala de lo Constitucional en el caso del magistrado José Olivio Rodríguez, denunciado por un caso de sobrevaloración de equipo durante fungió como funcionario del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
En el comunicado, el CNA recuerda que el 31 de marzo pasado presentó ante el Ministerio Público una denuncia con el respaldo necesario y suficiente en contra del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros servidores y exservidores públicos.
Agrega que los hechos denunciados revelan irregularidades en el proceso de contratación así como en la sobrevaloración de las máquinas, software y cursos de capacitación adquiridos por el Infop con el objeto de acondicionar el centro regional de Catacamas, Olancho.
Al mismo tiempo se puso al descubierto que el magistrado denunciado fungió como apoderado legal de la empresa favorecida hasta seis meses antes de laborar para el Infop.
Por esa razón, el CNA denunció a Rodríguez por fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios púbicos y malversación de caudales públicos.
En ese sentido, el Ministerio Público comenzó a realizar las respectivas investigaciones motivo por el cual la defensa técnica y material de los denunciados se apersonó en legal y debida forma ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, realizando una serie de acciones ante los tribunales hasta tal grado de incorporar entre los peritos un consultor técnico que se encargaría de manera fraudulenta de desacreditar y filtrar todos los indicios recabados por el órgano persecutor del delito en la etapa investigativa, expone el CNA.
Añade que ha observado el buen desempeño de los representantes del Ministerio Público quienes han realizado las diligencias investigativas de la forma más objetiva y profesional que ameritan las circunstancias, razón que ha motivado a la defensa del magistrado Rodríguez a realizar maniobras dolosas y de descrédito contra el organismo persecutor.
Indica que como una medida desesperada, el apoderado legal del magistrado interpuso un recurso de amparo con el objetivo de paralizar la investigación del Ministerio Público.
El recurso fue interpuesto ante los magistrados que integran la Sala Constitucional de la CSJ quienes de manera expedita y sin precedentes en seis días procedieron a admitir el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, demostrando una grave injerencia de parte del Poder Judicial en el proceso investigativo.
Señala que la suspensión del acto reclamado ha venido a obstruir, retardar y perjudicar el proceso investigativo que se ha venido realizando desde abril a la fecha, por lo que la decisión de la Sala de lo Constitucional vulnera los principios del Estado de derecho, señala el CNA.
Refiere que es oportuno recordar que hasta el momento el Ministerio Público se ha limitado de manera objetiva a realizar acciones investigativas con el objetivo de verificar los indicios denunciados por el CNA que conllevan a constatar que existe un hecho delictivo.
Es por eso que el CNA manifiesta su preocupación ya que la denuncia en proceso de investigación no se ha judicializado y se ha generado que los denunciados presenten acciones que únicamente tienen como objeto burlarse de la justicia.
“Consecuentemente nos conlleva a pensar que una vez judicializada la causa, se aprovecharán de su condición para manipularla y como un organismo de la sociedad civil vigilante de la transparencia, exige de manera enérgica a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para que se excusen de conocer el recurso de amparo interpuesto por la defensa del actual magistrado denunciado ya que todos son compañeros y aunque actúen bajo un ambiente de legalidad, dejarán ante el pueblo hondureño un deseo de favorecer al denunciado”, arguye el CNA.
Asimismo, pide a los altos funcionarios que se han visto involucrados en actos de corrupción principalmente contra el Infop para que depongan de sus cargos mientras se realiza el proceso de investigación con el objeto de promover durante esta etapa igualdad de condiciones ya que desde los altos cargos se pueden entorpecer las acciones investigativas tal como se puede evidenciar en este caso.
