Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia en el Ministerio Público por el nombramiento de los procuradores generales de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas como titular y Tomás Emilio Andrade Rodas como subprocurador.
El ente de sociedad civil considera que los nombramientos de estos dos funcionarios violentan la normativa constitucional.
El procurador y subprocurador general fueron señalados por el delito de anticipación de las funciones públicas que impone una inhabilitación especial de uno a tres años más la multa de 100 a 300 días.
En conferencia de prensa presentó el informe “Defensores del Estado y su falsa promesa de la ley” detallando que una de las primeras acciones de la actual administración del Congreso Nacional fue la elección de los procuradores.
Este organismo recordó que el 2 de febrero de 2022, el actual jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, presentó en la sesión legislativa una moción para elegir al nuevo procurador y subprocurador general.
La moción fue secundada y fue aprobada sin discusión, en la misma sesión, la junta directiva presidida por Luis Redondo juramentó a Díaz Galeas y Andrade Rodas como el procurador y subprocurador general en horas de la madrugada.
Las juramentaciones de los nuevos funcionarios fueron publicadas en el diario La Gaceta el 8 de febrero de 2022.
El informe señala que las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) no cumplían con los requisitos obligatorios de ser abogado o notario.
Reveló que los dos funcionarios no se encuentran registrados con número de exequatur otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, ambos no están registrados en la Controlaría del Notariado.
Diputados blindados
En el caso del Congreso Nacional, el CNA informó que no puede presentar una denuncia por las acciones cometidas por este poder del Estado argumentando que los diputados están blindados por el decreto 117-2019.
Explicó que este decreto los exime de responsabilidad penal, civil y administrativa.
El ente de sociedad civil señaló que el empleado o funcionario público propone, nombra o da posesión para cargo o empleo público a personas que no cumplen con los requisitos legales debe ser sancionado con una inhabilitación especial de cinco a diez años más una multa de 100 a 300 días. JS
