Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) calificó como “artificios políticos” la pretensión de querer reformar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, al tiempo que señalan la normativa no presenta razón para ser modificada e incluso la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó recursos que perseguían declarar la inconstitucionalidad de la misma.
Mediante un comunicado el ente de sociedad civil recordó que en 2015 varios abogados independientes se apersonaron ante la CSJ para presentar un recurso de inconstitucionalidad, mismo que fue desestimado por considerar que la norma “se apega a los lineamientos exigidos en la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional”.
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 7 de marzo de 2018
De acuerdo al CNA, la pretendida reforma a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito “tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos, les está exigiendo la compensación de favores como recompensa de su apoyo”.
Asimismo, el organismo de sociedad civil señala que “sujetos socialmente reconocidos, mediante recursos económicos ilícitos, han adquirido bienes y realizado mejoras a los inmuebles obtenidos de manera previa al ejercicio de la función pública”.
En uno de los puntos más frontales de la nota oficial del CNA se hace referencia a un conflicto de intereses del diputado proyectista -Denis Castro Bobadilla- quien fungió como gerente general de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, misma que le fue asegurada en 2013, por lo que uno de sus socios (su sobrino) se encuentra en la actualidad bajo prisión preventiva, por enfrentar procesos penales en los órganos jurisdiccionales competentes.
Puntualiza el CNA que “la actual Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito no presenta ninguna razón para ser reformada o considerarla inconstitucional, si no que el problema radica, en que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma, de una manera objetiva y correcta, si no que de forma desproporcional”.
Finalmente, el Consejo Anticorrupción reafirma su preocupación por los artículos que la clase política está utilizando mediante la presentación de reformas, decretos, fe de erratas, reglamentos y resoluciones, que limitan acciones encaminadas a combatir la corrupción de manera frontal. “Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía hondureña para que no permitamos que se cometan los mismos hechos ocurridos en la aprobación de la ilegal reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, aprobada en enero recién pasado”.
A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado del CNA:
