Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), tiene al menos tres condiciones innegociables: independencia, financiamiento y autonomía para investigar delitos de gran corrupción sin limitarla a un catálogo específico, además de capacidad para escoger a sus integrantes y autonomía funcional como contraparte del Ministerio Público. Obviar estas acciones, en condenar a la misión internacional a un fracaso.
-Sí las Naciones Unidas no ve señales claras de instalar en Honduras una misión con independencia, con autonomía para escoger a sus integrantes, sin financiamiento del Estado (porque ello ya condiciona su independencia) y sin autonomía en la escogencia de los casos, difícilmente llegará al país, concluyen expertos en la lucha anticorrupción.
Así lo advirtió un grupo de expertos nacionales e internacionales en un evento sobre “Voluntad política para combatir la corrupción”, promovido por la instancia civil Articulación Ciudadana y la Organización Ayudamos a Honduras, que lidera la activista anticorrupción Gabriela Blen.
El evento contó con la participación de protagonistas directos en la lucha contra la corrupción desde la experiencia de la extinta MACCIH y el trabajo del Ministerio Público. Jan-Michael Simon y el fiscal Luís Santos. Completaron el panel, la abogada Ana Pineda y la periodista de investigación, Thelma Mejía.
Bajo esas miradas se analizó cómo avanza la lucha anticorrupción en el país y los desafíos de cara a una posible instalación de la CICIH bajo unas negociaciones de altibajo con el gobierno de Honduras, que, a dos años de la promesa presidencial de su llegada e instalación en el país, las negociaciones siguen sin un aterrizaje directo y en junio se vence una nueva prórroga del memorando de entendimiento con Naciones Unidas que no se descarta sea ampliado una vez más. La CICIH sigue sin tener forma ni plazo para su llegada y operatividad.
Desde su experiencia en las extintas Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión Internacional de lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el experto en derecho penal de nacionalidad alemana, Jan-Michael Simon, hizo una relación sobre el funcionamiento de las redes de corrupción en Guatemala y Honduras, la complejidad de sus sistemas y la independencia necesaria para que las investigaciones concluyan en buenos casos que puedan ser llevados a los tribunales.
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En ese esquema de cooptación del Estado, Jan-Michael Simon, fue muy directo al indicar que una misión internacional solo podrá tener éxito si se garantiza su independencia, si el financiamiento no proviene del Estado y si no se restringe el catálogo de delitos a investigar.
Si estas condiciones no se producen, cualquier misión internacional estará “destinada al fracaso”, advirtió Simon, quien fue parte del primer equipo de alto nivel que conformó la MACCIH y contribuyó en la formación de un equipo especializado de fiscales que dio paso a la entonces Ufecic.
Jan-Michael Simon expuso sobre los desafíos de combatir la gran corrupción, la sofisticación de sus redes e hizo hincapié en la importancia de que una misión internacional tenga autonomía en la identificación de casos y el trabajo que ésta debe hacer con el Ministerio Público. Una misión internacional, dijo, debe contribuir a fortalecer las capacidades humanas e institucionales del Estado, porque las mismas no son permanentes en el tiempo, y otro de sus propósitos es dejar una institucionalidad fortalecida para que el sistema de los operadores de justicia sea funcional y creíble.
Su experiencia—acotó—le indica que, sí las Naciones Unidas no ve señales claras de instalar en Honduras una misión con independencia, con autonomía para escoger a sus integrantes, sin financiamiento del Estado (porque ello ya condiciona su independencia) y sin autonomía en la escogencia de los casos, difícilmente llegará al país.
Insistió en que los temas de lucha contra la gran corrupción no se pueden circunscribir a un catálogo restringido de delitos, porque eso no funciona así. “Si esto no se respeta, el mecanismo no será asumido por las Naciones Unidas”, reiteró.
Con esas puntadas ofrecidas por el exintegrante de la MACCIH, entró al debate el proyecto de Ley Especial para la Instalación de la CICIH que se introdujo al Congreso Nacional por parte de la diputada de Libre, Hortensia Zelaya, el cual, a criterio de los juristas ahí presentes, exhibe muchas falencias que no garantizan la instalación de una misión internacional independiente, sino que “limitada y controlada”.
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La propuesta de la parlamentaria Zelaya, además de dar a la CICIH la figura de querellante autónomo, le otorga un plazo de funcionamiento de cinco años, la limita en el financiamiento, limita su autonomía en la identificación de los grandes casos de corrupción al dejarlos a discreción del Fiscal General, y restringe la labor de la misión a un catálogo de delitos relacionados con fraude, fideicomisos, alianzas público-privadas, prevaricato de jueces y fiscales, enriquecimiento ilícito, conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado, entre otros.
La abogada Ana Pineda hizo sus observaciones al indicar que no se puede restringir el catálogo de delitos a investigar por la CICIH, ya que la gran corrupción no funciona ni opera de esa manera. Destacó las urgentes y necesarias reformas penales para dar señales claras de que existe voluntad política para combatir la corrupción y la gran corrupción en el país.
Pineda fue muy didáctica al exponer porqué los grandes casos de corrupción son complejos, la importancia de tener un Ministerio Público confiable, sólido y con amplias capacidades, además de un Poder Judicial que responda al combate anticorrupción con efectividad, sin cartas ocultas bajo la mesa. La construcción de confianza y credibilidad en los operadores de justicia es un gran desafío, dijo Pineda, que exhortó a la Cámara Legislativa a aprobar las leyes y reformas que se necesitan para que la llegada de la CICIH se haga realidad en el país.
El fiscal Luis Santos, jefe de la Uferco, respondió a las inquietudes del público presente en torno a qué había pasado con la reforma que se hizo en el Congreso Nacional para darle súper poderes. “Eso fue algo político, porque nunca dieron el presupuesto prometido, no ocurrió el fortalecimiento anunciado y cómo ya se eligió un nuevo fiscal general, ya hay nuevas autoridades, ese decreto ya quedó derogado, porque recuerden que esos súper poderes que denominaron solo iban a durar hasta que hubiera nuevo fiscal”, acotó.
Relató cómo su equipo ha sido diezmado, enviados unos a otras fiscalías, otros optaron por renunciar y uno de ellos optó por abrazar la vida religiosa ante el desencanto, ahora tiene más paz consigo mismo, dijo el fiscal, quien antes tenía más independencia que ahora con las nuevas autoridades. Ahora esa unidad debe pasar tres filtros para presentar sus casos.
La confianza, la credibilidad y el proceso de certificación de los fiscales que investigarán los grandes casos de corrupción son necesarios para generar confianza en las instituciones operadoras de justicia, fue otra de las conclusiones del panel.
En el combate de la gran corrupción se ha encontrado que muchas empresas implicadas en casos de corrupción de impacto investigadas por el Ministerio Público y la ex MACCIH, están siendo liquidadas en las cámaras de comercio, luego van al SAR, piden su cancelación y cierre, y “¿qué pasa con ello?: destruyen los documentos, están borrando las evidencias para no dejar huella”, denunció.
La periodista Thelma Mejía advirtió sobre el riesgo que el tema de la CICIH entre en el juego político electoral por las campañas políticas abiertas en el país y ello puede alargar la instalación de la misión y prolongarla en el tiempo, bajo un “discurso político controlado” de querer combatir la corrupción. Hizo un llamado a la sociedad civil y a la comunidad anticorrupción, incluida la prensa, para que la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH no se ahoguen en el intento, a generar formas creativas para que las autoridades sientan que este reclamo ciudadano no ha sido olvidado y debe ser parte de las prioridades del país. (PD)
