Tegucigalpa – Los altos funcionarios de la presente administración siguen tratando de blindarse y quedar impunes a través de una Ley Especial de protección para altos funcionarios que pretenden aprobar el Congreso Nacional, denunció este jueves la diputada Doris Gutiérrez.
La diputada dijo que los parlamentarios han sido sorprendidos con una convocatoria de parte del Congreso Nacional para sesionar y aprobar una Ley de Protección Electoral, de la cual les enviaron el documento que no tiene ni siquiera exposición de motivos.
La ley en mención sería para proteger altos funcionarios y hasta exfuncionarios y abarcaría hasta personal de segunda y tercera categoría que hayan cesado en sus funciones, agregó.
Para el funcionamiento de la pretendida ley buscan crear un departamento especial de protección dependiente de la DNI y un fideicomiso de 250 millones de lempiras, que sería proveniente de la Tasa de Seguridad, y su director sería nombrado por cinco años explicó Gutiérrez.
La diputada y designada presidencial electa puntualizó que «lo que intentan los corruptos es contar con protección especial, refugiarse en las ZEDE y escapar de la justicia».
Tapar actos de corrupción
Como un abuso de poder y una sinvergüenzada, calificó este jueves el abogado Juan Carlos Barrientos, la pretensión de aprobar una Ley que proteja a funcionarios.
A criterio del constitucionalista lo que están tratando de hacer es protegerse de todos los actos de corrupción que han hecho los funcionarios del presente Gobierno en diversos temas como los hospitales móviles, mal manejo de la pandemia y costos sobrevalorados de Palmerola entre otros.
A renglón seguido, Barrientos dijo que “prácticamente pretenden crear una policía pretoriana, para que le ande cuidando la espalda a un montón de sinvergüenzas y corruptos que han desfalcado las arcas del Estado”.
Esta gente tiene miedo, de salir a la calle y andar en los Mall o mercados y que la gente los agarre a pedradas por tantas sinvergüenzadas que han hecho, y por ello pretenden el abuso de poner las fuerzas del Estado al servicio particular de algunos.
Seguidamente calificó la iniciativa como una medida tonta porque esta solo les duraría de dos a tres meses ya que el próximo Congreso Nacional, seguramente derogará este tipo de leyes que son nocivas a los intereses del pueblo.
Finalmente, dijo que hay mala intención de la actual administración de dejar muchas cosas amarradas para el próximo gobierno, como el montón de contratos que están dando a los empleados públicos cuando tuvieron 12 años para hacerlo. LB
