CN debe priorizar reformas, para instalación de CICIH, luego pensar en Tribunal Constitucional: Joaquín Mejía

Tegucigalpa – El Congreso Nacional debe priorizar las reformas exigidas por la ONU, para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y una vez establecida, trabajar en colaboración con esta comisión para proponer una reforma integral del sistema de justicia, que incluya la creación del Tribunal Constitucional, planteó el especialista jurídico Joaquín Mejía.

“El Congreso Nacional debe enfocarse ahora en hacer las reformas exigidas por la ONU para instalar la CICIH”, zanjó.

El doctor Mejía, compartió su opinión sobre la propuesta de crear un Tribunal Constitucional en Honduras, propuesto por el titular del Legislativo, Luis Redondo, resaltando la necesidad de una reforma general del sistema de justicia.

En un detallado análisis, en un hilo en su cuenta X, Mejía recordó que en 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ya había recomendado la creación de ese tribunal, con la finalidad de salvaguardar la defensa de la Constitución, resolver conflictos entre los Poderes del Estado y garantizar la protección de los derechos humanos.

En línea con esta propuesta, en 2012 se planteó la posibilidad de establecer una Corte o Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema constitucional, pero el doctor Mejía subrayó la importancia de que cualquier iniciativa de este tipo se realice dentro de un marco de reforma general del sistema de justicia.

Esta reforma, según el especialista, es necesaria dado que la última actualización significativa del sistema tuvo lugar hace más de dos décadas.

“Es necesario que, previamente, una propuesta como ésta tenga ciertas condiciones necesarias. La creación de un Tribunal Constitucional debe realizarse en un marco de una reforma general del sistema de justicia”, agregó.

Una de las condiciones esenciales que Mejía enfatiza para la creación de un Tribunal Constitucional es la implementación de un riguroso mecanismo de selección para todas las altas magistraturas y autoridades del Estado.

Finalmente, enfatiza que este mecanismo debería basarse en criterios claros y objetivos que evalúen la integridad moral, la independencia y las cualificaciones profesionales de los candidatos. LB

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