Tegucigalpa – El Congreso Nacional comenzó a aprobar en primer debate este jueves, el proyecto de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras, que tiene por objeto determinar la estructuración administrativa y funcionales de los organismos para su aplicación por lo que se crea el Instituto Nacional de Transporte que sustituye a la actual Dirección General de Transporte.
En ese sentido, el Instituto Nacional del Transporte Terrestre, se crea como el nuevo órgano rector del sistema de transporte terrestre en Honduras, con independencia financiera y administrativa.
Este Instituto será dirigido por un directorio de tres especialistas y conformado por un director presidente, un director financiero y un administrativo, que serán seleccionados por el presidente de la república de una lista de seis candidatos designados mediante concurso público.
La nueva entidad tendrá un consejo directivo conformado por 11 consejeros, seis representantes del gobierno nombrados por el Poder Ejecutivo y cinco del sector transporte, designados por los concesionarios o propietarios.
Este consejo tendrá, entre otras atribuciones, otorgar, modificar, renovar y cancelar los permisos de explotación y certificados de operación, clasificar las rutas, establecer categorías de servicio, autorizar la instalación y funcionamiento de terminales de transporte y autorizar y regular las tarifas del transporte público. Entre otras aspectos, la nueva legislación establece como principio rector la atención y el servicio al usuario del transporte público, por lo que todas las acciones del Estado así como los concesionarios deben unir esfuerzos para prestar un servicio de calidad y eficiencia.
Novedosas medidas de seguridad
Asimismo, el proyecto de decreto que sustituirá la vigente Ley de Transporte que data de 1976, responde a la ola de violencia que azota la actividad del transporte por el cobro de las extorsiones.
Para cumplir con ese objetivo, se crea un novedoso sistema de seguridad compuesto por circuitos de cámaras, botones de pánico y mecanismos de monitoreo de la unidades.
Además se crean fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y fijo como orden del día una nueva reunión para el próximo martes 20 de octubre a las 3:00 de la tarde.
