Los diputados explicaron que la legislación tiene también entre sus propósitos apoyar la producción nacional, contrarrestando la competencia desleal en algunos bienes de carácter fiscal, imprimir más transparencia y equidad al Impuesto Sobre Ventas, Rentas y Selectivos al Consumo, ampliando la base de los mismos, así como, eliminando algunas exoneraciones y privilegios tributarios, aplicando como principio de justicia social que paguen las personas con mayor capacidad de pago para lograr una mejor distribución del ingreso en pro del bienestar de la sociedad.
Para atenuar la crisis financiera en que se encuentran sumergidas las finanzas públicas, la ley plantea racionalizar el gasto público e incluye medidas de carácter temporal y otras permanentes, procurando la distribución equitativa de los recursos y la disciplina fiscal requerida, necesaria para atender la ejecución de programas y proyectos de prioridad nacional, en beneficio de las clases menos favorecidas de la sociedad.
Para mejorar la administración tributaria, se establecen los mecanismos encaminados a lograr una gestión eficiente de los tributos al introducir la modernización, controles en la profesionalización en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
La Ley de Fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público, incluye una serie de medidas fiscales, entre ellas el aumento del 12 al 15 por ciento del impuesto sobre ventas a la telefonía fija y móvil, y al Internet.
También incluye aumentos del los impuestos a los cigarros y el alcohol, y aplica impuestos selectivos a la adquisición de vehículos.
También grava con un impuesto del cinco por ciento las loterías.
