Tegucigalpa – El Congreso Nacional, aprobó este miércoles un decreto, encaminado a autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a suscribir contratos para la generación y compra de electricidad por un plazo que excede el actual período de gobierno mediante un fideicomiso aprobado y reformado por el Consejo de Ministros, en el que los institutos de previsión públicos podrán invertir en los proyectos energéticos a través de una sociedad mercantil constituida para tal fin.
De acuerdo a las argumentaciones de los legisladores, con esta iniciativa se solventaría la emergencia que experimentan los pobladores del Valle del Aguán, el departamento de Olancho, el litoral Atlántico y el occidente del país.
La intención es que los institutos de previsión puedan participar en el negocio de la generación de energía eléctrica lo que permitiría que los cotizantes a esos institutos se conviertan en socios de la nueva empresa.
La iniciativa establece que los contratos que celebre la ENEE con el fideicomiso constituido por los institutos previsionales públicos o la sociedad mercantil que constituyan para esos efectos, debe contener las siguientes condiciones mínimas: un nivel de despacho de energía e ingresos que garanticen al menos la tasa de rendimiento de mercado; el contrato debe contar con las mejores garantías de pago por parte de la ENEE y los institutos previsionales que participen en la suscripción de esos contratos deben cumplir con los requisitos legales que establece su propia normativa y reglamento para la inversión de fondos públicos de pensiones por parte de los institutos de previsión emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
En el proceso de creación de la sociedad mercantil puede participar cualquier instituto de previsión público que así lo desee. Los contratos que se suscriban y que excedan el actual período de gobierno deben cumplir con lo establecido en el numeral 19 del artículo 205 de la Constitución de la República.
El decreto agrega que la sociedad mercantil que al efecto se constituya, les serán aplicables los beneficios fiscales de los que gozan los institutos previsionales públicos conforme a su propia ley.
El actuario Roberto Carlos Salinas, explicó que la diferencia no está en si los institutos de previsión pueden o no pueden invertir ya que si pueden invertir en este y cualquier otro tipo de proyectos pues de acuerdo al reglamento de inversiones, pueden invertir hasta un 15 por ciento de su patrimonio en ese tipo de inversiones, pero quien no puede contratar por más de cuatro años es la ENEE.
En ese sentido, indicó que en el proyecto de ley se establecen los parámetros mínimos deseables para la rentabilidad que desean los institutos de previsión que es aproximadamente de un 12 por ciento en dólares, lo que significa el triple de lo que los institutos pueden invertir actualmente en la banca comercial y la diferencia es que lo estarían haciendo a través de una sociedad mercantil, gestionada por una entidad de primer nivel como la General Electric.
Para la generación de esos 100 megavatios de energía, se instalarán cuatro plantas que generarían 25 megavatios cada una.
En cuanto al origen de los flujos, detalló que en la legislatura pasada, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó un préstamo de 300 millones de dólares al gobierno de Honduras para que los invierta en pagarle a los institutos previsionales los títulos valores y les quite un poco la cantidad de papel que tienen ahorita en lugar de efectivo con la condición que los institutos se comprometan a que ese dinero que paga el gobierno no lo vuelvan a comprar en valores sino que lo inviertan en proyectos y obras de infraestructura que además de garantizar un retorno, los institutos inviertan en el país.
Actualmente, el ahorro interno nacional de largo plazo está siendo mal utilizado pues se usa para pagar la deuda interna del Estado o se invierte en consumo a través de compa de títulos que financian tarjetas de crédito u otro tipo de operación.
En ese sentido, el ahorro interno nacional del país debe ser utilizado para propiciar la inversión en obras y proyectos de infraestructura que le generen beneficio a la comunidad y en especial a los afiliados.
Añadió que cada centavo que se genere como utilidad a través de esa sociedad mercantil, sería destinado al pago de beneficios a unos 600 mil afiliados de esos institutos.
De 48 contratos de energía renovable aprobados en el pasado, sólo 15 entraron en operación y de 700 megavatios que se iban a generar, sólo 100 están activos y en ese sentido, hay necesidad de una mayor generación en horas pico, sobre todo en litoral Atlántico.
Esos proyectos, por especulación o trámites engorrosos, nunca entraron en funcionamiento y la deuda acumulada con los generadores térmicos a septiembre del año pasado era de 400 millones de dólares.
En ese sentido, el decreto para los institutos previsionales representa un negocio muy lucrativo y no hay riesgo porque se garantiza el pago mediante el fideicomiso, y por eso la iniciativa surgió del interior de los mismos institutos de previsión y no del Ejecutivo. Para los institutos de previsión la rentabilidad en participar en estas actividades es mayor que la de tener esos fondos en los bancos.
El negocio que ha estado en el sector privado generando millonarios ingresos a pocas familias ahora debe dársela participación a los institutos de previsión y por ende a todos los afiliados y cotizantes quienes se van a convertir en socios del negocio a todos los afiliados y las utilidades se les entregarán al momento de jubilarse.
