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Clima de inseguridad aviva en Guatemala la aplicación pena de muerte

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Guatemala – El clima de inseguridad que vive Guatemala y que obligó al Gobierno a sacar al Ejército a las calles, avivó de nuevo las exigencias para reactivar la aplicación de la pena de muerte, que no se cumple desde el año 2000 pese a existir 19 condenados a morir por inyección letal.
 

Dos dirigentes políticos de oposición, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), y Manuel Baldizón, del bloque parlamentario «Líder», han atizado el fuego al demandar al presidente Álvaro Colom la aplicación inmediata de la pena capital a los criminales.

En mensajes difundidos en los medios de comunicación, Pérez, que aspira a competir por segunda vez en 2011 como candidato presidencial, exige a Colom que ante la gravedad de la violencia, se ponga al frente de las instituciones de seguridad y que no delegue esa responsabilidad en otros funcionarios.

Además, que implante estados de excepción (suspensión de garantías constitucionales) en áreas de alto riesgo y que se aplique la pena de muerte.

Por su parte, Baldizón, un disidente de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), exige también en anuncios en los medios de comunicación que ante «los salvajes actos de terrorismo e inseguridad, la aplicación inmediata de la pena de muerte a todo criminal encontrado culpable de homicidio, extorsión y secuestro».

«Es la única forma en que los criminales entenderán que Guatemala no está dispuesta a entregar a uno más de sus hijos, pues aquel que le quita la vida a otro ser humano, ha renunciado a su propio derecho de vida», dijo el dirigente político a medios locales.

El abogado penalista Fernando Beltranena también es un defensor de la pena capital por considerar que su aplicación disuadirá a los criminales a no delinquir por temor a recibir la inyección letal.

Sin embargo, el presidente Colom y su ministro del Interior, Carlos Menocal, se oponen a reactivar la aplicación de la pena de muerte, por considerar que no es la solución a la violencia que sufre el país.

Colom, en declaraciones a la prensa local, ha asegurado que en lugares donde se aplica esa pena las siguientes semanas se tornan más violentos.

La misma opinión tiene el activista humanitario Mario Polanco, quien asegura que en lugar de aplicar la pena capital se deberían fortalecer los sistemas de seguridad y justicia en Guatemala.

La aplicación de la pena capital se encuentra en una especie de limbo legal porque hasta ahora el Congreso no ha legislado para saber a quién le corresponde conceder o no el indulto, el último recurso al que tienen derecho los condenados a muerte.

En el 2000, el entonces presidente Alfonso Portillo pidió al Congreso derogar la responsabilidad de conceder o no el indulto, pero el Parlamento la rechazó.

Ocho años después, el Congreso aprobó una ley en la que delegaba la decisión del indulto en el presidente de la república, pero el jefe de Estado Álvaro Colom la vetó por considerar que la pena de muerte era incompatible con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que tiene Guatemala.

Debido a esto, los 19 condenados a muerte que están en las diferentes cárceles del país, han estado por una década en una especie de capilla ardiente por no saber si serán perdonados o ejecutados con la inyección letal.

Los últimos reos ejecutados en Guatemala fueron Tomás Cerrate y Luis Cetino, condenados por secuestro y asesinato, quienes en junio del 2000 recibieron un cóctel mortal de sustancias.

Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los tres países de América que tienen vigente la pena capital.

Mientras, el Gobierno de Colom ha echado mano del Ejército para que apoye a la Policía Nacional Civil (PNC), en el combate a la violencia que mantiene en vilo a los 14 millones de guatemaltecos.

A diario en Guatemala se registra una media de 17 asesinatos, y según las iglesias Católica y Evangélica, la Procuraduría de Derechos Humanos y la estatal Universidad de San Carlos, la inseguridad se le ha escapado de las manos a la Administración de Colom.

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