Tegucigalpa – Tras su elección y el amplio reconocimiento obtenido tanto a nivel nacional como internacional, el presidente electo Nasry Juan Asfura enfrenta ahora uno de los mayores retos de su administración: convertir su Plan de Gobierno “Juntos Vamos a Estar Bien 2026–2030” en una hoja de ruta real y efectiva, capaz de responder a las profundas demandas de la ciudadanía hondureña.
– La ciudadanía espera que la promesa de “estar bien” se traduzca en acciones concretas evitando que el plan quede relegado a un documento sin impacto práctico.
Al revisar el documento que plasma el plan de gobierno este plantea una visión ambiciosa basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la generación de empleo y la cohesión social, pilares que han sido bien recibidos por distintos sectores productivos, sociales y políticos.
Analistas coinciden en que el plan ofrece un diagnóstico claro de los problemas estructurales del país y una narrativa de estabilidad institucional que ha contribuido a proyectar confianza en la comunidad internacional.
El desafío de ejecución
No obstante, el respaldo político y diplomático obtenido tras los comicios abre paso a una etapa más exigente: la de la ejecución. Para amplios sectores ciudadanos, el verdadero desafío no está en el diseño del plan, sino en su implementación efectiva, con resultados medibles y visibles en la vida cotidiana de los hondureños.
El plan prioriza áreas históricamente críticas como la seguridad, la lucha contra la corrupción, la reducción de pérdidas en el sector energético, la inversión en infraestructura vial y habitacional, así como la transformación de los sistemas de salud y educación.
Estas promesas, aunque repetitivas son técnicamente coherentes, pero demandan una gestión pública eficiente, transparencia en el uso de los recursos y una coordinación institucional que supere las prácticas del pasado.
En el ámbito económico, la apuesta por la seguridad jurídica y un clima amigable de negocios ha sido interpretada como una señal positiva para la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, sectores empresariales y sociales advierten que la confianza solo se sostendrá si las reglas se respetan de manera equitativa y si el combate a la corrupción deja de ser un discurso para convertirse en una política de Estado.
Desde la sociedad civil, el mensaje es claro: el reconocimiento internacional no puede sustituir la rendición de cuentas interna. La ciudadanía espera que la promesa de “estar bien” se traduzca en empleo digno, servicios públicos de calidad, reducción de la violencia y oportunidades reales para los jóvenes, evitando que el plan quede relegado a un documento sin impacto práctico.
Con el inicio del nuevo período de gobierno en el horizonte, el presidente electo Asfura se encuentra ante una oportunidad histórica. El éxito de su administración no será medido por la amplitud de su propuesta programática, sino por su capacidad de transformar esa visión en políticas públicas sostenibles que respondan a la exigencia ciudadana de resultados, transparencia y cumplimiento. LB
