Washington – La CIDH instó hoy a los Estados del continente americano que mantienen la pena de muerte, entre ellos EEUU y Cuba, a que la eliminen o impongan una moratoria a su aplicación, en la víspera del día internacional contra esa práctica, que se celebra el 10 de octubre.
Según indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado, «existe una tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte que se hace evidente en los recientes desarrollos en esta materia a nivel de las Naciones Unidas, sistemas regionales de protección de derechos humanos y en el ámbito del derecho penal internacional».
Por ello, la CIDH pide a los Estados del continente que se abstengan «de adoptar medidas que busquen la extensión de la aplicación de la pena de muerte o su reincorporación».
También les insta a «adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con los más estrictos estándares del debido proceso en casos que involucran la aplicación de la pena capital».
Si bien la eliminación de la pena capital permanece como un «desafío urgente», la CIDH admite que se han registrado cambios significativos en la región, incluyendo reformas dirigidas a restringir los tipos penales y circunstancias en las cuales puede aplicarse ese castigo.
La Comisión destaca los avances en la mayoría de los países del Caribe en la derogación de la figura de pena de muerte obligatoria, que se impone tras la condena por un crimen sin la oportunidad de presentar ni considerar circunstancias atenuantes.
En cuanto a Estados Unidos, la CIDH subraya el descenso registrado en el número de ejecuciones, que pasaron de 85 en 2000 a 43 en 2012, y de estados donde se llevaron a cabo (13 en 2011 frente a 9 en 2012).
Pese a los avances, la CIDH denuncia que países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) «han ejecutado a personas sentenciadas a muerte incumpliendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión o medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)».
La Comisión cita y condena en particular el caso de Robert Gene Garza, ejecutado en Texas (EE.UU.) el pasado 19 de septiembre pese a que era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Por ello, la CIDH pide a los Estados del continente que se abstengan «de adoptar medidas que busquen la extensión de la aplicación de la pena de muerte o su reincorporación».
También les insta a «adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con los más estrictos estándares del debido proceso en casos que involucran la aplicación de la pena capital».
Si bien la eliminación de la pena capital permanece como un «desafío urgente», la CIDH admite que se han registrado cambios significativos en la región, incluyendo reformas dirigidas a restringir los tipos penales y circunstancias en las cuales puede aplicarse ese castigo.
La Comisión destaca los avances en la mayoría de los países del Caribe en la derogación de la figura de pena de muerte obligatoria, que se impone tras la condena por un crimen sin la oportunidad de presentar ni considerar circunstancias atenuantes.
En cuanto a Estados Unidos, la CIDH subraya el descenso registrado en el número de ejecuciones, que pasaron de 85 en 2000 a 43 en 2012, y de estados donde se llevaron a cabo (13 en 2011 frente a 9 en 2012).
Pese a los avances, la CIDH denuncia que países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) «han ejecutado a personas sentenciadas a muerte incumpliendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión o medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)».
La Comisión cita y condena en particular el caso de Robert Gene Garza, ejecutado en Texas (EE.UU.) el pasado 19 de septiembre pese a que era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
