Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó este miércoles su preocupación por los hallazgos de la visita in loco realizada del 24 al 28 de abril de 2023, a partir de lo documentado en su último informe de país de 2019.
La CIDH reconoce a su vez, mediante el informe «Situación de derechos humanos en Honduras», presentado este día en Tegucigalpa, en el marco del Foro Centroamericano de Intercambio para Sociedad Civil sobre Derechos Humanos, el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de poner a los derechos humanos como uno de los ejes centrales de su administración.
Mediante 36 sugerencias, la Comisión realiza recomendaciones al Estado de Honduras, incluyendo a órganos de justicia, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, a la vez que reitera su compromiso de colaborar para el cumplimiento de las mismas.
“Las crisis de gobernanza en Honduras han contribuido a un clima de polarización social que profundiza la debilidad institucional, genera falta de confianza en la sociedad, que se refleja en el desafío de la gestión de los asuntos de recursos públicos”, enumeró Andrea Pochak, Comisionada de CIDH, Relatora para Honduras.
En el informe se identifica la persistencia de una serie de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la conflictividad social, territorial, agraria y/o ambiental, y la violencia que confluyen y afectan de manera transversal en la garantía de los derechos humanos.
Medidas estatales
La CIDH conoce sobre algunas medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a esta conflictividad, y recuerda que la eficacia de estas medidas dependerá del compromiso al más alto nivel y del desarrollo e implementación de una política integral comprehensiva que propicie los cambios estructurales requeridos.
“Pese a la disminución en la tasa de homicidios, Honduras es el país más violento en Centroamérica y el segundo con la mayor tasa de homicidios en el continente”, dijo Pochak al enfatizar que dicha violencia afecta de manera diferenciada a mujeres, defensoras de derechos humanos, personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), pueblos indígenas y pueblo afrohondureño.
Violencia versus estado de excepción
La violencia en Honduras se ve exacerbada por una alta presencia de organizaciones criminales, especialmente maras y pandillas.
“Nos preocupa la situación de los defensores de derechos humanos, nos preocupa la situación de los periodistas, nos preocupa mucho la situación de la violencia contra las mujeres y que en respuesta a la violencia, Honduras haya adoptado un régimen de estado de excepción que se viene prolongando en el tiempo, y que se traduce en que las Fuerzas Armadas continúen ejerciendo funciones de seguridad pública, lo cual no condice con la voluntad inicial del Estado de desmilitarizar al país”, señaló la relatora para Honduras.
Sobre el mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, la Comisión anima a que el mismo opere de manera efectiva y de forma transparente, “para que los periodistas que puedan estar en riesgo encuentra en el Estado y en la institucionalidad protección”, resaltó por su parte Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión.
En el informe también se analiza de manera particular la situación de grupos y personas de especial preocupación, entre ellos mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; personas en contexto de movilidad humana, personas mayores, personas con discapacidad.
El mecanismo nacional de protección presenta varios desafíos que erosionan la institución y su capacidad de dar respuesta efectiva. Del mismo modo, la situación de los derechos de las personas privadas de libertad continúa siendo de especial preocupación, resalta el informe.
“Honduras concluyó el proceso de selección de la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, se observaron cuestionamientos en el proceso para elegir a las nuevas personas titulares de la Fiscalía General de la República”, indica el reporte mientras recuerda que continúa pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ajustada a los estándares internacionales.
“En derechos humanos la responsabilidad total es del Estado, hay muchas recomendaciones que están vinculadas con la administración de justicia, es injustificable la impunidad que existe en Honduras”, lamentó. VC
