Washington – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó hoy enérgicamente nuevos actos de violencia que se registraron en México y que causaron la muerte de dos periodistas y dañaron las instalaciones de una emisora de radio.
 

En un comunicado, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la colombiana Catalina Botero, indicó que el 9 de julio fue secuestrado y posteriormente asesinado el periodista Marco Aurelio Martínez Tijerina, de la emisora XEDD Radio La Tremenda, en Montemorelos, estado de Nuevo León.

Martínez cubría información política y también trabajaba como corresponsal para medios mexicanos de difusión nacional.

Por su parte, el 10 de julio fue acribillado el productor audiovisual y camarógrafo, Guillermo Alcaraz Trejo, cuando salía del periódico Omnia, en Chihuahua, donde visitaba a antiguos compañeros de trabajo.

Alcaraz era responsable de la producción de programas educativos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

Con la muerte de Martínez y Alcaraz, se eleva a nueve el número de periodistas asesinados en lo que va de año en México.

Además, al menos cinco periodistas han sido secuestrados desde enero, denunció la CIDH.

También el día 9, desconocidos lanzaron una granada, que no explotó, a las instalaciones de la emisora AW Noticias (XEAW 1280 AM), en Monterrey, estado de Nuevo León, rompiendo los cristales de la puerta principal de la radio.

Por estos hechos, la Relatoría pidió a las autoridades mexicanas investigaciones oportunas y efectivas que identifiquen a los autores de los delitos y permitan procesarlos y sancionarlos.

«La condena de los responsables de los crímenes contra periodistas y medios es una condición necesaria para disuadir estos ataques, reparar a las víctimas y proteger de manera efectiva la libertad de expresión», señaló Botero en el comunicado.

La Relatoría instó además al Estado mexicano a adoptar de manera inmediata medidas que protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo, como fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, federalizar los crímenes contra periodistas e implementar mecanismos de seguridad que protejan la vida e integridad de comunicadores amenazados.