Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó hoy la necesidad de regulación del uso de «drones» en las Américas y la situación de la libertad de prensa en Argentina en el último día de audiencias públicas de su 149 periodo de sesiones.
El Estado argentino rechazó, precisamente, que la CIDH convocase una audiencia sobre la libertad de expresión en su país, al considerar que ya ha tomado medidas pertinentes al respecto, como la Ley de Medios Audiovisuales, recientemente respaldada por la Corte Suprema.
Javier Salgado, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, argumentó que el motivo de la audiencia, de carácter general, no se justifica debido a que «la invocación de los procedimientos internacionales responde a situaciones en las que los resortes internos (de los países) han demostrado ser ineficaces».
Salgado aludió a la polémica Ley de Medios Audiovisuales que, tras una compleja batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, fue considerada constitucional por el máximo tribunal del país el pasado martes.
«La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de esta ilustre Comisión consideró un avance sustancial en la materia la aprobación de la Ley de Medios», dijo el representante del Estado en una audiencia muy concurrida de público.
Sin embargo, los peticionarios de la audiencia, denunciaron ante la Comisión la persistencia de atropellos contra «medios y periodistas independientes», y aseguraron que Argentina sufre una situación de «censura indirecta» por el miedo de reporteros a represalias del Gobierno.
«La pregunta es si trabajamos tranquilos. Y la respuesta es no. (…) Existe la autocensura por temor a las represalias del Gobierno, y también la estigmatización», relató el periodista Joaquín Morales Solá.
Por otra parte, los representantes del Estado también pusieron como ejemplo la despenalización de las calumnias y las injurias promovida por el Ejecutivo de Cristina Fernández, pero los peticionarios alegaron que, en ese caso, ahora la condena ya no es «penal» sino «pública».
La Relatora para Libertad de Expresión, Catalina Botero, se mostró sorprendida por el rechazo de la convocatoria de la audiencia por parte del Gobierno argentino e insistió en que la sesión que estaban celebrando era «exactamente» sobre el tipo de asuntos en los que trabaja la Comisión.
La CIDH estudió también el creciente uso de aviones no tripulados o «drones» en el continente, en una audiencia donde organizaciones civiles denunciaron la falta de transparencia y de un marco legal que regulen su actividad a nivel nacional e internacional.
Al menos catorce países de la región; Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago y Belize; han desarrollado o comprado la tecnología necesaria para operar drones, según indicó Santiago Canton, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy (RFK).
«Hasta donde se sabe se dedican únicamente a una tarea de vigilancia, aunque posiblemente se hayan usado en México y Colombia en la lucha contra el narcotráfico; pero hay tal falta de transparencia que no se puede asegurar», explicó Canton.
EEUU, Brasil y Canadá son los únicos tres países que han regulado el uso de drones en su propio territorio, y no existe un marco legal internacional que regule los límites del uso de drones en el extranjero, según denunciaron el Centro RFK y otras organizaciones.
Esto plantea problemas como la posible violación del «derecho a la privacidad» y el «efecto amedrentador que puede tener sobre la sociedad, dado su uso en circunstancias de todo tipo como manifestaciones públicas», lo que hace necesario un marco regulador desde una perspectiva de derechos humanos, indicó Canton.
El problema del desplazamiento interno en México a raíz de la violencia del crimen organizado también ocupó a la CIDH, que instó al Gobierno de México a elaborar una política integral que afronte específicamente el asunto, en lugar de tratarlo desde el marco general de la reciente Ley General de Víctimas.
Según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por su sigla en inglés) aportadas en la audiencia, en México viven alrededor de 160.000 víctimas de este fenómeno, si bien su propia voluntad de seguir en la sombra y la falta de datos oficiales impiden un diagnóstico adecuado del problema.
Asimismo, en otra de las audiencias relativas al país, la Comisión reconoció que en México se ha dado una «evolución» en el tratamiento de las desapariciones forzosas de personas y dijo que el problema ha dejado de ser «invisible» aunque, advirtió, persiste la impunidad.
Javier Salgado, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, argumentó que el motivo de la audiencia, de carácter general, no se justifica debido a que «la invocación de los procedimientos internacionales responde a situaciones en las que los resortes internos (de los países) han demostrado ser ineficaces».
Salgado aludió a la polémica Ley de Medios Audiovisuales que, tras una compleja batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, fue considerada constitucional por el máximo tribunal del país el pasado martes.
«La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de esta ilustre Comisión consideró un avance sustancial en la materia la aprobación de la Ley de Medios», dijo el representante del Estado en una audiencia muy concurrida de público.
Sin embargo, los peticionarios de la audiencia, denunciaron ante la Comisión la persistencia de atropellos contra «medios y periodistas independientes», y aseguraron que Argentina sufre una situación de «censura indirecta» por el miedo de reporteros a represalias del Gobierno.
«La pregunta es si trabajamos tranquilos. Y la respuesta es no. (…) Existe la autocensura por temor a las represalias del Gobierno, y también la estigmatización», relató el periodista Joaquín Morales Solá.
Por otra parte, los representantes del Estado también pusieron como ejemplo la despenalización de las calumnias y las injurias promovida por el Ejecutivo de Cristina Fernández, pero los peticionarios alegaron que, en ese caso, ahora la condena ya no es «penal» sino «pública».
La Relatora para Libertad de Expresión, Catalina Botero, se mostró sorprendida por el rechazo de la convocatoria de la audiencia por parte del Gobierno argentino e insistió en que la sesión que estaban celebrando era «exactamente» sobre el tipo de asuntos en los que trabaja la Comisión.
La CIDH estudió también el creciente uso de aviones no tripulados o «drones» en el continente, en una audiencia donde organizaciones civiles denunciaron la falta de transparencia y de un marco legal que regulen su actividad a nivel nacional e internacional.
Al menos catorce países de la región; Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago y Belize; han desarrollado o comprado la tecnología necesaria para operar drones, según indicó Santiago Canton, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy (RFK).
«Hasta donde se sabe se dedican únicamente a una tarea de vigilancia, aunque posiblemente se hayan usado en México y Colombia en la lucha contra el narcotráfico; pero hay tal falta de transparencia que no se puede asegurar», explicó Canton.
EEUU, Brasil y Canadá son los únicos tres países que han regulado el uso de drones en su propio territorio, y no existe un marco legal internacional que regule los límites del uso de drones en el extranjero, según denunciaron el Centro RFK y otras organizaciones.
Esto plantea problemas como la posible violación del «derecho a la privacidad» y el «efecto amedrentador que puede tener sobre la sociedad, dado su uso en circunstancias de todo tipo como manifestaciones públicas», lo que hace necesario un marco regulador desde una perspectiva de derechos humanos, indicó Canton.
El problema del desplazamiento interno en México a raíz de la violencia del crimen organizado también ocupó a la CIDH, que instó al Gobierno de México a elaborar una política integral que afronte específicamente el asunto, en lugar de tratarlo desde el marco general de la reciente Ley General de Víctimas.
Según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por su sigla en inglés) aportadas en la audiencia, en México viven alrededor de 160.000 víctimas de este fenómeno, si bien su propia voluntad de seguir en la sombra y la falta de datos oficiales impiden un diagnóstico adecuado del problema.
Asimismo, en otra de las audiencias relativas al país, la Comisión reconoció que en México se ha dado una «evolución» en el tratamiento de las desapariciones forzosas de personas y dijo que el problema ha dejado de ser «invisible» aunque, advirtió, persiste la impunidad.
