«El momento de la mediación que Costa Rica solicitó, porque insistimos en que se solucionara por la vía del diálogo. En primera instancia con un diálogo franco y abierto con Nicaragua, y luego a través de la mediación de terceros, ya ese momento pasó», dijo Chinchilla en un encuentro con periodistas tras ser recibida en audiencia en el Vaticano por el papa Francisco.
En esta línea, comentó que Costa Rica ya no puede «aceptar una mediación, salvo que Nicaragua reconozca que invadió, que cometió un error y que se retire de la zona».
«Ya el caso está en un Tribunal que es el que tiene que pronunciarse», concluyó la presidenta de Costa Rica.
Preguntada sobre si durante su encuentro con el pontífice habían abordado la posibilidad de mediación de Vaticano en el caso, Chinchilla precisó que «no tuvieron mucha ocasión para hablar del tema» y que «no se entró en detalle».
«Reiteré las circunstancias que estamos viviendo. Costa Rica sigue y seguirá siendo consecuente con los instrumentos del Derecho Internacional», afirmó.
En noviembre de 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la supuesta invasión de su territorio en una isla fluvial llamada Isla Portillos, en la zona del Caribe, situación que Nicaragua niega.
Desde entonces las relaciones se han deteriorado con numerosas acusaciones verbales y múltiples notas de protesta.
En 2011, la Corte emitió varias medidas cautelares en las que impidió a ambas naciones ingresar en ese territorio, pero las autoridades costarricenses insisten en que las nicaragüenses no han cumplido esa resolución.
El pasado martes Costa Rica y Nicaragua volvieron a comparecer ante la CIJ en relación con el conflicto territorial que mantienen.
En esta ocasión estaba previsto que el tribunal -con sede en La Haya- celebrara vistas públicas sobre la demanda planteada por el Gobierno de Managua contra el de San José por los supuestos daños ambientales al río San Juan causados durante la construcción de una carretera.
La CIJ decidió el pasado abril unir este caso con la denuncia interpuesta en noviembre de 2010 por Costa Rica contra Nicaragua por los efectos medioambientales del drenaje del río por una presunta «incursión» en el territorio costarricense de la armada nicaragüense.
