Panamá – Centroamérica, región de contrastes donde resalta la violencia y el crimen que deja miles de muertos cada año, libra ahora con un masivo apoyo popular y mediático lo que parece una lucha inédita contra la corrupción.
El escenario en que se desarrolla está aderezado por campañas de cara a elecciones generales, sombras de pugnas entre grupos de poder y acusaciones de venganza política, lo que siembra dudas sobre si se trata de una guerra real para erradicar la corrupción, cuyas consecuencias abaten duramente a sociedades marcadas por la pobreza.
En Guatemala el presidente del país, Otto Pérez Molina, se enfrenta a un proceso judicial que apenas empieza y podría culminar con su enjuiciamiento por corrupción.
Dos escándalos destapados en la oficina de impuestos y en el seguro social en abril y mayo pasados propiciaron que miles de guatemaltecos salieran a las calles a pedir la renuncia de Pérez Molina y también de Roxana Baldetti, la vicepresidenta, que finalmente dimitió el 8 de mayo pasado.
Pérez Molina ha negado cualquier vinculación con corrupción, ha descartando dejar el cargo y ha reformado su gabinete en un intento por atajar la crisis institucional y llegar entero al enero de 2016, cuando culmina su período constitucional.
Pero el miércoles sufrió un revés con la decisión unánime de los 13 magistrados del Supremo de aceptar a trámite una demanda presentada por un diputado opositor que lo acusa de 4 delitos, entre ellos encubrimiento y enriquecimiento ilícito, por la corrupción en el Seguro Social y en la oficina de impuestos.
Ahora el Congreso, presidido por la oposición pero donde ninguna fuerza política es mayoría, deberá decidir si levanta la inmunidad a Pérez Molina para que sea investigado y posiblemente enjuiciado.
La crisis institucional estalló en medio de la campaña por los comicios generales del próximo 6 de septiembre, y analistas locales coinciden en que el gobernante Partido Patriota solo buscará sobrevivir, logrando los votos mínimos para seguir operando.
Y ya hay voces que alertan de que las elecciones podrían frenar el proceso contra Pérez Molina.
La premio Nobel de la Paz en 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, dijo a Efe que el Congreso es un ente «verdaderamente manejable» y más ahora, porque los diputados temen que se aplacen los comicios de septiembre próximo.
En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, miles de personas han salido pacíficamente a las calles en las últimas semanas para pedir la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, por un desfalco millonario en el Seguro Social.
Considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, el caso salpica a empresarios, fiscales, periodistas y a políticos, incluido el propio presidente, quien en la semana reconoció que su campaña electoral, en 2013, recibió dinero procedente del desfalco pero sin saberlo.
Hernández sostiene que no tiene «nada que ver» con la corrupción, y ha reconocido que las marchas multitudinarias contra esa lacra son iniciativas «genuinas y legítimas».
Pero también ha alertado de que grupos de poder y políticos con rabo de paja han utilizado las mismas como palestra para sus intereses particulares.
Hernández ha dicho que algunos políticos opositores aún cuando están señalados y tienen juicios pendientes por corrupción, están participando en las marchas de los «indignados», el movimiento que cobra fuerza en Honduras con la participación de los jóvenes.
Una Comisión Multipartidaria del Parlamento hondureño investiga 13 sonados casos de corrupción en el país, entre ellos desfalco en el Seguro Social, que involucran a quienes han sido funcionarios de los tres últimos gobiernos, incluyendo el de Hernández.
En Panamá, cerca de una docena de funcionarios del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tienen medidas cautelares, algunos prisión preventiva, por supuesta corrupción, y varios han implicado al ex jefe del Estado, quien también enfrenta dos investigaciones.
El epicentro de las tramas es el gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN), que según la Administración de Juan Carlos Varela, un exaliado electoral de Martinelli, fue utilizado para evadir la ley de contrataciones públicas y desviar cientos de millones de dólares.
Martinelli, un magnate de supermercados con intereses en varios sectores económicos de Panamá, dice ser víctima de persecución política por parte del que fuera su vicepresidente, y que es inocente de todo.
Varela, que llegó al poder con la bandera anticorrupción, ha afirmado que su Gobierno respeta la separación de poderes y se ha desvinculado de las investigaciones a su predecesor.
El aluvión de denuncias de corrupción que los medios locales difunden cada día involucra a políticos de varios sectores, incluso familiares del actual mandatario, como su hermano, el diputado José Luis Varela, acusado por un abogado de Martinelli de haber recibido un soborno de 1 millón de dólares.
