Tegucigalpa. – La gobernabilidad nuevamente está a prueba en Centroamérica, donde la inestabilidad política recorre los países de norte a sur, en unos con mayor intensidad que en otros, las características van desde revueltas sociales por acciones impopulares, crisis post electoral hasta pérdida de control en los parlamentos que lleva a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para poder gobernar.
Hasta hace unos meses la atención sobre los problemas centroamericanos se centraba en los llamados países del triángulo norte en donde Guatemala, El Salvador y Honduras, libran sus propias batallas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Honduras y Guatemala cuentan con instancias internacionales anticorrupción que ya empiezan a ser incómodas y se busca bajarles perfil o anularlas bajo mecanismos jurídicos orientados a revisar sus convenios de constitución. Se trata de la MACCIH y la CICIG.
En El Salvador, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén enfrenta desafíos internos de gobernabilidad, tras perder los comicios legislativos y municipales, no lograr un control en el parlamento y empujar una lucha desigual contra las maras y pandillas que le está pasando factura tras el pacto de rendición a esa fuerza que hizo su antecesor, Mauricio Funes, al pactar prebendas a cambio de reducción de homicidios.
Los tres países también se ven abocados a dar golpes a la impunidad y por medio de sus Fiscalías Generales o Ministerios Públicos están tocando redes de impunidad que inquietan. San Salvador anunció que va tras la recuperación de 15 millones de dólares del extinto expresidente Francisco Flores procedente de donaciones de Taiwán. Flores murió mientras era procesado por esta causa.
Las protestas se hicieron ver contra las reformas a la seguridad social aprobadas por el Gobierno de Nicaragua
Nicaragua, el detonante
Pero ha sido Nicaragua la que ha subido el tono de inestabilidad con las recientes revueltas estudiantiles y empresariales ante una serie de medidas impopulares impuestas por el régimen de Daniel Ortega ligadas a la seguridad social que le obligaron a revertir la medida en un afán por aplacar un malestar ciudadano que no cesa. Aquí hasta la Iglesia Católica se ha puesto del lado del pueblo y llamado a un diálogo nacional de la cual será mediadora para dentro de un mes a fin de lograr grandes acuerdos políticos de transformación social y política en ese país.
Los jóvenes, estudiantes, simpatizantes del sandinismo y no sandinismo, se han unido para liderar este movimiento contra el autoritarismo de Daniel Ortega que nunca pensó—pese al control del país—concitar una fuerza de rechazo tal que ha puesto contra las cuerdas su gobernabilidad. Los reportes humanitarios hablan de 45 personas muertas en estas revueltas y Ortega ha dicho que no acepta ir a un diálogo político.
Rosario Murillo tiene un control sobre el gobierno de Nicaragua, pero también sobre su esposo, el mandatario Daniel Ortega. Foto: Casa Presidencial de Nicaragua.
Daniel Ortega y su familia cayeron en la cleptocracia y no diferenciaron lo público de lo privado, según las denuncias coincidentes de la oposición, con la pretendida y abortada reforma a la seguridad social pretendieron seguir esquilmando al pueblo, jugar con su jubilación y sacar más de su partida a los empresarios, últimos con quienes venían haciendo cogobierno hasta que la medida rebalsó.
El desenlace de esta crisis de gobernabilidad en Nicaragua sigue teniendo pronósticos reservados, pero todos los analistas coinciden en señalar que el gobierno Ortega- Murillo ha dejado de ser tan brillante y esplendorosa como parecía. Nicaragua ya no es el paraíso centroamericano que vendió el sandinismo.
La presión ha sido tanta que el régimen de Ortega se vio forzado a aceptar la dimisión de la jefa de la policía Aminta Granera, tras las muertes de jóvenes, la represión y el abuso de autoridad. Analistas como el periodista Carlos Fernando Chamorro, del semanario Confidencial, es del criterio que su salida, no cambiará en nada lo que se ha iniciado en Nicaragua. Otros consideran que su salida era necesaria, pero que se produjo, demasiado tarde.
Los problemas en Costa Rica
Presidente electo Carlos AlvaradoEn Costa Rica, donde los electores dieron un claro mensaje de democracia frente al sorpresivo avance del fundamentalismo religioso, el nuevo gobierno por asumir el poder de la mano del joven periodista Carlos Alvarado, no tiene control en el Parlamento y deberá hacer malabares políticos para lograr impulsar las reformas en ese país, entre ellas una reforma fiscal que avecina nuevos tributos y ajustes a pensiones en materia de seguridad social.
Los costarricenses se han visto enfocados a promover en sus medios entrevistas a los expresidentes para que den su visión de gobernabilidad, retraten las crisis que afrontaron y llamen al diálogo y la búsqueda de resoluciones pacíficas de conflicto, en un país que empieza a ser azotado también por los primeros asomos de ingobernabilidad.
Si bien la institucionalidad costarricense, da señales de funcionar, el flagelo de la corrupción se vio marcado en turbias negociaciones de compra de un cemento chino que tiene en prisión preventiva a empresarios, políticos y exfuncionarios en una cola que cada vez que se mueve golpea a sectores menos esperados.
Expresidente guatemalteco Otto Pérez guarda prisión por actos de corrupción.
La lucha anticorrupción
Fiscal Gral. María Consuelo PorrasEs la corrupción e impunidad el otro fenómeno que está azotando la región centroamericana, siendo Honduras y Guatemala los países que en este momento enfrentan las mayores embestidas anticorrupción en medio de procesos de elección de nuevos Fiscales Generales. En Guatemala ya se produjo la elección y en Honduras el proceso apenas ha iniciado.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales acaba de elegir a María Consuelo Porras, a quien tipifican una mujer de bajo perfil. Contra ella no hay mayores cuestionamientos, excepto el estar casada con un militar de la actual promoción en el poder que acuerpa a Morales.
Pero la lucha anticorrupción en Guatemala ha llevado al presidente Morales a pedir una revisión jurídica del convenio suscrito con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que lo tiene investigado por haber recibido en su campaña política financiamiento anónimo en contra de la ley. La CICIG y la Fiscalía han promovido un antejuicio contra el gobernante, pero éste no ha tenido éxito ni en la justicia ni en el Parlamento, último que ha cerrado filas a favor de Morales y contra la CICIG.
Juan Jiménez Mayor pidió a los hondureños seguir apoyando a los miembros que conforman el órgano internacional, MACCIH
Mientras en Honduras, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se encuentra de capa caída desde la salida de su vocero, Juan Jiménez Mayor, tras agrios pleitos internos que canibalizaron a la Misión.
Ahora la MACCIH enfrenta un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la Sala Constitucional del Poder Judicial para ver si no se ha extralimitado en sus funciones y atenta contra la soberanía nacional.
La MACCIH ha sido diezmada desde la salida de su vocero y luego de trascender problemas a lo interno, a lo que se suma la decisión de llevar demandas judiciales al denunciar dos casos que estremecieron las elites políticas como fue la Red de Diputados y el caso “Caja chica de la dama”, en ese contexto, la Misión vive horas difíciles bajo un perfil incierto.
Centroamérica así vive nuevamente aires de inestabilidad que, en el caso hondureño, de acuerdo con los expertos, se relacionan también con un diálogo inconcluso que no acaba de sellar los efectos de una crisis política post electoral que tendrá oleadas frecuentes, vaticinan.
