Tegucigalpa – Decenas de casos en los que el denominador común es la presunta corrupción de funcionarios públicos, no obtiene respuestas en las denuncias que desde hace algún tiempo presenta el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante los organismos oficiales encargados de darle seguimiento.
– Analistas piden que el Congreso Nacional debe actuar ampliando los presupuestos o definiendo tareas de los entes encargados de combatir corrupción.
Es así que los informes elaborados por el CNA se diluyen con el pasar del tiempo y únicamente la noticia trasciende dos o tres días a nivel de medios de comunicación, sin encontrar respuestas en los entes operadores de justicia.
El Consejo Anticorrupción ha presentado denuncias sobre las alcaldías de El Porvenir, Vallecillo, Santa Ana , San Antonio de Oriente, Potrerillos, San Lorenzo y La Ceiba (cámaras de vigilancia), pero las acciones judiciales contra los funcionarios encargados de administrar estos términos municipales han sido “casi nulos”.
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, ha reiterado en público y en privado que necesitan que sus trabajos sean continuados por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Las acusaciones de Castellanos han llegado al grado de criticar la inoperancia de la Fiscalía en torno al campo de la corrupción en varias alcaldías del país; “lamentablemente puedo decir que no hay muchos avances en lo que el Consejo Nacional Anticorrupción ha investigado y ha presentado, seguimos esperando y estamos dando ese espacio y no nos queda más como una estancia de sociedad civil que somos”, dijo en esa oportunidad.
Asimismo, lamentó que la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) les niega información porque aducen que el CNA “no representa ninguna autoridad constituida en el país”.
Más denuncias del CNA
Otras instituciones públicas como el Registro Nacional de las Personas (RNP) , Consejo Nacional Contra el Narcotráfico (CNCN) , Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) , Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privada (Coalianza) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) han sido objeto de importantes denuncias sobre presuntos actos reñidos a la ley.
Sin embargo, las líneas investigativas presentadas por el CNA en varios casos de corrupción en el despilfarro de fondos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , han servido de base para que la Fiscalía entablara varios requerimientos fiscales.
El último caso denunciado fue el de un ex funcionario de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), quien aprovechando su cargo en la regional de San Pedro Sula de 2012 al 2014 amasó una fortuna de 13 millones de lempiras, según lo señalado la semana anterior por personeros del CNA.
Delegados del CNA esperan que tanto el TSC y el MP aceleren los procesos para enjuiciar a ex empleados y actuales funcionarios de la administración pública.
Responsabilidad de ofrecer respuestas
Para el ex diputado del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Germán Leitzelar, si el CNA presenta las investigaciones ante el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, “la responsabilidad de estas autoridades es darle seguimiento a cualquier denuncia”.
Recordó que la Fiscalía es el protector de la sociedad, por lo tanto hay un compromiso aún mayor de darle el trámite correspondiente a las evidencias aportadas por el CNA.
El también interventor del IHSS, explicó que si las denuncias se hacen a través de los medios de comunicación, el compromiso del MP es actuar de oficio para determinar si existen los actos irregulares que pueden ser sujetos de responsabilidad penal.
¿Valdrá la pena que se creen fiscalías especiales o que el Congreso de la República intervenga con la aprobación de un presupuesto extraordinario?”.
El Congreso Nacional debe intervenir
En tanto, para el excandidato presidencial Olban Valladares lo que denuncia el CNA se viene manifestando desde hace algún tiempo, lo que según él, trae consigo “una gran preocupación en el pueblo hondureño”.
Argumentó que la Fiscalía asegura que los documentos presentados por el CNA “son insuficientes” y que ellos han tenido que hacer investigaciones por su propia cuenta.
“Se debe buscar un mecanismo, es decir el Congreso debería poner manos en el asunto para ver dónde es que se presenta el problema. El pueblo hondureño está cansado que la justicia no llegue y que las instituciones se echen la culpa unos a otros”, pronunció.
Refirió que pareciera que hay un interés marcado de las autoridades para perseguir delitos de narcotráfico, dejando de lado los de la administración pública.
Indiferencia
Mientras, el representante del sector privado en el CNA, Juan Ferrera, atestiguó que los informes del comité ejecutivo que presenta Gabriela Castellanos señalan que los casos denunciados por ese ente ante el Ministerio Público son recibidos con cierta “pachorra e indiferencia”.
A criterio de Ferrera, existe falta de fiscales en el MP para que conduzcan los procesos judiciales en los tribunales.
