Tegucigalpa- El analista sociopolítico y director de NODO Honduras, Héctor Corrales, afirmó que el escándalo financiero conocido como el “caso Koriun” representa un reflejo fiel de las profundas fracturas sociales, económicas e institucionales que atraviesa Honduras.
Lejos de tratarse únicamente de un fraude aislado, Corrales sostiene que el esquema Ponzi operado por la financiera Koriun revela “una desesperanza colectiva” en la población y “la total incapacidad del Estado para ofrecer justicia y protección”.
“Este caso es un espejo de la sociedad hondureña”, aseguró Corrales. Ahí convergen muchos factores: desde la angustia de tener ingresos estables, hasta la ilusión de obtener altos retornos, aunque se sospecha del origen ilícito del dinero invertido. Además, no es un problema exclusivo de un sector social: aquí cayeron ciudadanos comunes, policías, jueces, profesionales y empresarios. El problema es sistémico, explicó.
Fallas institucionales y una justicia ausente
Uno de los aspectos más graves que Corrales subraya es la parálisis institucional frente al caso. “Tanto el Ministerio Público como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se declararon —en la práctica— incompetentes para actuar. Se pasaban la responsabilidad uno al otro, y al final, nadie responde”, criticó.
Mientras la justicia se mantuvo ausente, las calles de Choloma, San Pedro Sula y otras ciudades del norte del país fueron escenario de protestas, bloqueos y disturbios protagonizados por víctimas de Koriun, que claman por la devolución de su dinero.
El Estado ni siquiera ha comenzado a construir una respuesta coherente. El caso sigue provocando inestabilidad social, y lo peor es que no hay señales claras de que se esté preparando una solución real, lamentó el analista.
Promesas populistas y narrativa electoral
Corrales también se refirió a las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, quien anteriormente propuso un decreto legislativo de “alivio económico” para los afectados. La propuesta sería enviada al Congreso Nacional bajo carácter de urgencia.
Para el director de NODO Honduras, esa iniciativa es “claramente populista”. No existe un censo confiable de los afectados, ni un mecanismo claro de compensación. ¿Cómo determinar quién perdió cuánto y si ese dinero era legal?”, cuestionó. “Lo que buscan es ganar simpatía política, especialmente en un departamento tan competitivo como Cortés.
Además, advirtió que politizar el tema y trasladarlo al Congreso solo añade más ruido a un ambiente ya cargado de confrontación narrativa entre partidos y poderes del Estado. “Cuando se anuncia que el Congreso lo resolverá, se mete el problema en el epicentro de la disputa electoral, no en una solución técnica ni jurídica”, dijo.
Finalmente, Corrales destacó que el caso Koriun debe tomarse como una señal de alerta para el país. “No es solo un fraude. Es una muestra de cómo el vacío institucional, la falta de justicia y la crisis económica pueden confluir en una bomba social”, afirmó. Y lo más grave es que si no se corrigen estas condiciones, seguiremos viendo versiones distintas del mismo drama en el futuro, alertó.LB
