México – El caso del niño de 6 años que fue asesinado en el estado de Chihuahua la semana pasada por cinco menores de edad ha conmocionado a un México que, más allá del brutal hecho, busca en la desatención familiar o la violencia en la región la raíz del crimen.
«El suceso es un reflejo, una expresión, de la incorporación de la violencia extrema en la dinámica cotidiana de chicos y chicas. No es nuevo que los niños jueguen a narcos o a cometer delitos», explicó hoy a Efe el director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en México, Juan Martín Pérez.
El responsable de la ONG dijo que este hecho, acontecido en un barrio pobre de Chihuahua, capital de este estado norteño con un alto índice de criminalidad, explicita la «normalización» de las «relaciones violentas».
El pasado jueves 14 de mayo un grupo de cinco menores – dos chicos de 15 años, dos chicas de 13 y un varón de 11- asesinó a Cristopher Raymundo, quien en un presunto juego de secuestro ataron, semi asfixiaron, golpearon con piedras e hirieron con una navaja.
A continuación, enterraron el cuerpo y cubrieron el cadáver con tierra, maleza y un perro que habían cazado el mismo día, tal y como confesaron los menores durante la investigación policial.
«Por la forma en que se planeó, programó y se hizo es un hecho criminal típico de un adulto. No se etiqueta como situación de juegos», afirmó en entrevista radiofónica el doctor en Medicina Forense Alfredo Rodríguez.
Para este especialista, los responsables son «la sociedad productora de violencia con estereotipos» y situaciones extremas en las que niños «ya han presenciado una ejecución» o tienen un conocido sicario.
Asimismo, sopesó que parte de la causas deben buscarse en el mismo seno familiar, lo que encaja con la visión de las autoridades.
«Hay un factor preponderante, es la ocupación laboral de padre y madre, que genera descuido de los menores que, en ausencia de sus padres, no tenían una actividad ocupacional o educativa que los privara de este tipo de ideas», dijo el fiscal en la Zona Centro de Chihuahua (norte), Sergio Almaraz.
Añadió que las condiciones familiares, especialmente de tres de los menores que forman parte de la misma familia, dieron las circunstancias «propicias» para la «ausencia de valores» en temas «tan importantes como la vida», y desvinculó el suceso de la inseguridad.
Sin embargo, Pérez estimó necesario buscar «una responsabilidad compartida» entre la violencia social, estructural e intrafamiliar, y recordó que, «en general, todas la familias tienden a proteger sus hijos».
De hecho, la madre de un menor llevó al hijo a recibir tratamiento de conducta en un centro público, pero «la institución no tenía el personal adecuado», dijo el responsable de la Redim, quien puntualizó que «es obligación del Estado garantizar entornos seguros».
Una realidad que no se cumple en Chihuahua, que en 2013 fue uno de los estados con mayores tasas de mortalidad por homicidio en población de 15 a 17 años, y que tuvo 33,3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ubicándose en segunda posición a nivel estatal, detalló.
Aunado a ello, los jóvenes tenían antecedentes no penales por daños materiales en viviendas y faltas de respeto a los vecinos, reveló hoy el fiscal general del estado, Jorge Enrique González.
Según medios locales, las actuaciones de este grupo serían más graves e incluirían agresiones, robos e incendios de casas.
González detalló que contra los dos adolescentes de 15 años, uno de ellos acusado como el principal instigador, se «procederá penalmente», con lo que podrían pasar hasta una década en un centro de internamiento juvenil.
Los otros tres jóvenes podrían terminar en un albergue, «una pequeña cárcel», y bajo custodia estatal, añadió.
Aun con medidas legales emprendidas, el hecho ha adquirido alcance nacional: «No es un caso aislado, en México tenemos problemas bastante serios con este tipo de conductas», resumió Rodríguez.
Mientras, Pérez pidió que, en plena campaña para las elecciones legislativas y locales del 7 de junio, no se utilice el suceso para anunciar medidas populistas como el recrudecimiento de penas a menores.
En Chihuahua, vecinos de los fallecidos se manifestaron el domingo para denunciar el caso y la familia amenaza con represalias y clama justicia.
